Las posturas parecen hoy intransigentes en el conflicto docente en Córdoba. El gobernador Martín Llaryora argumenta que en la provincia se paga el mejor salario inicial a los maestros. El gremio (UEPC) reclama recuperar lo que el sueldo docente perdió el año pasado.
En esta negociación paritaria las posiciones son hasta ahora irreductibles, aunque siempre se termina en un acuerdo. “Nunca una discusión salarial quedó sin resolver”, dijo un funcionario llayorista, entre el optimismo y la resignación, en el atardecer del jueves, mientras averiguaba el acatamiento al segundo paro docente, que fue fuerte. No tanto como aseguraron desde la delegación Capital de la UEPC, que habló de un 90% en la ciudad de Córdoba, pero el ausentismo en las aulas se hizo sentir.
La duda es cuál de las partes cederá. O ambas entregarán algo, razón original de cualquier negociación.
El argumento de Llaryora de que el salario docente inicial es en Córdoba el mejor del país apunta a que ronda los 810 mil pesos como ingreso de bolsillo para un maestro de grado con 20 horas semanales en las aulas.
El mandatario también argumenta que Córdoba es una de las seis provincias que se hicieron cargo del Fondo de Incentivo Docente (Fonid), que el gobierno libertario de Javier Milei dejó de enviar el año pasado.
Afrontar ese pago, que en Córdoba se actualiza por inflación y es cobrado también por los jubilados, ya que es remunerativo, insume a las arcas provinciales 6.500 millones de pesos mensuales.
Desde el Centro Cívico también remarcan que el boleto educativo es otro beneficio para los docentes. La Secretaría de Transporte provincial, que conduce Marcelo Rodio, destina 500 millones de pesos mensuales para solventar el boleto gratuito de los docentes de niveles primario y secundario.
La UEPC admite estas cuestiones, pero también esgrime sus estadísticas. Una encuesta propia, muy completa, indica que sólo el 30% de los docentes utiliza el boleto educativo.
El gremio acepta los aumentos por inflación, pero mantiene un reclamo hasta ahora inflexible: recuperar el 12% del salario perdido el año pasado, sobre todo lo resignado en el primer semestre, cuando los aumentos de sueldos rondaron apenas el 50% de la inflación.
En ese período se produjo la caída del poder adquisitivo que ahora se busca recuperar.
La cúpula de la UEPC resalta que hay una cuestión de “prioridad”. El gremio sostiene que la recaudación provincial se recuperó en diciembre. Además, ponen sobre el tapete una cuestión que irrita a los llaryoristas: con la suba de los impuestos (“impuestazo”, para la oposición política provincial), Llaryora tiene más oxígeno financiero para mejorar los salarios de los 80 mil docentes.
Lo que viene…
El gobernador no está dispuesto a mejorar las dos ofertas que presentó y fueron rechazadas. La UEPC, por su parte, empezará el lunes a discutir un plan de lucha que incluirá asambleas diarias, y probablemente otro paro.
Ante un escenario de otra huelga (van dos en dos semanas), lo más probable es que la Provincia recurra a la conciliación obligatoria. Esta medida estiraría la negociación 45 días más.
Llaryora dice en privado que no quiere prolongar el conflicto. Pero no se muestra dispuesto a dar aumentos más allá de la inflación y de un bono de 100 mil pesos no remunerativo, por única vez.
Otra alternativa que se baraja en el Centro Cívico es echar mano a una estrategia que Juan Schiaretti aplicó en su momento: dar aumentos por decreto, en línea con la oferta rechazada por la UEPC.
Sería un modo de ir minando la capacidad de lucha del gremio. No obstante, el gobernador admite que para aplicar las reformas educativas que prometió en la campaña necesita de un buen clima en las aulas, no un conflicto permanente.
En esta discusión paritaria emergen otros condimentos, que rozan la política. El Gobierno provincial tiene encuestas que indican que los docentes votaron masivamente a la oposición en las últimas elecciones provinciales. “Son opositores al PJ”, sentenció –sin matices– un funcionario llaryorista que no participa de las negociaciones.
En la vereda de la UEPC, en tanto, existe una interna. Las delegaciones más numerosas, como la de Capital y la de Río Cuarto, están en manos de la oposición a la conducción provincial. Además, los delegados a la asamblea provincial de las ciudades del interior suelen rechazar los aumentos que propone el Gobierno.
La conducción provincial de la UEPC tiene una postura dialoguista con el Gobierno, mientras que la oposición interna busca seducir a las bases con propuestas tentadoras, pero casi imposibles de cumplir: reclama un millón de pesos para el salario inicial docente.
Llaryora está apurado por acordar, para luego empezar a negociar con el resto de los gremios estatales. Su objetivo es cerrar un acuerdo por un año, para evitar conflictos en pleno período electoral.
No obstante, en esta negociación y en las que vendrán los gremialistas tienen un convencimiento: la Provincia cuenta con muchos más recursos que el año pasado, recursos que Llaryora no quiere destinar a salarios.
Según esta visión de los gremios, el gobernador piensa en obras para asegurar su reelección en el lejano 2027. Esto también alimenta la tensión a la hora de negociar los salarios estatales.
