El sábado último, en el comienzo del endurecimiento de restricciones por la escalada de contagios de coronavirus, La Voz advirtió que un aspecto central en esta nueva fase iba a ser la policialización de la pandemia.
“Esta vez, el peso del protagonismo policial no deberá ser tan central, y mucho menos excesivo”, se escribió.
Ese mismo día, el Gobierno se ocupó de difundir imágenes de diferentes puntos de control, sobre todo en la ciudad de Córdoba, y hasta fotos de la jefa de Policía, Liliana Zárate, vigilando desde el helicóptero oficial que las restricciones se mantuvieran a raya.
El domingo fue el turno de declarar la cantidad de fiestas “clandestinas” cerradas, y entre lunes y martes tocó el turno para la reaparición pública del ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, ausente en los días anteriores tras dar positivo de Covid.
Hasta entonces, todo venía saliendo según lo deseado desde el Panal: no había hasta ese momento inconvenientes severos ni críticas, y la Provincia hasta se dio tiempo para diferenciarse del Gobierno nacional, al afirmar que aquellos cordobeses que habían viajado a otros lugares durante el fin de semana iban a poder regresar a sus hogares.
La situación cambió el martes a la tarde, cuando todo comenzó a enrarecerse. Comerciantes y vecinos autoconvocados que pedían (y piden) que abran las escuelas denunciaron que comenzaron a ser “visitados” en sus domicilios particulares por grupos de policías que, tras tocar el timbre, comenzaban a leer en voz alta los detalles del decreto de necesidad y urgencia del Gobierno nacional que rige hasta el 11 de junio.
Sin necesidad de muchas palabras, los policías advertían a los ciudadanos qué podía pasarles si participaban de la manifestación convocada en el Centro para ese día a la tarde.
“Me llamó la atención que sepan nombre y apellido mío si yo soy un comerciante. La titular del local es mi esposa, ¿cómo sabían mi nombre y apellido? Es muy preocupante esto”, denunció Cristian Soria, de la Red de Comerciantes Unidos, uno de los vecinos que dijeron haber sido “visitados” por la Policía.
“Visitas”
¿Quién ordenó estas “visitas”? ¿Bajo qué argumento? ¿Cómo se identificó a estos vecinos?
Luego de que estas denuncias se hicieran públicas, minutos después de las 20 del martes el Ministerio de Seguridad informó de manera oficial que no había dispuesto notificación alguna previa a la movilización.
“La consulta debiera formularse ante la fiscalía de Emergencia Sanitaria, que tiene jurisdicción sobre el particular. La cartera de Seguridad es ajena a las notificaciones practicadas”, se agregó.
Así, se indicaba que el responsable de la situación era el fiscal Andrés Godoy, quien a poco de asumir de manera provisoria (aún debe revalidar su cargo como fiscal por concurso), el 17 de marzo del año pasado quedó al frente de la flamante “Unidad Fiscal de Emergencia Sanitaria (Ufes), para dar tratamiento a los hechos delictivos vinculados a la propagación de la pandemia”.
Godoy fue noticia en 2020 ya que, durante la parte más dura de la cuarentena, imputó a representantes del Suoem y de la UTA por manifestar, y también a dos médicos de un geriátrico en el que se produjo un brote, acusación que generó una marcha inédita en Córdoba y en el país.
Desde entonces, la persecución judicial por violar la cuarentena contra aquellos que salían a protestar menguó de manera drástica.
Puertas adentro de Tribunales 2 se sostiene que Godoy tuvo que lidiar con una doble presión: interna y del Gobierno. Incluso, recuerdan que su relación con el ministro Mosquera quedó resentida luego de que la Ufes pusiera en duda la cifra oficial que la Policía brindaba todos los días sobre imputados por violar la cuarentena.
El comunicado de Mosquera de las últimas horas ahondó en esa misma dirección. Tanto en Jefatura como en el Panal sostienen que fue una torpeza judicial mandar a los policías a realizar esas “advertencias”. Que se generó una sospecha grave en medio de una nueva restricción que hasta ese momento no mostraba mayores sobresaltos públicos.
Ministerio Público
Pasaron 18 horas desde el comunicado de Mosquera hasta que ayer el área de prensa del Ministerio Público Fiscal publicó una gacetilla en la que intentó explicar lo sucedido.
Según recordó el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, desde el inicio de la emergencia sanitaria dispuesta por el Ejecutivo Nacional, a principios de 2020, los fiscales de instrucción inician actuaciones contra aquellas personas que no respeten las medidas.
Además, se informó que, ante esos hechos, se realiza una “previa identificación” de los “presuntos infractores”, lo que lleva adelante la Policía Administrativa.
En el medio de todo, Godoy no atendió a la prensa y nadie más habló desde la Fiscalía General.
Al respecto, La Voz consultó a varios fiscales y abogados penalistas, quienes coincidieron en que no es usual que se convoque a la Policía para “notificaciones preventivas”.
“Los fiscales tienen que hacer cesar una conducta delictiva cuando se esté realizando o cuando ya fue realizada. Los fiscales no actúan de manera preventiva, la Policía es la que tiene que hacer prevención”, explicó un experimentado funcionario judicial.
Otro colega advirtió que la actuación “preventiva” de Godoy puede llegar a entenderse en una idea de “preservar la paz social”, una norma que aparece en la última modificación a la ley del Ministerio Público Fiscal. “De todos modos, se ha caminado en una cornisa respecto del espionaje”, apuntó otro. En ese sentido, las fuentes coincidieron en que la Policía no pudo haber sido ajena a esta maniobra.
