Se enfrentaron en dos campañas electorales en los últimos meses, cruzaron sobreactuadas acusaciones recíprocas y amagan con un enfrentamiento apoteótico por el poder provincial en 2023, pero terminan este año electoral con negociaciones apuradas y mal disimuladas sobre los dos temas más trascendentes y más polémicos de todo 2021 en la Unicameral cordobesa: habilitación del juego on line y reelecciones indefinidas en Córdoba.
Todo sobre el juego on line en Córdoba
Oficialismo y oposición –al menos, una parte de los socios de Juntos por el Cambio– ratifican una vez más que los antagonismos políticos son tan relativos que por momentos se vuelven imperceptibles en el gran partido cordobés. Este es uno de esos momentos.
Todo sobre la reelecciones en Córdoba
Los dos proyectos generaron negociaciones en los últimos días en la Legislatura, donde el peronismo tiene capacidad de sobra –51 de los 70 escaños– para resolver cualquier cosa con sus propios votos, pero también tiene un resto de pudor y una voluntad siempre presente de “consensuar” apoyos opositores, especialmente para los proyectos más polémicos. Estos son dos de esos casos.
Habrá 2023 para todos en la política cordobesa
El primero supone un acuerdo todavía dificultoso porque ni Hacemos por Córdoba ni varios de los socios de la coalición opositora quieren asumir el costo del retroceso institucional que se está analizando: la suspensión de la ley que en 2016 prohibió las reelecciones indefinidas para intendentes, legisladores y demás cargos electivos provinciales.
Hace cinco años, al momento de la aprobación de esa norma, el cambio fue presentado como un salto de calidad en la representación política.
Ahora nadie quiere asumir que planean avanzar en sentido contrario y culpar a la pandemia por eso.
Hay 290 intendentes peronistas y 57 intendentes de la oposición que ya llevan dos mandatos continuados –algunos, muchos más– y que presionan para que se concrete el cambio legislativo. Sólo que el peronismo no quiere soportar en su totalidad el costo político de esa medida y espera que la oposición se haga cargo de una parte proporcional al beneficio que obtendrán sus intendentes y legisladores que no podrían aspirar a la reelección en 2023 si el cambio normativo no se concreta.
El gran problema es que una parte del radicalismo –que no necesita ese cambio porque es beneficiario de una incipiente renovación política–, el juecismo y la Coalición Cívica están dispuestos a maximizar los costos para el resto.
En esos términos se negocia por estas horas la institucionalidad cordobesa.
El objetivo de máxima del peronismo es que el Foro de Intendentes Radicales ponga la cara con un pedido expreso de suspensión de la aplicación de la ley por dos años y que la modificación se apruebe el 29 de diciembre, la fecha más propicia del calendario anual para el tratamiento de todo proyecto difícil de explicar a la ciudadanía.
Hace dos semanas se había impuesto la decisión de postergar para el año próximo esa decisión; ahora, varios concluyen que mejor resolverla cuanto antes, ya que a medida que avance el calendario todo será más costoso.
Apuesta multipartidaria
El segundo tema fue largamente negociado y ya comenzó su avance formal en la Legislatura.
Supone consecuencias sociales y económicas mucho más relevantes y más directas que la re-reelección de los intendentes y legisladores: apunta a ampliar la oferta del juego y las apuestas para que sean posibles a toda hora y en cada rincón del territorio provincial –incluso en la Capital, donde la actividad está limitada por un consenso histórico– a través de plataformas digitales.
Hoy esa opción es ilegal y, pese a que avanza, lo hace con restricciones en la provincia.
El cambio normativo prevé que sea la Lotería de Córdoba quien habilite a través de una licitación a cinco grandes jugadores –varios de ellos internacionales– para canalizar todas las apuestas que se hagan desde teléfonos y computadoras, y que se quede con una porción de esos recursos.
Se trata de un negocio fabuloso, muy superador de la quiniela y las slots, por la accesibilidad permanente del apostador. Y mucho más nocivo en término de adicción, pero para eso los legisladores planean más programas contra la ludopatía.
Tanto oficialismo como oposición reiteran los mismos argumentos: que ya se juega ilegalmente, que el Estado recaudará más y que todos avanzan en ese sentido, desde Horacio Rodríguez Larreta a Axel Kicillof.
Tan multipartidaria es esta partida que en Córdoba el proyecto lleva la firma de Orlando Arduh, presidente de la bancada de Juntos por el Cambio, y Silvia Paleo, del mismo espacio opositor. Tal vez sea la primera propuesta opositora aceptada sin “peros” por Hacemos por Córdoba en años.
Estas son las señales concretas de la política poselectoral en Córdoba.
Los enfrentamientos, la construcción de liderazgos y las grandes ideas que unos y otros aseguran tener para la Provincia quedarán para 2023. Por ahora se imponen los acuerdos urgentes de la política de entrecasa.
