“Fondo de seguridad ciudadana y de mejoramiento de los servicios públicos y sociales” (FSC) y “Fondo provincial de inclusión social de personas con discapacidad” (FPI). Esos son los nombres de las dos flamantes incorporaciones al entretejido de recaudación de la Provincia.
Ambas imposiciones harán su debut en 2024, son obligatorias y deberán pagarlas todos aquellos que tributan el impuesto inmobiliario urbano (no así el rural) por sus propiedades dentro de la provincia de Córdoba.
El primero de los fondos se conformará con un adicional del 4% del inmobiliario urbano y, el segundo, con un extra del 2% en el mismo impuesto.
Se definirá aplicando esas alícuotas sobre el impuesto determinado, una vez calculado el Coeficiente de Equidad Inmobiliario (CEI).
Según consta en las modificaciones del Código Tributario Provincial, cambios que fueron aprobados por la Unicameral en noviembre como parte del paquete de leyes del Presupuesto 2024, ambos fondos serán “de carácter transitorio” y regirán hasta el 31 de diciembre de 2027. Todos los detalles fueron publicado el viernes en una edición extraordinaria del Boletín Oficial de la Provincia.
Más ingresos
Teniendo en cuenta que el inmobiliario urbano recaudará en 2023 unos $ 30 mil millones, según confiaron a este medio autoridades que fueron parte del Ministerio de Finanzas saliente, se puede calcular que la recaudación entre ambos fondos rondaría los $ 3.600 millones, estimando un incremento real del global que ingresaría por el tributo de un 100% para el ejercicio 2024.
La conformación de fondos especiales de asignación específica supone que ambos ingresos no irán a rentas generales, sino que se destinarán exclusivamente para el propósito para el cual fueron creados.
En el caso del FSC, si bien se espera que se utilice para temas de seguridad, las posibilidades de uso son amplias porque las alternativas de destino detalladas en la ley son muy variadas.
El artículo que crea el fondo (el 21 de la Ley 10.927) dice que “estará destinado a contribuir al financiamiento y sostenimiento de aquellos programas o proyectos de infraestructura que resulten necesarios y primordiales para la adquisición o provisión de bienes y servicios destinados a asegurar la convivencia y el desarrollo pacífico de toda la ciudadanía”. También agrega que lo ingresado se puede usar para sostener proyectos y programas y pagar bienes y servicios relacionados con “la erradicación de la violencia”, para “mejorar los servicios públicos que resultan esenciales para la ciudadanía en general” y para usos “de naturaleza o contenido social que le garanticen a sectores de vulnerabilidad acceder a prestaciones básicas tendientes a mejorar sus condiciones de vida, salubridad, higiene y seguridad”.
Respecto del FPI, el destino sí es más específico: “Contribuir al financiamiento de aquellos programas o proyectos de inclusión, participación y la autonomía de las personas con discapacidad en todas las actividades de la vida diaria (...)”.
Estrategia
La estrategia de la creación de fondos de asignación específica ya fue utilizada en la gestión de Martín Llaryora al frente de la Municipalidad de Córdoba.
Junto a Guillermo Acosta, exsecretario de Economía y Finanzas del Palacio 6 de Julio y actual ministro de Economía y Gestión Pública provincial, agregaron dos en 2022: el “Fondo para la infraestructura deportiva con perspectiva de género” y el “Fondo integral para las personas con discapacidad, niñez y adolescencia”.
Cada uno le suma el 2% y el 4%, respectivamente, al bruto de la contribución por las propiedades en Córdoba capital.
Además, si bien venía de la gestión previa de Ramón Mestre, el gobierno de Llaryora en la Municipalidad dejó vigente el fondo que se integra con una sobretasa del 10% sobre el 20% de las viviendas de mayor valor de toda la ciudad. Es el “Fondo solidario de inclusión social” (Fosis). Existe desde 2017 y está orientado a financiar prestaciones de salud.
La contribución sobre los automóviles, en tanto, también siguió teniendo como cargo extra el Fosis (10%).
“Aporte extraordinario”
Además del FPI y el FSC, las modificaciones en el código tributario para 2024 incluyen un “aporte extraordinario” que recaerá sobre todos los contribuyentes de los impuestos patrimoniales (Inmobiliario, Automotor y Embarcaciones).
Se determinará aplicando una alícuota del 0,05% sobre la base imponible atribuible a cada uno de esos impuestos. En el caso del inmobiliario, incluye a ambos, tanto el urbano como rural.
El artículo 41 de la Ley 10.927 habla de “obligatorio”, “de carácter de emergencia” y “por única vez”; y el 45 dice que el Ejecutivo tendrá la facultad de establecer la vigencia.
Es decir, ya fue aprobado, hay que ver si Llaryora lo usa. “La facultad dispuesta puede ser ejercida hasta el 31 de diciembre de 2024″, dice la norma.
No está claro cuánto puede llegar a recaudar la Provincia con los ingresos provenientes de este aporte extraordinario, toda vez que la alícuota (0,05%) aplicará sobre la base imponible “al momento en que se establezca su vigencia por el Poder Ejecutivo”. Para calcular los impuestos de los últimos años, la Provincia está utilizando la base imponible de 2020, un valor real muy retrasado. Igualmente, se calculará sobre el valor de todos los inmuebles y el parque automotor.
En paralelo, se extendió hasta diciembre de 2027 el plazo de vigencia de algunos otros fondos, como el “Fondo para la lucha contra el fuego”, el “Fondo para la asistencia social”, el “Fondo para la prevención de la violencia familiar” y el “Fondo solidario de cobertura y financiación para desequilibrios de la Caja”, entre otros.
