En la última sesión de mayo en la Legislatura de Córdoba –que se desarrollará esta miércoles, ya que debido al Censo Nacional y al feriado del 25 de Mayo no habrá asambleas legislativas–, los parlamentarios buscarán que en el recinto lleguen varios temas para ser tratados. Los radicales volverán por cuarta semana consecutiva a instalar el debate de la inseguridad con un proyecto de resolución acerca de los policías investigados y citarán una vez más al ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera.
Desde el oficialismo se vienen respondiendo estos planteos con críticas acerca de la insistencia sobre la misma cuestión.
El nuevo pedido de resolución del radicalismo planteará que se dé información sobre el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario (ley 9.120) acerca de los “funcionarios y o el personal que se encuentra en funciones; además de los decretos o resoluciones de designaciones, así como las tareas que desempeñan. También se solicitarán datos de las causas resueltas sobre los efectivos investigados, junto con faltas y delitos.
Marcelo Cossar, uno de los legisladores que pedirá el tratamiento del proyecto de resolución, con el apoyo de sus pares radicales, aseguró que la Provincia debe explicar si efectivamente suman unos 4 mil los policías investigados por el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario. Aunque aseguró que el número es superior.
El Organismo de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana de Córdoba, que reemplazó al tribunal antes mencionado, informó justamente hace unos días atrás que en los primeros tres meses de 2022, 111 uniformados fueron desplazados de sus trabajos por estar investigaciones por supuestas inconductas. En total, dio a conocer 765 causas abiertas que están bajo investigación.
Por lo que en esta oportunidad en el recinto, la situación de los agentes investigados será lo que se pondrá en discusión, junto con otras consultas sobre la cantidad de efectivos en relación con el número de habitantes y partidas presupuestarias.
Según el informe que presentará el radicalismo, suman 4.675 los casos de efectivos policiales.
“En el 9,5 por ciento de los casos los policías ya estaban desplazados de sus puestos al recibir al renuncia… esto quiere decir que antes de recibir la denuncia la fuerza policial ya los movió del puesto, ¿o sea que ya sabían que algo malo sucedía?”, se preguntó el legislador Cossar en el informe realizado.
Partidas en seguridad
“Desde 2016 a 2019 el gasto en seguridad se mantuvo en el 12,3 por ciento del gasto total, mientras que el delito se incrementó un 7,9 por ciento. En 2021, el gasto en seguridad perdió 3.340 millones de pesos desde que se realizó el presupuesto hasta que se lo ejecutó”, aseguró.
“Esto, además de mostrar una dinámica del gasto y puntualmente en seguridad, demuestra que el presupuesto que se lleva a la Legislatura en la Ley de Presupuesto es un dibujo que sufre modificaciones estructurales durante el año, y esto no solamente se ve en el gasto en seguridad. Puntualmente, para 2021, los gastos en educación, trabajo, vivienda y asistencia social también perdieron peso presupuestario”, aseguró el radical.
Pedido sobre la Caja de Jubilaciones
Otro de los temas que la oposición solicitará que se trate en el recinto será la situación de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiro de Córdoba. Alberto Ambrosio, de la bancada Juntos por el Cambio, presentó un proyecto de resolución para que “se explique y acompañe el plan de acción estratégico para normalizar el funcionamiento” de este organismo.
“Desde 1996, la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiro de la Provincia de Córdoba se encuentra intervenida. En palabras de la propia Provincia, la intervención no es normal, tal como se ve plasmada en la ley 10.333... De hecho, en esa ley expresamente se ordena al Ejecutivo provincial una tarea que a la fecha no se realizó y motiva esencialmente el presente. Se encomienda al Poder Ejecutivo la adopción de las medidas conducentes para la normalización de la Caja de Jubilaciones”, expresó Ambrosio.
“Estamos en 2022, con normas inclusive desde entonces que han sido muy criticadas... y el órgano previsional provincial tiene un funcionamiento de excepción, y no el natural que su normativa de creación para un adecuado control y balance de representación”, sumó el legislador del PRO.
