Mientras el gobernador Martín Llaryora se encuentra en gira oficial por Arabia Saudita, sus principales ministros políticos trabajan en Córdoba para conseguir un objetivo: que la mayoría de los intendentes del interior apoyen los aumentos en los impuestos Inmobiliario Urbano y Rural.
Aunque en el Centro Cívico se esmeran en minimizar las quejas por el aumento de ambos gravámenes, con el argumento que sólo el 1% superó el tope 172,5% que anunció el mandatario provincial, en el Gobierno no están tranquilos.
Hay dos focos de conflictos que siguen de cerca desde la gestión llayorista: el nuevo intento que hará la oposición en la Legislatura para retrotraer los aumentos, y el reclamo de la Sociedad Rural de Río Cuarto, la entidad agropecuaria que más alta elevó su voz en contra de la suba del Inmobiliario Rural.
Según los datos que brindan desde el Ministerio de Finanzas, que conduce Guillermo Acosta, (el único funcionario provincial que acompaña al gobernador en la gira por los países árabes), hasta el momento pagaron la cuota única muchos más contribuyentes que el año pasado.
Los funcionarios provinciales también difunden un dato, que por las quejas de muchos contribuyentes, parece alejado de la realidad: sólo en el 1% de las cuentas en Rentas (alrededor de 18 mil) se pudo constatar que el aumento superó el tope que impuso el gobernador.
Según datos extraoficiales que los dirigentes de la Sociedad Rural de Río Cuarto brindaron en la asamblea que se realizó el lunes pasado en la capital alterna, la mayoría de los productores agropecuarios recibió el Inmobiliario Rural con incrementos que van desde el 202% al 240%.
Esas cifras de los ruralistas más exaltados fueron rechazadas de manera terminante por el ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, quien acusó de “mentir” a los dirigentes que difunden esos supuestos porcentajes de aumento.
“El gobernador se comprometió a que el tope de aumento es el 172,5%. Además, ya se anunciaron medidas de alivio impositivo para los productores que demuestren dificultades para pagar los impuestos”, explicó el funcionario provincial.
La estrategia oficial
Antes de partir de gira, el gobernador Llaryora encargó a sus funcionarios con perfiles más políticos (el mencionado Busso, el ministro de Gobierno, Manuel Calvo, y el secretario General de la Gobernación, David Consalvi, además de legisladores provinciales) que consigan un “sólido” respaldo público de los intendentes del interior, a la política impositiva provincial.
El miércoles último, la Comunidad Regional de Tercero Arriba, que aglutina a los intendentes y jefes comunales del departamento de ese nombre, fue la primera que se pronunció a favor de que se mantengan los aumentos que figuran en los cedulones provinciales.
En el documento que se gestó en el departamento Tercero Arriba, los intendentes hacen una advertencia que apunta a los legisladores del radicalismo y del Frente Cívico (juecismo) que intentarán retrotraer la suba de impuestos.
“Antes que se tome cualquier decisión que modifique los aumentos de impuestos, les exigimos a los legisladores de todos los bloques, que antes se consulte a todos los intendentes de la provincia, teniendo en cuenta que cualquier cambio en la política impositiva impactará en las finanzas municipales”, dijeron los intendentes de ese territorio, luego de cuestionar las políticas de ajuste del presidente Javier Milei.
Todo indica que la Comunidad Regional de Tercero Arriba no será la única que se pronunciará en este sentido. De las 26 comunidades, sólo dos son presididas por intendentes opositores: Totoral y Marcos Juárez, conducida por el radicalismo. Las demás son lideradas por intendentes peronistas.
Mientras el oficialismo busca el respaldo de los intendentes, legisladores radicales y juecistas preparan una embestida en la Legislatura.
Luego del proyecto sobre tablas que presentó el radicalismo para retrotraer la suba de impuestos, el 29 de enero pasado, que fue rechazada al no conseguir la necesaria mayoría agravada, los opositores deberán esperar 45 días para insistir con el pedido. A mediados de marzo, la iniciativa se podría aprobar con mayoría simple, algo que la oposición casi nunca consiguió.
El Gobierno busca el apoyo de los intendentes para que presionen a sus legisladores para no modificar la política impositiva. En realidad, lo que necesita el oficialismo es que algunos legisladores radicales no se sumen al intento del bloque que preside el deloredista Matías Gvozdenovich.
En este contexto, el radicalismo buscará mantener la tensión política en la Legislatura. El próximo miércoles presentará un proyecto para modificar el reglamento del parlamento provincial, para que vuelta a sesionar todos los miércoles.
También para que los legisladores que presenten un proyecto sobre tablas, tengan la posibilidad de argumentar en un discurso de cinco minutos, cuestión que ahora no ocurre.
La iniciativa tiene el pronóstico del fracasar, pero los radicales dicen que será un “indicio” para comprobar cuántos legisladores opositores acompañarán al oficialismo, apuntando a la decisiva votación de mediados de marzo, cuando se trate la cuestión de retrotraer la suba de impuestos.
Reclamo de ruralista
Más de los discursos en públicas que minimizan el reclamo de un sector de los productores agropecuarios, al Gobierno le preocupa la reacción que se produjo en el sur provincial.
Los productores agropecuarios que ingresen a la página de Rentas para conocer el monto que deben pagar del Inmobiliario Rural, se encuentran con un anuncio del Gobierno provincial, que indica: actualización con diferimiento para montos que exceden el tope. Diferimiento total del impuesto (Rural) por seis meses para productores con dificultades, “hasta que mejore la situación”.
El mensaje del gobierno cierra con una frase: “En Córdoba, todo lo que paga el campo vuelve al campo”.
Al menos a algunos productores ruralistas el mensaje parece no haberlos convencido. Luego de la asamblea del lunes pasado, la Sociedad Rural de Río Cuarto emitió un comunicado, con estos dos pedidos fundamentales, entre varios:
Que el aumento del Inmobiliario Rural 2025 tome como referencia el índice de inflación de 2024, y que no exceda la misma. (la inflación del año pasado a nivel nacional fue del 117,8%).
Además que se restituya el beneficio del 10% para el pago de la cuota única del Inmobiliario Rural.
En el Centro Cívico están convencidos que los reclamos bajaron su intensidad. Los oficialistas acusan al diputado nacional Rodrigo de Loredo de intentar “politizar” al reclamo, al haber asistido y hablado en la asamblea de ruralistas en Río Cuarto.
El gobernador tenía programada el viaje a los países árabes desde hace tiempo, pero analizó hasta último momento una posible cancelación, si los reclamos por la suba de impuestos eran potentes.
Que Llaryora haya viajado, es un indicio concreto que en el Centro Cívico preocupan los reclamos por la suba de los impuestos, pero creen que está bajo control.
