Si todo marcha de acuerdo con el plan de Javier Milei, Luis Caputo y el Fondo Monetario Internacional, y las finanzas de la Argentina no vuelven a convulsionarse en los próximos meses, la administración de Martín Llaryora tendrá para aprovechar la ventana financiera que se está abriendo con el fuerte retroceso del riesgo país.
La urgencia es doble. Por un lado, adelantarse a un potencial cierre de los mercados para la Argentina (siempre está esa posibilidad en este país). Por otro, porque vienen años con fuertes vencimientos, tanto en dólares como en pesos, y si la recaudación sigue estancada –como en 2025–, las cuentas van a comenzar a tensionarse.
Además, el 2026 es el año de campaña para el Panal, y es clave encender un plan de obras de mayor volumen que el actual.
De ahora hasta finales de 2027, la segunda mitad del periodo de Llaryora al frente del Centro Cívico (si no apostara por una reelección), vencen $ 1,79 billones. De ese total, casi el 60% está nominado en dólares (y también hay euros y dinares kuwaitíes).
El presupuesto habilita un fuerte endeudamiento
Las previsiones ya están plasmadas en la ley de Presupuesto 2026, que dedica su Sección II a las operaciones de financiamiento que la Provincia podrá ejecutar durante el próximo ejercicio. Allí se establece un conjunto de autorizaciones que definen el margen de maniobra financiera del Gobierno, tanto para afrontar los vencimientos previstos como para refinanciar títulos en circulación o avanzar con nuevas obras de infraestructura.
El primer instrumento habilitado son las Letras del Tesoro, que funcionan como financiamiento de muy corto plazo. El artículo 33 autoriza un monto de emisión de $ 400.000 millones, o su equivalente en moneda extranjera.
Estas letras son herramientas para cubrir baches temporales de caja. Se usaron durante 2024 y podrían volver a utilizarse si el mercado internacional no se abre todo lo deseado.
Asimismo, en el artículo 34, el Proyecto dice que la Unicameral faculta al Poder Ejecutivo a tomar nueva deuda por hasta U$S 2.590 millones, o su equivalente en pesos u otras monedas. Esa cifra puede ejecutarse “en el presente ejercicio y subsiguientes”.
La autorización abarca un amplio abanico de opciones: créditos con organismos multilaterales, líneas con el Estado Nacional, operaciones con bancos locales e internacionales y la posibilidad de crear programas de títulos públicos destinados tanto a inversiones como a reestructuración o recompra de deuda vigente.
En los hechos, la Provincia queda habilitada a emitir bonos tanto en el mercado local como en el internacional.
En el artículo 35, en tanto, se habilita al Ejecutivo a utilizar mecanismos de garantía más amplios para mejorar las condiciones de colocación. Entre ellos, la afectación de la Coparticipación Federal que le corresponde a Córdoba o la cesión simple o fiduciaria de recursos propios y activos públicos. Con esto, el Gobierno provincial busca asegurarse mejores tasas en un eventual regreso a los mercados internacionales, donde las garantías suelen pesar tanto como los números fiscales.
La norma también permite reestructurar, canjear o recomprar títulos vigentes. La idea es recomprar parcial o totalmente alguno de los títulos emitidos, por ejemplo, el que vence en 2029 y que incluye un fuerte pago de capital en 2027.
Entre amortizaciones de capital e intereses, la Provincia de Córdoba debe pagar entre 2026 y 2027, sólo en lo que se refiere a títulos públicos, U$S 482,3 millones. Además, vencen U$S 247 millones de amortizaciones e intereses de deuda con organismos multilaterales (en especial el BID y la CAF) y bancos internacionales (estas deudas incluyen a Deustche Bank, Abu Dhabi, Fondo Kuwaití y BBVA).
La deuda en pesos
Además de los vencimientos en moneda extranjera, el Presupuesto 2026 deja en evidencia una carga muy significativa de deuda nominada en pesos, que la Provincia deberá afrontar en los próximos dos años.
Los anexos de la Ley de Presupuesto que se debatirá el miércoles en primera lectura permiten dimensionar el peso financiero de corto plazo.
En materia de amortizaciones en pesos, Córdoba deberá afrontar $ 138.778 millones en 2026 y un salto muy considerable en 2027, cuando los pagos ascienden a $ 549.015 millones. La mayor parte de esos compromisos corresponde a los vencimientos del capital de letras de Tesorería y de los títulos Clase 2 y Clase 4. Sólo estos instrumentos representan más de $ 548 mil millones en amortizaciones a pagar durante el último año de Llaryora.
Entre capital e intereses, en 2027 vencen $ 573.847 millones, el equivalente a unos U$S 390,4 millones, según la Proyección Plurianual del Ministerio de Economía y Gestión Pública de la Provincia.
EPEC y Caminos de las Sierras
El Presupuesto 2026 también contempla operaciones de crédito para las empresas estatales.
El artículo 11 autoriza a la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec) a tomar deuda por hasta U$S 345,9 millones, cifra que incluye créditos con organismos multilaterales, bancos nacionales o internacionales, y posibles programas de obligaciones negociables a emitir en diferentes mercados.
El objetivo es financiar obras de infraestructura energética, mantenimiento y renovación de activos, y eventualmente reestructurar deuda.
Por su parte, la empresa Caminos de las Sierras, que gestiona los peajes de la Red de Accesos a Córdoba, queda autorizada a endeudarse por U$S 50 millones. Esta posibilidad apunta a financiar proyectos viales dentro del sistema de concesiones. También habilita a la empresa a emitir obligaciones negociables.
En total, sólo entre Epec y Caminos, el Presupuesto 2026 abre la puerta a U$S 395,9 millones adicionales en deuda potencial.
