Un grupo de legisladores provinciales de la oposición insistirá en la Legislatura de Córdoba con un proyecto de resolución en el que se solicitará que se constituya la Sala Acusadora y se abra una instancia de juicio político contra el ministro de Cooperativas y Mutuales, Martín Gill, quien está imputado desde marzo pasado en una causa en su contra por violencia de género.
Hace cuatro meses atrás, legisladores del interbloque de Juntos por el Cambio habían presentado un proyecto de resolución para que se habilite la instancia de juicio político contra el exintendente de Villa María, además de un pedido al gobernador Martín Llaryora para que aparte al ministro de su cargo hasta tanto resuelva su situación judicial.
En esa oportunidad, el legislador Gregorio Hernández Maqueda había pedido el tratamiento sobre tablas del proyecto, pero la propuesta no contó con los votos necesarios, por lo que giró a comisión.
Por lo que transcurridos ya más de 45 días desde su tratamiento en el recinto, el legislador confirmó a La Voz que en la próxima sesión en la Legislatura de Córdoba, el miércoles 21, volverá a solicitar el tratamiento sobre tablas, es decir que en el recinto se aborde el proyecto para promover ante la Sala Acusadora la apertura del procedimiento de juicio político a los efectos de ser removido de su cargo.
Este proyecto cuenta desde su presentación con la firma de los opositores de Juntos por el Cambio: Alejandra Ferrero, presidenta del interbloque; Walter Nostrala, titular de la bancada del Frente Cívico, Patricia Botta; del PRO; Dante Rossi, de Construyendo Córdoba, además de Hernández Maqueda.
“Habían rechazado el tratamiento del proyecto sobre tablas y ahora voy a solicitar volver a llevar el mismo proyecto, el que puede ser aprobado para ser tratado con la mayoría simple. Veremos cómo votan los que pidieron que caigan quien tenga que caer, las lideresas, los que dicen ser progresistas”, indicó Hernández Maqueda.
“En los términos del artículo 112° de la Constitución de Córdoba, Gill debe ser removido del cargo por causal de indignidad y posible comisión de delitos dolosos”, insistió.
En la Legislatura hay un segundo proyecto iniciado por Ferrero, Brenda Austin, Botta, Matías Gvozdenovich, Rossi, Nostrala y Hernández Maqueda en el que los opositores solicitaron al gobernador que aparte de su cargo al ministro de Cooperativas y Mutuales por las acusaciones en su contra hasta tanto se resuelva el proceso judicial.
“Por la gravedad de la imputación delictiva, que resulta incompatible con las funciones que un representante del Gobierno de Córdoba debe observar, el gobernador debe apartar al ministro”, se fundamentó en esta otra propuesta de la oposición.
“Se necesita una decisión política clara. Hay mujeres peronistas que están avergonzadas porque realmente muchas han dado esta batalla real contra la violencia, pero el problema de LLaryora es la hipocresía. La doble vara para todo con lo que manejan”, expresó Ferrero, que fue parte del grupo de legisladores que pidió el apartamiento de Gill.
También la legisladora de la izquierda Luciana Echevarría presentó un proyecto en el que solicita que el ministro se aparte del cargo.
Fuentes del oficialismo ratificaron que se trata de un hecho de índole privada y que prima la presunción de inocencia.
