Después que se hiciera pública la muerte de César Moreno en la cárcel de Bouwer y que el fiscal José Mana imputara como presuntos autores del delito de “tortura seguida de muerte” a nueve miembros del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC) y de varios pedidos de informe de la oposición, este miércoles se constituyó la Comisión de Seguridad de la Legislatura de Córdoba para abordar puntualmente la situación de los detenidos en Córdoba.
Se trató de una reunión de comisión a puertas cerradas en las oficinas del Ministerio de Justicia y Trabajo provincial, la que generó el enojo de algunos legisladores opositores por no conformarse el cuerpo legislativo en la misma Legislatura. En esta comisión participaron más de 20 parlamentarios, el secretario de Organización y Gestión Penitenciaria, Gustavo Vidal Lascano; y el ministro del área, Julián López, además de autoridades del Servicio Penitenciario.
La comisión estuvo presidida por la titular de Seguridad de la Unicameral, la legisladora y vicepresidenta del cuerpo legislativo, Nadia Fernández; y tuvo como ejes principales el caso de Moreno, que llevó a la imputación de un director, siete guardias, una médica psiquiátrica y a otro profesional de la salud, además de la situación de intervención del sistema.
Juan María Bouvier, entonces jefe del Servicio Penitenciario de Córdoba, está preso desde diciembre pasado en el marco de las irregularidades que se investigan en la “Causa Bouwer”. El “amo” de las cárceles de Córdoba, como se lo llamó, estuvo 15 años al frente del SPC.
Tras la reunión, Fernández confió que se trató de una instancia de diálogo sobre cuestiones “relacionadas con el proceso de reorganización del Servicio Penitenciario encarado por el Gobierno provincial en los últimos meses”, en la que los legisladores pudieran despejar sus inquietudes.
“La inseguridad es uno de los problemas que más preocupa a los cordobeses. Y en este contexto, lo que sucede en nuestras cárceles es también materia de análisis a la hora de diseñar políticas públicas para combatir este flagelo que se agudiza con la crisis que vive el país. Los cordobeses necesitan a los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial trabajando juntos y de manera articulada. Y esta reunión fue el reflejo de esta vocación de diálogo y trabajo mancomunado entre todos quienes tenemos responsabilidad de gestión”, expresó Fernández, quien llevó adelante la reunión entre los legisladores y los funcionarios.
“Se invitó a todos aquellos legisladores interesados en conocer el estado de situación del tema. Previamente se hizo saber a Vidal Lascano de todos los pedidos de informe y se dio un estado de situación general acerca de las intervenciones que se hicieron en el sistema penitenciario desde la intervención, o sea desde la salida de Bouvier”, confiaron desde el oficialismo.
Alejandra Ferrero, presidenta del interbloque de Juntos por el Cambio, explicó que hubo un pedido expreso para que los funcionarios concurran al recinto, además de planteos puntuales sobre el sistema. “Debido a la muerte de Moreno, que tenía antecedentes psiquiátricos hicimos pedidos por esto, evidentemente están tratando de ordenar la catástrofe que tienen, no pudieron dar explicaciones respecto de la superpoblación carcelaria, el hacinamiento, de la capacitación del personal del Servicio Penitenciario debido a los numerosos casos de violencia institucional”, resumió Ferrero. “Concurrimos a la reunión, pero les aclaramos que no respondieron los pedidos de informe y que hay citaciones para que concurran a la Legislatura”, insistió la radical.
En la misma línea se expresó la legisladora Ariela Szpanin, quien resaltó que se insistió sobre la atención médica así como sobre la prestación de servicios de emergencia como de salud mental.
Gregorio Hernández Maqueda, legislador de la Coalición Cívica y autor de uno de los pedidos de citación al ministro López, remarcó la preocupación sobre la cantidad del presos sin condena y las capacitaciones. “Me reconocieron que hay un 70 por ciento en situación de prisión preventiva, y les dijimos que los funcionarios deben concurrir a las comisiones. Igualmente nos permitió conocer la cantidad de presos sin condena, lo que es preocupante”, expresó el legislador opositor.
