Las prepagas Swiss Medical, Asociación Mutual Sancor Salud y Medicus iniciaron acciones judiciales en contra de la cautelar de la Superintendencia de Servicios de Salud, que dispone que las empresas de medicina retrotraigan los aumentos y reintegren a sus afiliados los montos cobrados tras la liberación de precios decretada a través del DNU.
Según informó La Nación, las prepagas califican como “descabellado” devolver el dinero” percibido durante los primeros cuatro meses del año, por lo que hicieron una presentación ante el Juzgado Federal 9 de la Cámara Federal, Civil y Comercial.
Es el mismo juzgado donde el Gobierno presentó una medida cautelar para calcular incrementos de las cuotas según la inflación y acordar un mecanismo para la devolución del dinero que las prepagas habrían cobrado en exceso entre enero y abril.
Las prepagas rechazan que los incrementos a sus afiliados hayan sido abusivos y sostienen que el cambio de criterio del Gobierno nacional entre el DNU y la cautelar dio un “giro dramático” a los cálculos de las empresas.
Detrás de la jugada judicial aparece Claudio Belocopitt, apuntado por el Gobierno de Milei como el responsable de la escalada de precios en el sector de la medicina prepaga. “¿Se nos fue la mano a nosotros o se le fue la mano a la inflación”, dijo días atrás el poderoso empresario, desafiando a Milei.
Con la presentación judicial de las empresas de medicina prepaga, la situación de sus afiliados quedó en el limbo.
En la cuestión de fondo cuestionada por esta prepagas, la Superintendencia de Servicios de Salud “no es autoridad aplicación para verificar y, en consecuencia, validar el aumento que pudiera haber aplicado sobre las cuotas de sus afiliados en el mes de enero de 2024″.
De acuerdo a lo publicado por La Nación, la Superintendencia sostiene que su función es la de fiscalizar a las empresas para garantizar la libre competencia del mercado. Justificó así su intervención en el mercado.
Belocopitt argumentó que el sector de la medicina privada sufría un “desfasaje previo como consecuencia de políticas económicas restrictivas excesivamente regulatorias”. En ese marco, descartó el reintegro de los montos “abusivos” de las cuotas a sus afiliados.
Al expediente judicial las empresas adjuntaron datos para sostener que en los últimos cuatro años la inflación habría acumulado 1.147 por ciento, mientas que la cuota habría subido 667 por ciento, es decir poco más de la mitad.
Con ese argumento, Belocopitt dijo que lo ya cobrado a los afiliados no cubre el desfasaje ocasionado por la intervención del Estado durante el gobierno de Alberto Fernández.
Para las empresas, un reintegro de los aumentos es “inviable”.
En su contraofensiva, el Gobierno sostiene que las empresas giraron sólo el 80 por ciento de lo recaudados a clínicas, sanatorios y prestadores, cuando debieron haber transferido el 90 por ciento.
Más allá del trámite judicial, en mayo el principal grupo de prepagas debería ajustar el valor de sus cuotas, tal como determinó el Ministerio de Economía en medio de un expediente administrativo por supuesta cartelización.
