El oficialismo busca anotarse un punto en la agenda parlamentaria después de semanas donde la oposición marcó la cancha con los pliegos de la Corte Suprema de Justicia (que fueron rechazados) y los proyectos para investigar al presidente Javier Milei por el caso $LIBRA.
La Libertad Avanza y el PRO buscarán dictaminar este martes, con ayuda de bloques dialoguistas, el proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil que finalmente bajará la edad de imputabilidad a 14 años, y no a 13 como estaba previsto originalmente.
La iniciativa fue pedida por Milei en la apertura de sesiones, en medio de la ola de crímenes y casos de inseguridad en provincia de Buenos Aires. El Poder Ejecutivo había enviado un proyecto a mediados de julio de 2024, pero no avanzó en la Cámara de Diputados más allá de reuniones informativas con funcionarios y especialistas. Tras el mensaje presidencial, el oficialismo y el PRO aceleraron la búsqueda de consensos con la UCR, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica, y aceptaron modificaciones con miras a alcanzar un dictamen acordado.
La definición será este martes a las 17.30, en un nutrido plenario de comisiones encabezado por la cordobesa Laura Rodríguez Machado (PRO), diputada leal a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Se reunirán las comisiones de Legislación Penal; Familia, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda. Por la cantidad de diputados que intervienen, Rodríguez Machado trabaja para conseguir el quórum y las firmas, que son 72 en total.
“Nos encontramos en la etapa final de construcción de un despacho de mayoría. Desde el 26 de marzo hemos trabajado junto a asesores y representantes de distintos bloques para alcanzar los consensos necesarios. De concretarse el despacho, se dará un paso fundamental en la actualización del Régimen Penal Juvenil, avanzando en una legislación acorde a las necesidades actuales”, sostuvo Rodríguez Machado.
Qué dice el proyecto
El proyecto original del Ejecutivo bajaba la edad de imputabilidad a 13 años, pero a pedido de los bloques dialoguistas será finalmente de 14. En este sentido, el artículo primero establece “el régimen penal aplicable a las personas adolescentes, desde los 14 años de edad hasta las cero horas del día en que cumplan 18 años de edad, cuando fueran imputadas por un hecho tipificado como delito en el Código Penal o en las leyes penales especiales vigentes o que se dicten en el futuro”.
La edad de 14 años ya rige en países vecinos como Bolivia, Paraguay, Chile, Venezuela, Colombia y Perú. Y coincide con lo que proponían otros proyectos presentados por el PRO, la UCR, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y hasta Unión por la Patria.
Asimismo, se incorporaría al dictamen un agregado que indica que “la elección de la sanción a aplicarse y la graduación de la pena dentro de las escalas legales previstas atenderán principalmente a la gravedad del daño causado, a la edad y a la reiterancia delictiva del adolescente imputado”. Con esta incorporación, se daría margen al juez de la causa para poder contemplar de modo distinto la situación del menor de 14 años respecto del de 17 años.
Además de las penas de prisión, se establecen sanciones alternativas si se dan una serie de condiciones: que la pena de prisión sea de entre 3 y 10 años; que el hecho no haya causado la muerte de la víctima o no haya implicado “una grave violencia física o psíquica”; o, si se trata de delitos culposos, que no existan lesiones gravísimas ni se haya causado la muerte o un daño psíquico grave a la víctima, y el adolescente imputado no registre otros procesos en trámite.
Las sanciones alternativas contempladas son amonestaciones; prohibición de contacto o de aproximación a la víctima; prohibición de conducir vehículos y de concurrir a determinados lugares, establecimientos o espectáculos, inclusive deportivos, musicales o culturales; prohibición de salir del país; prestación de servicios a la comunidad; monitoreo electrónico; y reparación integral del daño a la víctima.
También se establecen distintos programas tendientes a las resocialización del menor; se incorpora la posibilidad de tratamientos médicos; y se crea la figura del “supervisor”, una persona con conocimientos y formación académica en educación, pedagogía infanto-juvenil, psicología, adicciones y trabajo social, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado.
