La Cámara de Apelaciones de Rosario dictó la excarcelación de los cuatro exdirectivos de la agroexportadora Vicentin que se encontraban detenidos desde marzo, tras el pago de una fianza individual de U$S 1 millón.
A pesar de haber recuperado su libertad, los ejecutivos continuarán bajo investigación, ya que las imputaciones por presuntos delitos financieros se mantienen firmes, según confirmaron fuentes judiciales.
Las restricciones a los directivos
La resolución, emitida el 13 de junio, impone significativas restricciones a los imputados mientras el proceso judicial avanza.
Entre las medidas cautelares, se les ha prohibido contactar a otros integrantes de Vicentin y a quienes forman parte del concurso de acreedores de la empresa, abierta desde 2019.
Esta disposición, crucial según los fiscales, busca evitar cualquier interferencia en el proceso de recuperación de la compañía. Además, los exdirectivos tienen prohibido salir del país.
Las graves acusaciones por desvío de fondos
La fiscalía sostiene que los acusados desviaron fondos de la compañía para fines personales.
Entre las irregularidades señaladas, se destaca el uso de dinero de la empresa para cubrir honorarios legales y retiros voluntarios.
De acuerdo con las estimaciones del Ministerio Público, los desvíos habrían superado los $ 6.000 millones entre finales de 2019 y 2024, considerando la actualización de los valores nominales.
Por su parte, la defensa de los imputados argumentó que, al estar la empresa intervenida judicialmente, no existía riesgo de que pudieran entorpecer el proceso.
Este argumento fue clave para que la Cámara de Apelaciones decidiera otorgar la excarcelación bajo las condiciones mencionadas.
Sin embargo, la querella expresó su desacuerdo con la decisión, y uno de los abogados querellantes, según el medio Rosario3, criticó la interpretación del juez, señalando errores en la valoración jurídica y en los hechos del caso.
Las audiencias
De las audiencias participaron unos 15 abogados de todos los imputados y querellantes, los dos fiscales acusadores, e incluso los cuatro detenidos que pudieron hacerlo por zoom desde la cárcel, desde donde incluso uno de ellos habló en el último día de la audiencia.
El juez le dio la razón a los fiscales en algunos puntos cuestionados por la defensa como el reclamo que hicieron de que no se podía reimputar con hechos nuevos la asociación ilícita. “Es la misma asociación ilícita”, dijo el camarista para desestimar el planteo de la defensa.
A favor de los abogados defensores, el juez desestimó una prueba de documentación obtenida de manera no autorizada. “El fallo no argumenta la existencia de razones atendibles para no respetar las garantías constitucionales”, explicó para fundamentar su postura.
”Si la posibilidad de fuga existía o el entorpecimiento probatorio, se podrían haber fugado antes de la nueva imputación de este año, donde sólo tenían la prohibición de salir del país”, dice al final de las audiencias.
El juez les reprochó a los fiscales que durante todo el tiempo de la investigación no hubo medidas de prisión preventiva que justifiquen la gravedad de la situación que describieron en la audiencia. Igual que para evitar la interferencia de la investigación que también expusieron. Resaltó que incluso dejaron vencer una caución que los imputados tenían fijada.
En cuanto a la no autorización de las facturas obtenidas para la investigación sin autorización judicial, el juez Salvador cuestionó fuertemente a los fiscales: “Se deben respetar las normas para la obtención o producción de pruebas”, y citó: “El valor justicia se ve seriamente resentido si quienes deben velar porque las leyes sean cumplidas son los primeros en afectarlas, y quienes tienen como función aplicar e interpretar la ley, los jueces, basan un juicio de reproche penal en la prueba obtenida mediante violación de derechos fundamentales”.
Se refería a la facturación del estudio jurídico del doctor Jorge Ilharrescondo y sus socios que fue obtenida por la Fiscalía desde la ex Afip y que denunció el abogado defensor en el primer día de audiencia.
