Casi 100 artículos contiene el proyecto de ley de “reparación histórica” de los jubilados y pensionados, que el Gobierno nacional ingresó anoche a la Cámara de Diputados. La iniciativa, largamente corregida en la Casa Rosada durante los últimos días, contempla varios capítulos ya que se trata de una verdadera ley “ómnibus”.
Mañana, jueves, los diputados comenzarán a debatirla y la fecha tentativa para darle media sanción es el miércoles 15.
En primer lugar, la iniciativa plantea el diseño legal que el Gobierno propone para pagarle a los jubilados que tienen sentencia judicial, a los que esperan la resolución de los tribunales y a aquellos que no realizaron demandas al Estado por sus haberes no actualizados o mal calculados, pero tienen condiciones objetivas de aspirar al reconocimiento de los mismos derechos.
Respecto al pago de los juicios con sentencia firme o en proceso de resolución, el texto toma los fallos de la Corte Suprema en esa materia para impulsar la correcta actualización de los haberes jubilatorios y el pago del retroactivo que correspondiera.
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Qué se ofrece pagar y cómo
Para quienes hayan iniciado juicio y tengan sentencia, los haberes retroactivos se van a pagar en dos partes, 50% al contado y 50% en cuotas trimestrales que se irán actualizando por movilidad. Quienes hayan iniciado juicio, pero aún no tengan sentencia, podrán cobrar hasta un máximo de 48 meses retroactivos, también mitad al contado y mitad en cuotas.
Los que no hayan realizado demanda contra el Estado, podrán acceder a una recomposición salarial similar a la que tendrán quienes sí hayan litigado -del orden del 45%- pero deberán renunciar a futuras demandas y no cobrarán ningún retroactivo.
Este proyecto va a beneficiar a los 2.300.000 jubilados que no están cobrando sus haberes correctamente. 250.000 de ellos tienen juicios en curso y 50.000 ya tienen sentencia firme. Este proceso será gradual hasta alcanzar a todos los jubilados, comenzando por los mayores de 80 años o enfermos de gravedad.
Por otro lado, la norma enviada al Congreso tiene un capítulo especial en el que se crea la “Pensión Universal para el Adulto Mayor”, a la que podrán acceder todos aquellos que tienen 65 años -hombres y mujeres- y no tengan aportes previsionales realizados o cuyos aportes sean insuficientes para poder acceder a una jubilación. Este universo de beneficiarios cobrará el 80% de una jubilación mínima.
Los acuerdos con los gobernadores
En segundo orden, la ley enviada por el Ejecutivo nacional tiene un capítulo dedicado a ratificar los convenios que suscribió la Casa Rosada con las provincias para devolverles el 15% de la coparticipación que estas cedieron para financiar la Anses en 1992. El pacto fiscal firmado por mandatarios provinciales y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, contempla la devolución gradual de esos fondos, a razón de un 3% por año hasta completar el reintegro total a fin de 2020.
Pero, además, los caciques territoriales podrán acceder a créditos que la Nación fomentará a través del Fondo de Garantía y Sustentabilidad de la Anses, los cuales no podrán superar en este difícil 2016 el 6% de la coparticipación que le corresponde a cada distrito.
Ventajas para los que se “sinceren” fiscalmente
El tercer eje del proyecto es el más polémico: el blanqueo de capitales. Con esta medida, el Gobierno busca recaudar fondos para contrarrestar el gasto fiscal que implican el pago de juicios, la recomposición de haberes previsionales, la pensión universal y la devolución del 15% de la coparticipación a las provincias.
Se espera, para conseguir este fin, cobrar un “impuesto especial” a quienes deseen sumarse al “sinceramiento fiscal”. Si el valor de los bienes declarados es inferior a los 305 mil pesos, no habrá que pagar nada. En cambio, si el valor es superior a 305 mil pesos, pero inferior a 800 mil pesos, se tributará un 5%.
Ahora bien, si se supera ese techo pagarán menos quienes declaren los bienes -no inmuebles- antes del 31 de diciembre de 2016 ya que el impuesto será del 10%. Quienes se adhieran al blanqueo en los tres primeros meses de 2017 deberán pagar 15%, un 5% más.
Pero hay más beneficios para los “blanqueadores” ya que podrán evitarse el pago del impuesto si usan el dinero “sincerado” para comprar bonos o títulos que emita el Estado nacional o destine los fondos para financiar proyectos de inversión productiva.
Las ventajas del blanqueo no terminan ahí ya que se establece la condonación de multas y sanciones.
El gancho extra
Como gancho a los futuros “blanqueadores”, la norma promueve también la modificación del impuesto a los Bienes Personales para que quien declare un inmueble, por ejemplo, no tenga el condicionamiento inmediato de pagar este gravamen. Para cumplir este objetivo, se crea la figura del mínimo no imponible, es decir el límite sobre el cual se empieza a tributar. Para 2016 se lleva a 800 mil pesos, para 2017 a 950 mil pesos, para 2018 a 1.050 millones y en 2019 se elimina el tributo. Además, se modifican las alícuotas haciendo que decrezcan gradualmente: en 2016 será del 0,75%, en 2017 del 0,50% y en 2018 del 0,25%.
No es este el único gravamen que se cambia. A partir de 2019 se propone la eliminación del impuesto a la ganancia mínima presunta. Además, se impulsan cambios puntuales a Ganancias.
Para los contribuyentes que no tengan deudas ni hayan adherido a los blanqueos propuestos por el kirchnerismo habrá un solo premio: quedarán exentos en los próximos tres años del impuesto a Bienes Personales.
El texto que ingresó a Diputados contiene una expresa aclaración: los fondos que se recauden a través del blanqueo tendrán como único fin el pago de las sentencias de los jubilados.
Funcionarios, afuera
En las disposiciones generales, sobre el final del proyecto, el Gobierno incluye un artículo -el 81°- en el que excluye de la posibilidad de sumarse al blanqueo a los funcionarios del Ejecutivo de la última administración kirchnerista y de la actual gestión (la fecha que se toma como corte es el año 2010). Esto incluye desde el presidente a los ministros, desde los embajadores a los síndicos y desde los rectores y funcionarios de universidades nacionales a los espías de la ex SIDE (actual AFI).
Por supuesto, tampoco podrán adherir al blanqueo o sinceramiento fiscal quienes tengan procesos judiciales por delitos de orden económico y financiero, estafas, quebrantos o falsificación de marcas, entre otros.
Otra disposición es la derogación de la ley que el kirchnerismo votó en 2015 para declarar de orden público las acciones que la Anses tiene en empresas privadas, a fin de ponerle un “cepo” a su posible venta. Concretamente, la norma del anterior gobierno exige dos tercios de las dos cámaras del Congreso para permitir la venta de estos papeles. Esto es lo que se plantea derogar en la propuesta del macrismo.
Por último, la iniciativa del Gobierno prevé la creación de algunos organismos para analizar la sustentabilidad del sistema previsional, que es deficitario. Para ello se impulsa la creación de una comisión bicameral en el Congreso, integrada por 15 diputados y 15 senadores. Además, en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, también se crea un consejo para monitorear el cumplimiento del programa de “reparación histórica” a jubilados y pensionados.
