Que Anses se salteó el aumento del 7,2% de enero del 2024. Que nadie los escucha, que son el pato de la boda. Que siguen en emergencia, que el bono se los dan a algunos y a otros no. Que los que entraron por moratoria tienen el mismo trato que los que hicieron los aportes de ley. Que en Córdoba la Caja les saca mucha plata por el famoso artículo 58. Que nadie les paga el 82%, total no hacen marchas masivas. Que el aporte solidario no tiene nada de solidario.
Los mayores de 60 años suman en Argentina casi el 18% de la población: son ocho millones de personas. Están siempre presentes en los discursos que enarbola la política, pero lo cierto es que todos los gobiernos, de todos los colores partidarios, se las han amañado para licuar el gasto previsional y cerrar mejor las cuentas fiscales.
Para la Nación, es por lejos la partida más relevante de su gasto: casi el 50%. Para la provincia de Córdoba, que tiene sistema previsional propio, está casi a la par de su partida salarial. En el 2024, el gasto previsional representó el 21% del gasto corriente de la Provincia.
Las gestiones de Javier Milei y de Martín Llaryora llevan 20 meses. Ambos encendieron la licuadora en sus inicios, aunque lo hicieron a diferentes velocidades. Ninguno promovió cambios estructurales que aseguren la sostenibilidad del sistema. Sí apelaron a medidas de emergencia que permitan mejorar los números del corto plazo, pero es la gran deuda pendiente de nuestra Argentina: cómo asegurarle a todos sus habitantes, al momento de su retiro laboral, una prestación digna para vivir cuando son 23 millones los que trabajan pero menos de 10 millones los que aportan, entre estatales y privados.
En Córdoba, 195.196 activos aportan a la Caja (116.190 beneficiarios).
Un ejemplo, una historia
Marta es docente jubilada de la Provincia y a la vez, cobra de Anses una pensión mínima derivada de su esposo. En enero del 2024, el primer mes íntegro que pagó la administración de Llaryora cobró en mano $ 460.669.
Un año y medio después, en junio pasado, la Caja de Córdoba le pagó $ 873.914: un aumento neto del 90%. En ese período, la inflación acumulada fue del 146,6%. Si la comparación se hace con el haber bruto –antes de los descuentos– el incremento fue 121%: pasó de cobrar $ 512.130 a $ 1.130.588.
Más sustancial, pero casi 26 puntos debajo de la inflación.
En tanto, por la pensión de su esposo que le paga Anses, en enero del 2024, Marta percibía $ 102.541 en mano. En junio pasado cobró $ 443.373, lo que representa un aumento del 332,4%, más del doble de lo que fue el aumento de precios.
Si la comparación se hace con el haber bruto, la variación es idéntica, porque Anses no incrementó ni la cantidad ni los porcentajes de sus descuentos: pasó de $ 105.712 a $ 457.086, lo que arroja una suba del 332,4%.
“Es tremendo todo lo que me descuenta la Caja, se lleva un tercio de mi pensión”, dice Marta. Efectivamente, en las retenciones que aplica la Caja provincial reside parte de la explicación.
Marta es una de las 20 mil beneficiarias (sobre un total de 116 mil) que sufre el descuento de un porcentaje del haber que le paga la Caja por tener un segundo beneficio.
En su caso, le descuentan $ 135.543, lo que equivale al 30,5% de la pensión que le paga Anses. Este famoso aporte solidario alcanza a los beneficiarios con doble beneficio: cuando superan las seis jubilaciones mínimas, el descuento equivale al 20% del haber que paga la Caja cuando el haber que se cobra fuera de la Caja supera el 20% de los ingresos de la Caja.
Como la jubilación mínima sigue estando en $ 210 mil (lo que se aumentó ahora es el complemento), los haberes que superen el 1,26 millón están alcanzados por el descuento.
“Venimos reclamando la eliminación del artículo 58”, sostiene Roberto Cristalli, titular de UEPC, el gremio que agrupa a los docentes. “En este momento pedimos que el dinero de Nación se utilice para eliminar el diferimiento y que todos los jubilados docentes cobren a los 30 días”, dice.
El caso de Marta ilustra el fuerte deterioro del poder adquisitivo de las jubilaciones docentes frente a las prestaciones que perciben otros retirados del Estado provincial. Son el sector más numeroso: 43.163 pasivos, el 37% del total de beneficiarios del sistema. A diciembre del 2024 la movilidad docente fue del 96,8%, según el informe anual de la Caja. Fue el sector que peor la pasó, dado que los jubilados judiciales tuvieron un aumento anual del 137%; los bancarios del 161% y Epec, del 131%.
Lejos, los más beneficiados fueron los jubilados de la Municipalidad de Córdoba: 160% más, en virtud de un aumento salarial del 157% que Daniel Passerini le pagó a los activos en el 2024. En tanto, los jubilados de la administración central (incluye autoridades) y del Poder Legislativo registraron un avance del 128%.
En el 2024 la movilidad promedio fue del 123%, en tanto que el salario medio de los activos del sector público (sujeto a aportes) fue del 128%, dado que hubo pagos no remunerativos que no se trasladan a los jubilados. Según el informe oficial, el salario privado en Córdoba aumentó 153% en el año, aunque seguía estando por debajo de los estatales. A diciembre del año pasado, un trabajador privado percibía $ 1.219.728 y uno estatal, $ 1.420.986.
Por eso el bono
Como es sabido, los estatales provinciales, municipales y de las empresas Bancor y Epec aportan a un sistema previsional propio que maneja el Gobierno provincial. Son 190 mil los aportantes y 112 mil jubilados. Pese a tres grandes reformas que el peronismo hizo en los últimos 25 años, la plata no alcanza: falta el equivalente a casi el 30% del gasto en prestaciones. Una parte de eso debiera girarla la Nación porque Anses paga las prestaciones de las provincias que transfirieron sus cajas con plata que es de todos los argentinos. Hace unos meses, Llaryora logró un reconocimiento relevante de Anses no tanto en términos de plata, sino porque el gobierno libertario parecía no estar dispuesto a pagar nada. En Córdoba esperaban unos 18 mil millones al mes y se cerró en cinco mil millones.
Llaryora se curó en salud y en diciembre del 2023, temiendo que Milei no pagara nada de nada, activó otra vez dispositivos de emergencia: repuso el diferimiento en el pago de jubilaciones que Juan Schiaretti había levantado en su campaña electoral, aumentó Ingresos Brutos a los bancos, implementó un punto de descuento a activos y pasivos destinado al Apross y aplicó a los activos un aporte de emergencia del 2% para los salarios de hasta 755 mil pesos brutos, de 3% para los salarios de 755 mil a un millón y del 4% para los superiores al millón. Esos montos no se movieron desde diciembre del 2023, por lo que cada vez más gente sube de escala. De los 112 mil beneficiarios, 54 mil cobran al mes siguiente los aumentos negociados por los activos y 58 mil, a los dos meses.
Sin embargo, no destinó los cinco mil millones de pesos que ahora envía Anses a desarmar parte de ese esquema de emergencia, sino que dispuso el pago de un bono de 100 mil pesos cada dos meses a los que perciban hasta 1,3 millón en bruto y aumentó el complemento de la mínima, que pasó de 170 a 490 mil pesos. La mínima quedó en 210 mil y no se subió para seguir recaudando el aporte solidario. “También pedimos que se elimine el artículo 58 o que se aumente la mínima de $ 210 mil a $ 300 mil, de modo de aplicarlo desde el 1,8 millón”, subraya Cristalli.
Desde el Gobierno provincial se reconoció el atraso jubilatorio. Por eso, explicaron, se decidió el pago del bono de los 100 mil para reforzar a los que perciben menores ingresos.
Es difícil pensar que la Caja pueda avanzar en reformas de fondo si antes no lo hace Anses. Y nada de eso se ve en el cortísimo plazo.
¿Y Anses?
La gestión de La Libertad Avanza en Anses se centró en cerrar la moratoria como fuente permanente de ingresos y en cambiar la fórmula de movilidad por una que siguiera la inflación. El pensamiento del Gobierno es que la inflación se iba a desacelerar y si las jubilaciones seguían enganchadas a la movilidad anterior (50% salarios y 50% recaudación previsional) podían aumentar su participación en el gasto.
Pero claro, ese cambio se aplicó desde el mes de abril del 2024, cuando el gran fogonazo inflacionario posdevaluación ya había pasado. En marzo fue el último mes que se aplicó la movilidad de Cristina Fernández –repuesta en la gestión de Alberto Fernández– que no contemplaba inflación. O sea: en los meses más duros de inflación se ajustaba por salarios y ahora que la inflación cedió, se ajusta por suba de precios. Desde abril a esta parte, todos los meses las prestaciones suben de acuerdo a la inflación del mes anterior, último dato disponible.
De todos modos, la pensión que percibe Marta aumentó más que bien: 332%. El punto es que nadie puede vivir con 443 mil pesos. Pero eso ya sería parte de otra discusión.
