Decidido a aprobar el proyecto esta semana en la Cámara de Diputados, el oficialismo busca acelerar la firma del dictamen de la “ley ómnibus” con las modificaciones que imprimió la Casa Rosada, pero en la oposición “dialoguista” rechazan el aumento de retenciones y tampoco conforman los cambios en materia de jubilaciones y privatizaciones.
Esos son los tres puntos en los que se concentraron las discusiones en las últimas horas, en una nueva jornada de reuniones contrarreloj que incluyó una visita sorpresa del gobernador cordobés, Martín Llaryora, a una reunión de los bloques Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal en el anexo de Diputados.
Por el momento, el oficialismo busca convocar para el martes a las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto, con el objetivo de firmar dictamen y aprobar el proyecto esta semana cueste lo que cueste. Fue el mensaje que le bajó el presidente Javier Milei al diputado José Luis Espert en un encuentro en Casa de Gobierno.
La Libertad Avanza podría contar con apoyo del PRO en su dictamen, pero la UCR y Hacemos Coalición Federal ponen en duda el acompañamiento. Se debaten entre dos caminos: firmar el dictamen del oficialismo con disidencias parciales para evitar que se imponga el rechazo de Unión por la Patria (que tiene mayoría en las comisiones), o impulsar un despacho propio.
La Casa Rosada envió el domingo por la noche un documento de 112 páginas donde aceptó limitar la declaración de emergencias y la delegación de facultades, y fijar una nueva fórmula jubilatoria a partir de abril. Pero mantienen las retenciones a distintos sectores y el paquete de privatizaciones, con algunos retoques.
En reuniones por separado, el PRO, la UCR y Hacemos Coalición Federal destacaron que hubo “mejoras” y “avances” respecto de la versión original, pero dejaron trascender que en algunos puntos todavía no hay acuerdo y seguirán presionando para que haya más cambios.
La suba de retenciones mantiene en pie de guerra a toda la oposición “dialoguista”, gobernadores mediante. Treinta y cinco economías regionales quedaron en cero, pero no así los productos industriales, la carne vacuna, el trigo y el maíz, que pasarían a tributar el 15%, mientras que los derivados de la soja pasarían del 31% al 33%.
En la reunión con Llaryora, los diputados pidieron que los gobernadores se pongan el tema el hombro y unifiquen el reclamo. Sostienen que el único camino para equilibrar las cuentas no puede ser el de aplicar retenciones y sugieren como alternativas revisar los gastos tributarios (en particular, el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego) y coparticipar el impuesto PAIS.
Las provincias no solo se verían afectadas por las retenciones, sino también porque no se beneficiarán con lo recaudado por el blanqueo de capitales que establece el proyecto. Allí se establece que “el producido del impuesto especial de regularización se destinará a la capitalización del Banco Central”, es decir que no se coparticipará.
“Nuestra postura no es obstruir. Queremos dar el debate y acompañar las demandas de cambio”, dijo Miguel Pichetto en un cuarto intermedio de la reunión de bloque. “Hubo un avance. Estamos mucho mejor que la semana pasada, pero la mayor parte del ajuste la paga la Nación con dinero de las provincias”, advirtió Nicolás Massot, del mismo espacio.
En el PRO también hay dudas sobre el capítulo retenciones, pero incluso hay diferencias no saldadas al interior del bloque. “Todavía hay algunos puntos que están dificultando llegar a un acuerdo, pero esperamos que las negociaciones avancen y se pueda llegar a buen puerto. El proyecto en su conjunto avanza sobre cambios y desregulaciones positivas para el país”, sostuvieron en la bancada que encabeza Cristian Ritondo.
Desde la UCR, la vicejefa del bloque, Karina Banfi, sostuvo: “Vamos a tener que volver a revisar el tema de las retenciones sobre las economías industriales y el listado de lo que refieren como aquellas economías regionales que están exentas. Creemos que hay algunas como la pesca o la malta que deberían quedar exentas también”.
Cambios
La nueva versión reduce la cantidad de emergencias declaradas de 11 a 9 (se quitan la social y la de defensa) y acota a un año las facultades delegadas al presidente Javier Milei, con posibilidad de prórroga. Esa extensión la dictará el Congreso y no el Poder Ejecutivo, como se había sugerido en el primer borrador.
En cuanto a las jubilaciones, se realizará el ajuste trimestral en marzo cumpliendo con la fórmula vigente, y a partir de abril se establecerá una actualización automática por inflación mensual “en base al último dato de inflación disponible del Indec”. En el radicalismo ven un problema de empalme entre las dos fórmulas y creen que el tema debería quedar afuera de la discusión.
Por otra parte, en el listado de empresas a privatizar se excluyó definitivamente a YPF, y en los casos de Banco Nación, Arsat y Nucleoeléctrica, el Estado retendrá el control de la empresa y solo se podrá realizar una privatización parcial. En todos los casos intervendrá la Bicameral de Privatizaciones. En la oposición siguen en contra de votar en paquete.
Otro cambio, celebrado con énfasis desde el PRO, fue la eliminación de las jubilaciones de privilegio de presidente y vice. Era un proyecto de ley de la diputada María Eugenia Vidal, en línea con lo que hizo en su gobierno en la provincia de Buenos Aires. Los jueces de la Corte Suprema, sin embargo, seguirán percibiendo la asignación vitalicia.
Además, se eliminó el artículo 645, por el cual se ratificaba el DNU 70/2023 de desregulación económica. Por otra parte, no se aceptaron cambios sobre la transferencia de los activos del FGS (Fondo de Garantía de Sustentabilidad) al Tesoro Nacional ni sobre la posibilidad de tomar deuda externa sin autorización del Congreso.
Entre los cambios en materia social, el polémico artículo que obligaba a informar al Ministerio de Seguridad sobre las reuniones de “tres o más personas” no solo no se eliminó, como había anunciado la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sino que se modificó y ahora habla de “30 o más personas”.
Asimismo, retiraron del proyecto la reforma electoral (con excepción de los artículos sobre financiamiento político), el juicio por jurados, los cambios en las leyes de Sociedades y de Salud Mental y el traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires.
