El poroteo fue en un pizarrón, como en la mítica serie House of card. Ante la implacable matemática, a los funcionarios y asesores del Gobierno nacional sólo les quedó resignarse. El bloque de Hacemos Coalición Federal, que representa los intereses de Martín Llaryora, Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut) y Maximiliano Pullaro (el socialismo es parte de la alianza que gobierna Santa Fe), logró una incidencia vital en la aprobación de la ley ómnibus; y tendrá desde el martes un rol central en el aún desconocido texto de la norma libertaria.
Con ellos jugó el bloque Innovación Federal, que representa intereses de los gobernadores de Salta, Misiones, Río Negro y Catamarca; conformando un interbloque poderoso que arrancará la votación en particular con varias balas en la cartuchera para condicionar la redacción final de la ley.
Un clásico: la pelea por la Caja
La mano de Llaryora fue determinante en el cierre de la sesión. El cordobés se plantó y la ley quedó al filo del naufragio: fue cuando reclamó que el 21% de lo recaudado por el Impuesto Pais sea distribuido a las provincias, algo que no estaba en los planes de Javier Milei.
Como se recordará, el Gobierno nacional pretendía quitar de la votación en general el artículo 180 del dictamen de mayoría, donde se ratifica la vigencia del tributo hasta fines de 2024.
Durante varias horas la aprobación de la “ley ómnibus” entró en crisis una vez más, en el marco de una tremenda debilidad política e ingenuidad parlamentaria de los libertarios.
El diputado cordobés Juan Brügge, de Hacemos Coalición Federal, motorizó la jugada de Llaryora: anticipó que los “federales” –asociados con Unión por la Patria y algunos radicales– aprobaría que el 21 por ciento del Impuesto Pais sea coparticipado con las provincias; dejando el 70 por ciento para la Nación y el 9 por ciento para las organizaciones sociales que lo reciben a través de un fondo que financia obras de infraestructura en barrios en emergencia habitacional.
En los hechos, lo sabe el Gobierno nacional, el Impuesto Pais pende de un hilo porque hay reclamos judiciales de importadores que sostienen que el mismo se cayó al finalizar el ejercicio fiscal 2023. Ese tributo a las importaciones comenzó a cobrarse en diciembre de 2019, año que se computaría como primer ejercicio fiscal, y tenía vigencia por cinco años, es decir hasta 2023.
“El Impuesto Pais está caído, si no lo prorrogamos habrá una ola de reclamos judiciales; les hacemos un favor al ofrecerles esta salida”, dijo un referente del bloque Hacemos Coalición Federal al momento de notificarle a los libertarios que estaban acorralados.
Con esta presión, y ante la debilidad del oficialismo y sus principales aliados, Llaryora logró que el Impuesto Pais no sea excluido de la ley en general aprobada, dejando la letra chica del mismo para la votación en particular que arrancaría el martes.
La jugada encabezada por Llaryora beneficiaba a varios gobernadores , desde el radical santafesino Pullaro hasta Áxel Kicillof, gobernador del bastión kirchnerista, la provincia de Buenos Aires.
En esta negociación, todavía abierta, Llaryora se guardó otra herramienta: el dictamen aprobado en general este jueves deja en manos de la Anses que comanda Osvaldo Giordano el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, una caja multimillonaria de bonos del Tesoro y acciones de empresas privadas. El Gobierno nacional quiso echar mano para liquidarlas y fondearse, pero no pudo por falta de votos.
En un “pacto de caballeros” entre Guillermo Francos y Hacemos Coalición Federal se acordó que en el articulado de la ley que comenzará a redactarse el martes quedará escrito que la Anses “garantizará el flujo de fondos” para las cajas previsionales que estén armonizadas: Córdoba y Santa Fe; Llaryora y Pullaro, la médula del bloque “federal”.
Si Milei incumple el “pacto de caballeros”, Llaryora, en sociedad con Pullaro, activaría la “cláusula gatillo” y los diputados de Hacemos Coalición Federal impulsarían la coparticipación de la multimillonaria recaudación del Impuesto Pais. Es una espada sobre Milei.
En síntesis: lo acordado es el financiamiento nacional del déficit de la Caja de Jubilaciones; si no, el Impuesto Pais será coparticipado.
Para el martes falta una eternidad. El equilibrio que haga el Gobierno nacional en las próximas horas será determinante. ¿Y si los gobernadores huelen sangre y avanzan sobre el Impuesto Pais? “Nadie piensa en eso. Dejar ‘viva’ la posibilidad de coparticipar el Impuesto Pais es sólo un reaseguro porque los funcionarios del Gobierno nacional incumplieron sistemáticamente los acuerdos durante la negociación”, dijo un diputado cordobés que estuvo en la rosca hasta el último minuto.
En otras palabras: la posibilidad está, pero no será Llaryora quien mueva esa pieza de la desguazada ley.
Las empresas nacionales
Antes, los diputados cordobeses de Hacemos Federal y algunos de la Unión Cívica Radical lograron otra “victoria” en el marco de una ley de aplicación incierta (resta la votación en particular, la media sanción del Senado y los posibles planteos judiciales):eliminar del listado de empresas a privatizar todas las radicadas en Córdoba.
Así, Fadea; los Servicios de Radio y TV de la Universidad Nacional de Córdoba; las plantas de Fabricaiones Militares en Villa María y Río Tercero; la planta nuclear de Embalse; y Dioxitek, en Alta Córdoba, no fueron incorporadas a ninguno de los anexos de la ley que enumeran las empresas públicas a licitar.
Al sacar del listado privatizador estas empresas, Llaryora sabe que eliminó del mapa de calor de la crisis social sendos focos de conflicto. No es poco ante una crisis que se anticipa compleja en su desarrollo e incierta en su resolución.
