La defensa de Lázaro Báez, el empresario condenado en las causas “ruta del dinero K” y “Vialidad”, solicitó este lunes la realización urgente de una audiencia ante el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4). El objetivo es que se avance en un nuevo cómputo de la pena y se revean las condiciones en las que actualmente cumple su detención.
Este pedido surge a raíz de un reciente fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, que ordenó al TOF que realizara un nuevo cómputo de la pena de Báez, luego de la unificación de sus condenas. Los jueces de Casación argumentaron que no se pudo precisar cuánto tiempo de pena ya cumplió Báez desde su primera detención hasta la actualidad, debido a que, al momento de unificar las sentencias, no se llevó a cabo este cómputo.
La postura de Casación es clave, ya que abre la puerta a rediscutir cuántos años y de qué forma Báez debe cumplir su condena. Esto podría llevar a la defensa a insistir en que el empresario acceda nuevamente al beneficio de la prisión domiciliaria, modalidad en la que se encontraba antes de que la Corte Suprema de Justicia confirmara su condena en la causa Vialidad.
En el escrito elevado al TOF 4, al que tuvo acceso TN, la defensa argumenta que Báez lleva cumpliendo “ininterrumpidamente alguna forma de medida cautelar restrictiva de la libertad personal desde abril de 2016”. Además, citaron la postura del fiscal ante Casación, Javier De Luca, quien señaló que “los jueces no pueden omitir el período que un condenado padeció en prisión preventiva” en tramos de la misma causa. El documento también destaca que Báez no presentó incumplimientos durante su prisión domiciliaria anterior, por lo que no ven “pertinente retrotraer la situación a una más gravosa”. Se enfatizó que el Ministerio Público Fiscal también puntualizó que, al practicarse el cómputo unificado, “deberá valorarse adecuadamente el tiempo de prisión preventiva sufrido”.
Paralelamente, la defensa también solicita que el Tribunal pida un informe exhaustivo sobre las actuales condiciones de detención, situación de alojamiento, alimentación y, en particular, el estado de salud de Báez. Este pedido se fundamenta en el hecho de que, desde su detención, Báez se encuentra alojado “en un buzón permanentemente”, incomunicado por hasta seis horas, con sólo dos o tres lapsos de 30 minutos fuera de su celda al día.
El informe también destaca que Báez ha sufrido distintos episodios de salud, y el más reciente ocurrió el 26 de junio, cuando se indicó la necesidad de una interconsulta con un cardiólogo que aún no se concretó. Sus abogados sostienen que la función de los jueces en esta etapa “no se agota en verificar formalidades”, sino que impone “un deber positivo de protección sobre el modo en que se cumple la pena, en armonía con los derechos fundamentales de las personas condenadas”.
Cabe recordar que Lázaro Báez cumplía prisión domiciliaria en El Calafate por la “ruta del dinero K” y, tras la confirmación de su condena en el caso Vialidad, fue trasladado al Escuadrón 42 Cabo Víctor Manuel Guerrero, en El Calafate, para luego ser alojado en la Unidad Penal 15 de Río Gallegos, en Santa Cruz.
