El destino final de la ley ómnibus comienza a escribirse este lunes, casi un día antes de que continúe la sesión de Diputados donde se debe terminar de dar forma al texto de la desmesurada normativa con la que Javier Milei quiere sentar las bases de su gobierno libertario.
El lunes, en reuniones informales, los diputados “dialoguistas” que intentan que Milei tenga su ley empezarán a definir la letra chica, en medio de enormes tensiones políticas, presiones de gobernadores y ánimos crispados entre los bloques.
La columna de esa redacción es el articulado que fijará las áreas, los plazos y el mecanismo de control de las “facultades delegadas” del Poder Legislativo al Ejecutivo. Y la médula de ese artículo es la ambición del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo de poder hacerse con recursos de los fondos fiduciarios, un conglomerado que impacta directamente te en la financiación de obras y servicios que realizan y prestan las provincias.
Los gobernadores tienen una bala de plata que, de dispararse, heriría políticamente al Gobierno: la coparticipación del Impuesto Pais, en un porcentaje de 21 por ciento para las provincias.
En esa cuenta fina, hay que recordar que el rechazo a la ley alcanzó los 109 votos, una base nada despreciable para llegar a esta votación particular. El principal accionista de esos brazos es Áxel Kicillof, gobernador de la provincia más importante de Argentina y jefe del bloque de gobernadores peronistas (con excepción de Martín Llaryora).
De acuerdo con las previsiones para este año, el Impuesto Pais recaudará 8 billones de pesos, por lo que un esquema de coparticipación como el que impulsó Llaryora le dejaría a las provincias unos 1,6 billones de pesos.
Para evitar que los gobernadores martillen a través de sus diputados, la salida sería un pacto fiscal. “Es razonable y natural que los gobernadores busquen alternativas para que el Gobierno nacional lleve adelante un acuerdo fiscal que evite que el mayor ahorro que el sector público tiene que hacer, recaiga sobre los gobiernos subnacionales, toda vez que este Gobierno se hace de recursos que no coparticipa”, dice Rodrigo de Loredo, el jefe del bloque UCR, uno de los aliados de la Casa Rosada en la votación general.
Se trata de una batalla crucial y de fondo: el Gobierno intentó a destiempo quitar el Impuesto Pais del debate parlamentario, pero no pudo. Ahora, quedó obligado a negociar con los mandatarios y en paralelo a la redacción final de la ley que tiene media sanción.
La redacción de este artículo está atada a la suerte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, conformado por bonos del Tesoro y acciones de empresas privas. La UCR y Hacemos Coalición Federal consideran que las acciones de privados deben seguir en el organismo que conduce Osvaldo Giordano, y bloquear que “Toto” Caputo las remate.
Además, Martín Llaryora pide que en la redacción de ese artículo se incluya una garantía de flujo de fondos de la Anses hacia la Caja de Jubilaciones de Córdoba, texto que también beneficiaría a Maximiliano Pullaro, el gobernador santafesino. Es un acuerdo “no escrito, sino de palabra”, advierte uno de los negociadores que tiene el gobernador cordobés.
Es una negociación que también complica la interna del Gobierno porque chocan dos visiones distintas: la del ministro de Interior, Guillermo Francos, y la de Caputo. Tallan otro Caputo, Santiago, sobrino del anterior y asesor presidencial, y Federico Sturzenegger, quien puso en el Congreso al cordobés Maximiliano Fariña, algo así como un “escriba” de la Casa Rosada.
Privatizaciones
El tercer punto en conflicto es el de privatizaciones, un capítulo que es un campo minado para el bloque de la Unión Cívica Radical, uno de los aliados de La Libertad Avanza en la votación general.
De Loredo, reconoce las dificultades internas para resolver qué hará en el recinto ese bloque: “El radicalismo tiene todavía una discusión abierta, pero rechazando con claridad la idea de privatizar YPF o el Banco Nación, y rechazando una dinámica generalizada. Tenemos que seguir debatiendo qué conjunto de empresas creemos que no cumplen un rol estratégico y que además generan déficits crónicos”.
Nicolás Massot, del bloque Hacemos Coalición Federal, lleva una alternativa en carpeta: que los pliegos de cada una de las empresas a privatizar pasen por la comisión bicameral de privatizaciones para que ésta dé el visto bueno antes de colocarle el cartelito de “se vende”. No sería un “ley por ley” como quieren una importante porción del radicalismo, sino un “pliego por pliego”. Un empate semántico.
El cordobés Oscar Agost Carreño, del mismo espacio, advierte que el Gobierno nacional “no define” qué empresas quiere privatizar sí o sí y en cuáles permitirá un ingreso de capital privado pero reteniendo el Estado nacional el control.
“La aprobación en general de la ley es el triunfo del diálogo político, refleja el compromiso del Congreso para lograr cambios reales y duraderos. Si el Gobierno continúa priorizando diálogo, seguramente tendrá las herramientas que necesita para sacarnos de la crisis”, dice Agost Carreño para avisar que la rosca debe seguir si la Casa Rosada quiere la media sanción de la ley.
Como se advierte, el módulo privatizaciones puede quebrar a la UCR y a Hacemos Coalición Federal. Si crujen estos aliados del Gobierno nacional, se potencian los 109 que ya rechazaron la ley en general.
En la votación particular “también se vota en el baño”, dice un observador de la dinámica de este debate, refiriéndose a diputadas y diputados no oficialistas que podrían ausentarse momentáneamente para no avalar las privatizaciones y no votar junto al bloque del PJ nacional.
Otros puntos sin acuerdo entre dialoguistas y Milei
Quedan varios puntos de la ley aprobada en general cuya redacción final y alcance real sigue siendo una incógnita por las opiniones disímiles de los integrantes de las bancadas aliadas Unión Cívica Radical, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal.
Por el fuerte componente identitario, se complica la interna del bloque radical en los puntos en los cuales la ley aprobada hacen retroceder la legislación sobre derechos civiles.
Un ejemplo es la discusión por las escalas penales para los delitos de alteración del orden público, que propicia Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad que construye su imagen sobre la aplicación del protocolo antipiquetes.
De Loredo advierte que “el radicalismo observa como exageradas la escala propuesta porque rompe la sistémica del Código Penal y genera incoherencias en las penas entre unos bienes jurídicos y otros”.
En Hacemos Coalición Federal creen que la llave para destrabar este punto es “darle herramientas al juez para que disponga excarcelaciones” a quienes sean detenidos por manifestar.
Bullrich quiere que la pena mínima sea de cuatro años de prisión, no excarcelable, lo que pondría a la ley al filo de la inconstitucionalidad.
“Hay terror en el oficialismo a perder alguna votación en el recinto, a la foto de ‘Milei derrotado por la casta’. Eso complica la negociación a cada minuto. Pero el poroteo es tan fino, que el texto no está garantizado y el Gobierno deberá hacer un esfuerzo de concesiones si no quiere quedarse sin ley”, dice uno de los negociadores “dialoguistas”.
Biocombustibles es otro de los capítulos abiertos sin texto confirmado. Los gobernadores de Córdoba, Santa Fe y Tucumán (Osvaldo Jaldo) se enfrenta al lobby petrolero. Es una pelea de dos sectores productivos en pugna de impredecible resultado. Aparentemente, el Gobierno nacional habilitará una discusión técnica para no perjudicial a las provincias productoras de biocombustibles, pero como ya se dijo la precariedad del diálogo es total.
Finalmente, el capítulo de Cultura y la desfinanciación de sus institutos de promoción del cine, el teatro y las artes, aprobado en la general, tampoco estaría cerrado en su redacción final. Hacemos Coalición Federal rechazaría los cambios propuestos por el Gobierno, mientras que el radicalismo podría llevar una redacción propia, al medio, sin que esto garantice la totalidad de los votos de la UCR.
