Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron una serie de condiciones rigurosas para que la expresidenta Cristina Kirchner cumpla arresto domiciliario, tras la ratificación de su condena a seis años de prisión en la causa Vialidad. El pedido, dirigido al juez Jorge Gorini del Tribunal Oral Federal N° 2, busca establecer pautas claras para el cumplimiento de la pena fuera de una institución carcelaria.
Entre las exigencias planteadas por los fiscales Luciani y Mola se encuentran la necesidad de que la exmandataria cumpla con días de visita específicos, que informe la cantidad de personas que la visitarán, y que se realice una requisa a todos los invitados que asistan a su domicilio. Además, los fiscales demandan la fijación de horarios de visitas determinados y la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas dentro del lugar donde se cumpla la condena. También se deberá notificar cualquier cambio en los custodios.
Esta solicitud de los fiscales se produce luego de que el Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF N° 2) rechazara el pedido de detención inmediata de Cristina Kirchner y ratificara que cuenta con un plazo de cinco días para presentarse. Actualmente, la expresidenta reside en su departamento de Constitución, desde donde busca cumplir la prisión domiciliaria. En un caso paralelo, se ordenó el traslado inmediato del empresario Lázaro Báez a una cárcel común en la causa por “La ruta del dinero K”, quien hasta este miércoles se encontraba en su casa de El Calafate.
Por su parte, los abogados de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, presentaron un escrito detallando los argumentos para concederle la prisión domiciliaria. Una de las principales razones es la edad de la expresidenta, que ya supera los 70 años. Adicionalmente, los defensores invocaron motivos de “seguridad personal”, argumentando que por su trayectoria presidencial, Cristina Kirchner tuvo acceso a “información sensible de carácter secreto o confidencial”.
Otro argumento clave es el intento de homicidio que sufrió la expresidenta en 2022. Sus abogados sostienen que “su alojamiento en una institución carcelaria de ninguna manera es compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados”. Finalmente, los letrados también citaron la “ausencia de riesgos procesales”, afirmando que durante todo el proceso judicial, la exmandataria no presentó “un riesgo procesal de fuga”.
