El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, consideró que el martes próximo la Cámara de Diputados debe aprobar la “ley ómnibus” y también aseguró que entre los gobernadores “dialoguistas” hay voluntad de reflotar una parte del paquete fiscal que el viernes el ministro Luis Caputo decidió excluir del proyecto para acelerar el tratamiento y preservar los capítulos sobre delegación de facultades, privatizaciones y desregulación de la actividad económica.
“Consideramos que no debe aprobarse la suba de ningún derecho de exportación, ni Ganancias, ni las reformas previsionales. Pero hay una parte del paquete fiscal que puede aprobarse porque todos entendemos que hay que buscar el equilibrio y que el Gobierno debe tener las herramientas para cumplir las metas que se trazó”, indicó Llaryora en diálogo con La Voz.
Insistió en que la postura de Córdoba siempre fue de respaldo a la gobernabilidad y que la voluntad política de los cordobeses es de apoyo a las medidas que está proponiendo la Nación, siempre que no se lesione a la producción ni a los intereses provinciales. Consideró que la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo debe mantenerse como está en el dictamen de mayoría y ratificó que los diputados del peronismo cordobés votarán en disidencia en varios artículos.
El gobernador participó de una reunión virtual con gobernadores de Juntos por el Cambio y referentes legislativos de los sectores “dialoguistas” y señaló que, entre otros puntos, hay voluntad de sostener medidas fiscales como el blanqueo de capitales, las modificaciones en Bienes Personales, la continuidad y suba del impuesto Pais –que está vencido– y el sostenimiento del fondo educativo. También hay apoyo a los capítulos vinculados a fomento de las inversiones.
Demás está decir que los puntos que los gobernadores rechazaron son que suponen subas en impuestos no coparticipables –las retenciones, en primer lugar– y los que avalan son coparticipables a las provincias.
Llaryora también reclamó que el Gobierno nacional baje el nivel de beligerancia con las provincias. “Cuando dicen que le van a sacar plata a los gobernadores, están diciendo que le van a sacar plata a los argentinos. Deben recomponer el diálogo y dejar de amenazar”, recalcó Llaryora. También fue crítico del nivel de impericia reinante durante la discusión y de acciones como los cambios en el dictamen que ya había sido acordado y los exabruptos que se atribuyen al propio presidente Javier Milei.
También insistió en que entre el lunes y el martes se reflote un acuerdo para el tratamiento en general que garantice la aprobación de la ley, y que contemple que en particular cada bloque pueda expresarse.
Ratificó que los diputados del peronismo cordobés –que integran el bloque de Hacemos Coalición Federal– reclamarán modificaciones en el dictamen en lo que respecta a biocombustibles y no apoyarán las privatizaciones del Banco Nación, de Fabricaciones Militares, Dioxitek, de Fadea ni de los Servicios de Radio y Televisión de la UNC.
Ese bloque, integrado por Carlos Gutiérrez, Natalia de la Sota, Ignacio García Aresca, Alejandra Torres y Juan Brugge, tampoco avalará las modificaciones que prevé la “ley ómnibus” en materia ambiental ni los cambios que afectan el financiamiento de los institutos de promoción de actividades culturales. Hay un sexto diputado cordobés que integra ese interbloque federal, el titular del PRO Córdoba, Oscar Agost Carreño.
