La nueva ley de alquileres que aprobó este miércoles la Cámara de Diputados tiene un destino todavía incierto en el Senado. Juntos por el Cambio necesita asegurarse al menos cuatro votos adicionales para sancionar la ley, en un clima de desconfianza por la posibilidad de que el Frente de Todos vuelva a la carga con el pliego de la jueza Ana María Figueroa.
El proyecto se aprobó en la Cámara baja con 125 votos afirmativos, 112 negativos y tres abstenciones, e introduce tres cambios importantes en la norma actual: contratos de dos años de duración en lugar de tres; actualización cada cuatro meses como mínimo, en lugar de un año; y mecanismo de ajuste de precios a acordar entre las partes.
Apenas la iniciativa obtuvo media sanción, algunos senadores de Juntos por el Cambio iniciaron conversaciones y, mientras esperan que el expediente sea girado a comisiones, empezaron a tantear el terreno para la aprobación en el recinto. El interbloque tiene 33 integrantes y necesita sumar cuatro más para el quórum de 37.
“La ley de alquileres es perjudicial. Celebro la media sanción de Diputados que corrige los artículos más dañinos. Buscaremos darle sanción definitiva en el Senado a pesar de la parálisis por la obsesión del kirchnerismo con las causas judiciales de Cristina Kirchner”, afirmó el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo.
Entre los votos que podrían conseguir está el de Alberto Weretilneck, gobernador electo de Río Negro. Sus dos diputados (Luis Di Giácomo y Agustín Domingo) votaron a favor del proyecto este miércoles y Weretilneck se dispone a acompañar desde el Senado, aunque muestra cautela y mantiene su política de “ir tema por tema”.
En el mismo sentido, la misionera Magdalena Solari Quintana (del Frente Renovador de la Concordia, partido que gobierna la provincia) podría votar en sintonía con el apoyo que dio uno de los dos diputados de ese espacio, Carlos Fernández (el otro integrante, Diego Sartori, se ausentó anteponiendo motivos de salud).
Pero con los votos de Weretilneck y Solari Quintana tampoco sería suficiente: la clave estará en el bloque Unidad Federal, integrado por cuatro peronistas disidentes (el jujeño Guillermo Snopek, el correntino Carlos “Camau” Espínola, el entrerriano Edgardo Kueider y la puntana Eugenia Catalfamo), más la schiarettista Alejandra Vigo.
“Hay criterios dispares. Queremos ver qué pasa en las comisiones”, afirmó a este medio un miembro del espacio, que mantendrá conversaciones en los próximos días. En la última sesión, que fracasó por falta de quórum, la bancada se quebró: solo Catalfamo, quien responde al gobernador Alberto Rodríguez Saá pero mantiene buena sintonía con el kirchnerismo, estuvo presente.
En el caso de Vigo, siempre votó en espejo con el bloque de diputados de Córdoba Federal, que en Diputados se dividió: mientras que Carlos Gutiérrez e Ignacio García Aresca votaron a favor, Natalia De la Sota lo hizo en contra. La senadora todavía no se pronunció públicamente.
Desconfianza
El temor de Juntos por el Cambio tiene que ver con el pliego de la jueza Figueroa, integrante de la Cámara de Casación Penal y señalada por una supuesta cercanía al kirchnerismo. La magistrada cumplió el 9 de agosto 75 años, la edad límite establecida en la Constitución Nacional, y sigue en el cargo a pesar de que el pedido para continuar por otros cinco años no fue aprobado en el Senado.
Esta semana, Juntos por el Cambio le envió una nota a la vicepresidenta Cristina Kirchner y a la titular de la Comisión de Acuerdos, Anabel Fernández Sagasti, para que “se archive” el pliego de Figueroa y quede clausurado el tema, aunque esto solo podría ocurrir si el Poder Ejecutivo retira el expediente.
El Frente de Todos ya fracasó dos veces en su intento de aprobar el pliego: primero no logró el quórum el 12 de julio, y luego intentó convocar a una nueva sesión en los días previos al 9 de agosto, pero tampoco consiguió el número y directamente no hubo citación formal.
Mientras tanto, Figueroa permanece en la Cámara de Casación amparada en una vieja reglamentación del Consejo de la Magistratura (la resolución 521 del año 2017), aunque sin firmar sentencias ni decisiones administrativas, en una situación que para Juntos por el Cambio es irregular.
En ese interbloque sospechan que el oficialismo buscaría volver a tratar el pliego antes de que termine el año parlamentario, el 30 de noviembre. “Nosotros queremos que la ley de alquileres se trate urgente, pero no queremos caer en la trampa del kirchnerismo. Figueroa no debe seguir siendo jueza. Si archivan el pliego, destraban el Senado”, dijo un senador a este medio.
