La Legislatura de Córdoba abrió desde este jueves el debate en comisión para fijar exigencias y limitaciones a las protestas o manifestaciones en la vía pública en la provincia.
En la reunión de Comisión de Asuntos Institucionales de la Unicameral cordobesa, que preside Juan Manuel Cid (Hacemos por Córdoba), se dio apertura para la exposición de un proyecto de su autoría, además de una propuesta de los radicales Dante Rossi y Verónica Garade Panetta.
En ambos casos, plantearon la necesidad de poner pautas a la realización de las marchas –sostienen que no se cercena el derecho a peticionar– para reducir el impacto en la vía pública y la circulación.
Unicameral de Córdoba: proyectos para limitar las manifestaciones
La propuesta de Cid establece una modificación del Código de Convivencia (ley 10.326) con sanciones pecuniarias, trabajo comunitario o arrestos en situaciones en las que se vean afectados la “transitabilidad y el uso de la vía pública”.
Para esto, fijó sanciones con multas pecuniarias de hasta 12 unidades de multas –UM– (que, de acuerdo con el Código de Convivencia, representa cada una el 10 por ciento del salario mínimo, vital y móvil, o sea un valor estimado en 5.455 pesos).
“Cualquier motivo o invocación, sin autorización de la autoridad competente que altere, interrumpa el normal tránsito de las vías de circulación de las personas, será sancionado”, detalla el proyecto. En este caso se trataría de una falta equivalente a 12 UM, o sea 65.460 pesos, con la posibilidad de seis días de trabajo comunitario o hasta tres de arresto.
Se fija, además, que esta falta se agrava si esta alteración del tránsito se realiza en avenidas y en puentes con sanciones el doble del valor sobre las mínimas establecidas. Esto mismo se propone si quienes se manifiestan afectan el transporte público o quienes marchan son “empleados o funcionarios públicos”.
Otro dato que se introduce en la modificación es que los montos recaudados por el cobro de las sanciones “serán destinados a resarcir a los comerciantes, a instituciones y a actividades laborales perjudicados por dichas conductas”.
El mismo proyecto tipifica sanciones para las personas que realicen deposiciones o escupitajos. Los castigos serán trabajo comunitario, multas desde 54.550 pesos o hasta 10 días de arresto. Se estipularon, además, faltas para los que arrojen basura, como para los que hurguen en contenedores. A estos puntos, Cid les incorporó en las últimas horas sanciones para quienes provean de la logística de las marchas, como del alquiler de baños químicos, junto con la obligación de informar la protesta.
“El espíritu de esta modificación es ordenar el uso de la vía pública porque no está en controversia con el derecho de peticionar, no se trata de una colisión de derechos, sino de armonizar el derecho de transitar y el de peticionar, pero que no haya desmanes en espacios abiertos. Si alguien necesita peticionar, no puede cortar Colón y General Paz porque se ven afectadas 50 líneas de colectivos”, explicó Cid.
Lo que proponen los radicales
La propuesta de los radicales Rossi y Garade Panetta está fundada en la regulación con “el objeto de garantizar el ejercicio de los derechos de libertad de expresión, reunión, de peticionar ante las autoridades, de uso del espacio público, así como el de libre circulación e integridad física durante manifestaciones públicas”.
En la propuesta se establece que, en caso de realizarse una marcha, los organizadores deberán informar al Ministerio de Gobierno y Seguridad 48 horas antes y precisar lugar, motivos y tiempo de duración.
Los legisladores avanzaron, además, en establecer que “quedará prohibido realizar manifestaciones en la ciudad de Córdoba entre las arterias Marcelo T. de Alvear- Figueroa Alcorta, Humberto Primero-Sarmiento, Maipú-Chacabuco e Illia-San Juan.
“Las marchas en la ciudad hacen imprescindible una regulación de las manifestaciones públicas. No estamos en contra de la protesta social. Pero hay que regularla. Los constantes cortes hacen que comerciantes no vendan y no puedan pagar salarios y alquiler de sus locales, los trabajadores que pierden el presentismo, los chicos que llegan tarde al colegio. Los reclamos sectoriales no pueden afectar a todos”, dijo Rossi.
Este proyecto –a diferencia de la propuesta del oficialismo– establece una ley para regular el tema, mientras que la iniciativa de Hacemos por Córdoba fija modificaciones al Código de Convivencia.
A favor y en contra
La exposición de las propuestas contó con el respaldo y el pedido de una normativa por parte de representantes de comercios y de vecinos del área central, los que participaron y aportaron datos acerca de pérdidas económicas y calidad de vida.
Las propuestas fueron cuestionadas por las legisladoras de la izquierda Luciana Echevarría y Noelia Agüero. “Si estaba escandalizada con los proyectos, ahora escuchando esta comisión lo estoy más. Me preocupa mucho que esta Legislatura, en el contexto de conflictividad social cada vez mayor, esté discutiendo cómo cercenar el derecho a la protesta”, dijo Echevarría. “Estos proyectos castigan más a los pobres”, aseguró. Ambas coincidieron en que el debate generará protestas.
Juan Manuel Cid
Hacemos por Córdoba
“Los reclamos no deben cercenar otros derechos”
“Es indudable que el derecho de peticionar a las autoridades es un derecho inalienable establecido en la Constitución Nacional, artículo 14; y Provincial, artículo 19, inciso 9. No obstante, también es una realidad incontrastable que los reclamos que pretendan hacerse a las autoridades de cualquier orden nacional, provincial o municipal no deben cercenar otros derechos también garantizados, como la libre circulación, el derecho a trabajar, etcétera”.
“Resulta claro entonces que no existe colisión de derechos de ninguna especie. El artículo 80 bis propone incorporar al Código de Convivencia la sanción por la alteración o interrupción del normal tránsito de las vías de circulación de personas y vehículos, agravando la sanción cuando la conducta afectare el paso por avenidas, puentes de acceso o vías selectivas del transporte de pasajeros” aclaró.
Rossi y Panetta Garade
“La solución no vulnera derechos que están consagrados”
“En las manifestaciones públicas suele haber un conflicto de intereses. Por un lado, encontramos la libertad de expresión, de reunión, el uso del espacio público y el derecho a peticionar a las autoridades y, por el otro, el derecho a circular libremente”.
“Lo que ocurre es que hay un uso y abuso de la vía pública que perjudica a la mayoría de la sociedad”.
“No pretendemos cercenar el derecho de peticionar. Pero se puede realizar fuera de las zonas de mayor circulación, respetando el paso por media calzada, y anoticiar a las autoridades para que se pueda ordenar mejor la situación por el bien de todos. La solución buscada no vulnera los derechos consagrados en los artículos 14 y 33 de la Constitución Nacional”.
“Buscamos prohibir la realización de marchas en el microcentro de la ciudad de Córdoba” avocó.
José Viale
Cámara de Comercio
“Queremos que se regule el uso del espacio público”
“Nosotros hemos compartido la valentía del legislador Cid porque venimos penando... porque tuvimos días catastróficos. El mes pasado hemos tenido el máximo de manifestaciones. En un mes, 10 días. De 30 días, 10 se pagaron igual luz y alquiler sin poder trabajar”.
“Estamos en un castigo que por inacción se le da a un sector, para el comercio del área central. Con el Estado provincial y municipal nos llevamos muy bien, pero en esto se hizo abandono en la vía pública... Es una injusticia que se abandone el espacio público. Se respetan, se promueven, son lícitas y saludables que la gente reclame, el derecho de peticionar, pero lo que queremos es que se regule el uso de la vía pública, la obstaculización... las manifestaciones permanentes agravan mucho el conflicto y por eso pensamos que es hora de reglamentarlo” expresó.
David Boffa
Centro Vecinal Centro
“Hoy pedimos con respeto que se cumpla el contrato social”
“Quiero compartir datos con cantidad de empleados por negocios, junto con la afectación económica por acampe... 99 personas empleadas en 27 comercios de muestra afectados, que representan una manzana, pero si tomamos que en el Centro hay 88 manzanas, la afectación fue de 3.148.000 pesos”.
“Hoy pedimos con respeto que se cumpla el contrato social, sentimos que por nuestra parte lo estamos cumpliendo, damos trabajo en el Centro, pero que las autoridades cumplan ese contrato si alguien se sale de la ley, cuando se avasallan otros derechos igualmente legítimos”.
“Hay abuelos que no pueden dormir, las tensiones están altas, necesitamos un mecanismo para que las protestas legítimas se realicen sin interrumpir otros derechos, dentro de la ley. No dejemos pasar esta oportunidad porque no podemos hacer nada ante un acampe” aclaró.
Luciana Echevarría
MST – Nueva Izquierda
“No marchan porque les gusta, no tienen respuestas”
“Me preocupa que se discuta esto en esta Legislatura cuando no se trató ni una sola medida de contención social. Encima en una provincia con índices de pobreza e indigencia peores que la media nacional. El debate que dan es sobre las consecuencias de las manifestaciones y no sobre las causas, eso tenemos que discutir... El contrato social debe garantizar derechos elementales a la población, derechos que son vulnerados. Nadie marcha porque le gusta, lo hacen porque se agotaron otras instancias, no hay respuesta... Es un círculo perverso”.
“En el 90 por ciento de las marchas el Estado provincial por acción u omisión tiene responsabilidad, incluso entre los privados. Entonces, ¿qué hace el Estado? No se hace cargo del tema e instala desde el oficialismo como desde la oposición la idea de que el problema son las manifestaciones. Nadie marcha porque le gusta” manifestó.
