La Legislatura de Córdoba dará tratamiento mañana en el recinto al proyecto de ley de seguridad enviado por el gobernador Martín Llaryora con un debate que volvería a tensarse por la paridad de votos entre el oficialismo y las bancadas de la oposición.
Es que el oficialismo tiene la certeza de los 33 votos de Hacemos Unidos por Córdoba y va en busca de aliados.
Ya lo consiguió en la última sesión, en la que tuvo el apoyo de la legisladora Karina Bruno, quien se escindió de Juntos por el Cambio y armó un monobloque; y el de Federico Alesandri, de Creo en Córdoba (del kirchnerismo).
Ahora, frente al proyecto de seguridad, el bloque del PJ volvería a la misma fórmula: asegurarse los 33 legisladores propios y contar con aliados. Con Bruno y Alesandri podría llegar a 35 y buscaría agregar al libertario Agustín Spaccesi, aunque en esta normativa el e La Libertad Avanza ya advirtió que sigue estudiando el tema.
Sin este voto del libertario, la vicegobernadora Myrian Prunotto desempataría e inclinaría la balanza a favor del PJ. Algo que ya sucedió en la última sesión.
Qué dice la oposición
Hasta el lunes, el interbloque de Juntos por el Cambio era reacio a acompañar la propuesta de Llaryora. En esa misma línea se expresaron también los miembros de otras bancadas, como Rodrigo Agrelo (Encuentro Vecinal), a quien se sumaría por la negativa la legisladora de la izquierda Luciana Echevarría.
“Estamos dispuestos a analizar propuestas que busquen mejorar el combate contra la delincuencia, una demanda de los cordobeses, pero contra toda delincuencia, en especial la VIP. Nuestra propuesta es extender a la totalidad de los fiscales el deber de perseguir casos de corrupción, ya que hoy sólo dos que pueden hacerlo. También aprobar leyes de Ficha Limpia, Integridad en la Función Pública y Acceso a la Información Pública”, explicó Gregorio Hernández Maqueda (Coalición Cívica-ARI).
Para la radical Brenda Austin, “es grave” que se dé tratamiento a un proyecto de ley de seguridad el mismo día en que se realizarán protestas sociales.
“Lo que dice el proyecto es grave y le corre la responsabilidad del Estado en la materia... No son más policías ni mejor entrenamiento, tampoco son protocolos de control para evitar crisis en las fuerzas, o la connivencia con el delito, como pasó en el sistema penitenciario. Lo que quieren hacer es transferir su responsabilidad a otros actores: los privados y los municipios”, expresó Austin.
“Modifican el Sistema de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana para incorporar como parte integrante a las prestadoras privadas. El Estado delega, transfiere, pone en manos privadas parte de su función esencial de prevenir y combatir el delito”, agregó la radical.
Y detalló: “Otro dato preocupante es el artículo de las cámaras de vigilancia. Obliga, no invita, a todo aquel que tenga cámaras a que tome imágenes de la calle y la conecte al sistema privado. Hay buenas experiencias para copiar, no esto. Esperamos que el oficialismo recapacite y no relegue su función central”.
En el mismo sentido, Agrelo cuestionó el uso de las cámaras de privados y agregó otros planteos.
“La ley propuesta tiene tres problemas graves: violar la intimidad de las personas, delegar a los municipios obligaciones de la Provincia, y el riesgo de responsabilidad solidaria de los municipios y la provincia en demandas contra agencias de seguridad privadas”, detalló.
“Se propone conectar las cámaras de seguridad privadas a la Policía convirtiendo a Córdoba en un Gran Hermano. Toda imagen orientada a espacios públicos y de espacios privados de acceso público, como bancos, clubes o supermercados deberán estar conectadas en tiempo real a las fuerzas de seguridad. Es una violación de la intimidad de las personas”, aseguró.
El legislador Dante Rossi (Construyendo Córdoba) dijo que aún no tiene una decisión tomada, aunque advirtió: “Recepta varias inquietudes que desde la oposición venimos planteando hace cuatro años. Hubo un ascenso significativo de casos de robos y hurtos”.
Especialistas
Este lunes, se sumaron especialistas con algunas observaciones en un trabajo de integralidad con los municipios.
El proyecto de ley de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana, que impulsa el Ejecutivo provincial, se basa en cuatro puntos de reestructuración ligados con la gobernanza y que apuntan a poner fin a la ley 9.235, junto con una “coordinación y concertación de las políticas entre el sector público y privados”.
Además , plantea la creación de un instituto de planificación de políticas de seguridad para la capacitación de las fuerzas provinciales, guardias locales y empresas prestadoras de seguridad. En el tercer punto se fija la institución de estas guardias de prevención y convivencia con agentes capacitados para el uso de armas menos letales.
El cuarto punto incorpora al sistema las empresas privadas de seguridad para que también el personal autorizado pueda utilizar armas menos letales.
Estos últimos ítems fueron los que más se debatieron el lunes en comisión, sobre todo en lo relacionado con la adhesión de los municipios, el rol de las guardias locales, la incorporación del privado en seguridad y su capacitación y uso de las armas.
Además, hubo coincidencias por parte de los especialistas para lograr una ley con planificación, estudio del delito con indicadores y capacitación a través del instituto previsto.
