La Legislatura de Córdoba aprobó este jueves, poco antes de las 2 de la madrugada, el proyecto de ley del Tribunal de Cuentas, en medio de cuestionamientos por parte de los bloques del radicalismo e Independiente y ante las críticas de los tribunos electos por la mayoría, Beltrán Corvalán y María Fernanda Leiva.
El proyecto de ley, que derogará la ley 7.630, de 1987, establecerá cambios sustanciales en las atribuciones que tendrán los tribunos y los secretarios que cuenta este órgano de control provincial.
Unos minutos antes de la medianeda con el albertismo.
Antes de iniciado el debate, los legisladores de Juntos UCR, Encuentro Vecinal, la izquierda y la bancada Independiente ya también habían adelantado en conferencia de prensa que apuntarán a la derogación de esta normativa desde el 10 de diciembre, cuando cambie la conformación de la Unicameral cordobesa. Y denunciaron que el proyecto se trata de una limitación en los controles, además de las críticas por la no revisión de gastos reservados, combustible, pasajes aéreos y auditorías, entre otros puntos.
En un clima tenso no visto en la Legislatura en los últimos casi dos años, desde cuando se enfrentaron en el recinto los bloques legislativos por la aprobación del juego on line en diciembre de 2021, el oficialismo avanzó en esta madrugada en el proyecto con el que aseguraron se dará “modernización y digitalización” al Tribunal de Cuentas. El PJ consiguió 48 votos a favor y 12 en contra.
La vicepresidenta de la Legislatura, Nadia Fernández; y el oficialista Juan Manuel Cid fueron dos de los parlamentarias del PJ encargados de llevar adelante la defensa de los principales capítulos que fueron incorporados.
“De ninguna manera esto es un golpe institucional (según lo expresado por la oposición radical), hemos explicado detalladamente en qué consisten las reformas a la normativa vigente en relación con el funcionamiento del Tribunal de Cuentas. Son reformas muy interesantes y en las que estamos plasmando una resolución con la cual ya viene trabajando el Tribunal de Cuentas”, dijo Fernández.
“Se instaura una serie de procesos administrativos más modernos, una digitalización absoluta justamente para controlar a los tres poderes del Estado que han migrado también a la digitalización. Es necesaria la actualización porque, además, es una ley que tiene 37 años, que habla todavía de la bicameralidad, cuando hace 20 años que somos unicameral. Toda esta modernización hace a la transparencia a los procesos de control a estos tres poderes”, insistió la legisladora.
“La oposición a veces lo presenta al Tribunal de Cuentas como un cuarto poder, cuando no lo es. El Tribunal de Cuentas es como una especie de ojo técnico también del parlamentario. Es importante que la sociedad comprenda que no hay posibilidad de control en estos tiempos, en donde todo está digitalizado, sin la modernización de todos los procesos dentro del Estado, también del Tribunal de Cuentas. Esta ley lo que viene a hacer es instalar o darles previsibilidad y permanencia jurídica a todos los procesos administrativos de contralor”, agregó la legisladora.
Ante la consulta por qué se había decidido en una misma sesión abordar el paquete presupuestario, la creación de una agencia, un proyecto de modificación del Código Electoral y la ley del Tribunal de Cuentas, dijo: “No sé si los legisladores opositores no quieren trabajar ni los viernes ni los lunes. Hasta el 9 de diciembre nosotros no podemos pretender permanecer en una especie de estado larvario, congelados, esperando que venga el 10 de diciembre, todo lo contrario. Hay muchas cosas que están pendientes y que es necesario sacar y es nuestro deber. Estamos haciendo nuestro trabajo”, insistió.
Desde el bloque Juntos UCR aseguraron que se pretende legalizar el uso oscuro de los fondos públicos y denunciaron que el proyecto busca limitar los controles de los tribunos.
“A tres semanas del recambio, se acuerdan que el Tribunal de Cuentas tiene que modernizarse, nadie les puede creer”, dijo en el recinto, al cierre de esta edición, la radical Elisa Cafaratti.
“El sentido de este proyecto es evadir controles y retacearles funciones a un órgano de control. Como legisladora reelecta voy a trabajar para derogar esta iniciativa que denota una burla a la voluntad popular, un desprecio por los principios republicanos, en definitiva una concepción de que la política es un partido de truco donde gana el más pícaro... Lo que queda claro es que Juan se va de la peor manera”, dijo la radical Daniela Gudiño.
Por la tarde, en una rueda de prensa y mientras se debatía el Presupuesto 2024, los legisladores radicales, la parlamentaria del bloque Independiente Cecilia Irazuzta y los tribunos electos habían cuestionado al gobernador Juan Schiaretti y al futuro mandatario provincial, Martín Llaryora; y asegurado que con la nueva conformación del cuerpo legislativo, desde el 10 de diciembre próximo, pedirán la derogación de la ley del Tribunal de Cuentas.
“Nunca en lo personal pensé que Schiaretti eligiera irse de la gestión, cerrar un ciclo de 25 años, tan mimetizado con las peores prácticas del kirchnerismo. Lo que estamos viendo acá dentro hoy es un kirchnerismo o un cordobesismo explícito. No avalamos este atropello que claramente va en contramano de lo que la ciudadanía eligió. La ciudadanía eligió un gobernador, que es Llaryora, pero eligió un equilibrio en la Legislatura y eligió un Tribunal de Cuentas”, dijo el legislador radical Marcelo Cossar.
Corvalán apuntó, por su parte, al recorte de los controles que aseguró ingresó el oficialismo a horas del debate legislativo, como las limitaciones a las auditorías y el control sobre los gastos reservados. “Schiaretti se está yendo ni como lo peor del kirchnerismo. Este presupuesto de 2024 trae un aumento del 500% de los gastos reservados en relación al año 2023, lo cual resulta escandaloso. Sumado a esto que son gastos discrecionales, que no pasarán por el Tribunal de Cuentas y que, además, la ley prevé ampliarlos al Ministro de Gobierno y de Justicia, cuando hoy tiene reservados Seguridad, la jefa de Policía y Justicia. Así que también eso nos parece parte de este escándalo”, dijo Corvalán.
El oficialismo también daba continuidad esta madrugada al tratamiento sobre tablas del proyecto del radical Orlando Arduh, quien planteó a horas de la sesión modificar el plazo de convocatoria a elecciones. Esto tensó el clima en el recinto, ya que la oposición desconocía este tratamiento en una sesión maratónica.
