Con posiciones encontradas, tres comisiones de Diputados comenzaron a debatir este jueves un proyecto de ley de presupuestos mínimos para la identificación, conservación, protección, restauración ecológica y uso racional de los humedales, que cubren el 21,5% del territorio de un país que tiene el 72% de su suelo ya desertificado.
El debate fue sobre un proyecto del Frente de Todos y tres de Juntos por el Cambio. Como no hubo consenso para elaborar una sola iniciativa, los distintos bloques decidieron para a un uarto intermedio hasta el jueves 29 de septiembre a las 10:00, con el objetivo de dictaminar ese mismo día y sin presencia de invitados.
Las diferencias principales en torno a esta ley están dadas por el impacto que la misma tendrá en sectores productivos como la agricultura, la ganadería, la minería y la explotación de hidrocarburos. Esto es porque, según el diputado de la UCR y ex ministro de Agricultura en Corrientes, Jorge Vara, el 50% de las tierras productivas del país están bañadas por humedales.
Juntos por el Cambio propuso hacer una reunión con invitados antes de dictaminar, pero el Frente de Todos y el Frente de Izquierda se opusieron. Algunos legisladores querían escuchar a entidades como la Sociedad Rural, Confederaciones Rurales, la Federación Agraria y la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM).
La definición de humedales
La iniciativa de 46 artículos del oficialismo presentada por el diputado Leonardo Grosso define que los humedales son aquellos ambientes en los cuales la presencia temporaria o permanente de agua superficial o subsuperficial causa flujos biogeoquímicos propios y diferentes a los ambientes terrestres y acuáticos. Y señala que rasgos distintivos son la presencia de biota adaptada a estas condiciones, comúnmente plantas hidrófitas y/o suelos hídricos o sustratos con rasgos de hidromorfismo.
Grosso dijo que la iniciativa no viene a prohibir nada, sino a fijar estándares para las actividades humanas. E indicó que la concepción de humedales es la que se consensuó en el 2017 en la secretaría de Ambiente durante la gestión de Mauricio Macri. A ello, Gabriela Estévez, también oficialista, dijo que la definición de humedales fue acordada dentro de la comunidad científica, dado que está es clave para desarrollar el inventario sobre el que habrá medidas para su protección y conservación.
Ricardo Buryaile, ex ministro de Agricultura del macrismo y diputado de la UCR, consideró “una irresponsabilidad legislativa” tratar este tema a “tontas y a locas, y a libro cerrado”. “Nos respondemos a ningún lobby. Ni a los agronegocios, ni a los mineros ni al lobby ambiental. Respondemos al mandato de nuestros representados”, dijo el dirigente formoseño y pidió negociar una integración de proyectos. Esto fue aceptado por el Frente de Todos.
La idea de dictar una ley de humedales data de 1971. La Convención Relativa a los humedales de Importancia Internacional, especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, se conoce en forma abreviada como Convenio de Ramsar, ciudad de Irán, situada a orillas del mar Caspio, donde la Convención sobre los Humedales se firmó el martes 2 de febrero de aquel año y que entró en vigor el 21 de diciembre de 1975.
En 2016, hubo un proyecto impulsado por el entonces senador Fernando “Pino” Solanas, con aprobación el 30 de noviembre en el Senado y bloqueo en Diputados. Grosso recordó que, tras asumir en diciembre de 2015, Macri también había planteado la necesidad de establecer una ley de humedales. Entre 2015 y 2018 se presentaron en el Congreso ocho iniciativas.
En 2020, en medio de los masivos incendios del Delta del Paraná, se presentaron 15 expedientes. Pero la de este jueves fue la primera vez de un plenario para elaborar con la presencia de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano; Agricultura y Ganadería; de Presupuesto y Hacienda. Estas dos últimas están presentes porque la ley que se dicte podría implicar nuevas regulaciones para distintas actividades económicas.
“El 80% de los humedales del mundo han sido destruidos. De lo que quedaba cuando se hizo la convención de Ramsar, ya se destruyó el 30%, aunque en América Latina fue peor porque se destruyó el 56% de lo que quedaba”, dijo Grosso. E indicó que recientemente se presentaron 780.000 firmas en la plataforma Change.org para pedir la sanción de la ley de humedales y un documento firmado por 190 científicos y científicas del país pidió que se impulse esta norma.
La producción y la propiedad privada
La CAEM elaboró un documento en el que advierte que la sanción de una ley de humedales que no tenga en cuenta a la actividad económica podría afectar a numerosos sectores. Para la entidad, la nueva norma “debe encontrarse en armonía y en equilibrada convivencia con las actividades productivas respetuosas del ambiente, con la finalidad de garantizar un desarrollo sustentable en todo el país”'.
Ese documento fue presentado por los integrantes de la CAEM que forman parte de la Unión Industrial Argentina (UIA) al ministro de Economía, Sergio Massa, en el almuerzo que compartieron en la sede de la central fabril, a cuatro cuadras del Congreso, mientras debatían los legisladores.
La diputada Miryam Bregman, del Frente de Izquierda, comentó que si se llegó a este momento es por la movilización popular, que marcó el tema importante ante una agenda de corte estractivista que comparten los partidos políticos que hoy son mayoritarios en el país. E indicó que la Federación Agraria Argentina y Confederaciones Rurales Argentina (CRA) comenzaron a incrementar las presiones para que no haya Ley De Humedales.
La diputada de izquierda comentó que hay una mirada mercantilista de la tierra y señaló que el Congreso deberá enfrentar un “lobby gigantesco” del sector minero, el petrolero y del “agropower”. “Tenemos el ejemplo maravilloso del pueblo de Mendoza que contra la unidad de los partidos mayoritarios logró defender la ley 7722 y rechazar el avance de la megaminería”, expresó Bregman.
Vara, por otro lado, dijo que a la hora de debatir el tema hay que prestar atención al artículo 41 de la Constitución que pone en cabeza de Nación el dictado de las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección. Pero, añadió, también a otros tres: el 124, de potestades provinciales; el 28, de razonabilidad de las leyes; y el 17 del derecho a la propiedad privada.
“Nuestros constitucionalistas nos marcan: ‘guarda’ con el derecho a la propiedad privada. Esto puede gustar o no, pero está en la Constitución. Si no hay que hacer otra Constitución y abolir el derecho a la propiedad privada. Sino va a terminar todo en la Corte Suprema de Justicia. Tenemos una Constitución y debemos respetarla. Incluso cuando no nos gusta”, dijo Vara.
