El Gobierno provincial pondrá en marcha esta semana el tratamiento legislativo del paquete económico para 2026, que incluye el Presupuesto General, la Ley Impositiva Anual y modificaciones al Código Tributario.
El proyecto, presentado el viernes por el ministro de Economía y Gestión Pública, Guillermo Acosta, ya ingresó a la Legislatura y tomará estado parlamentario esta semana, para iniciar el recorrido formal hacia su aprobación.
Como todos los años, el trámite se realiza en doble lectura. Después de transitar por tres comisiones, se prevé que la primera votación se realice en la sesión del miércoles de la semana que viene. Luego, y tras la audiencia pública, llegará la segunda lectura, con la aprobación definitiva probablemente entre el 9 y el 12 de diciembre.
Para esto, el oficialismo ya comenzó a trabajar para tener los votos propios y de los legisladores aliados para asegurar una aprobación sin sobresaltos.
Este año, el discurso oficial de la “ley de leyes” gira en torno a la reducción impositiva. “Es un alivio fiscal sin precedentes”, dijo Acosta al exponer el paquete de medidas, que implicaría una resignación de recursos superior a los 4 900 mil millones. Basta decir que la minuta enviada a la prensa a modo de resumen se titula “Plan histórico de reducción de Impuestos”.
El foco de la narrativa oficial se centra en una baja nominal en los montos a pagar en concepto de Impuesto Inmobiliario para la mitad de los contribuyentes y aumentos en torno a la inflación para casi todo el resto.
Otro punto clave en el argumento oficial es la baja de un punto en la alícuota de Ingresos Brutos para los pequeños comercios; además de una serie de beneficios para el agro, la industria, la salud y la educación. “La reducción impositiva es histórica. El camino que elegimos es el de acompañar el crecimiento de la Argentina, generando las condiciones necesarias para dinamizar la economía, atraer inversiones y promover la creación de más puestos de trabajo”, dijo ayer en X el gobernador Martín Llaryora.
En detalle
Para el sector comercial, el punto más promocionado del proyecto es la reducción del 3,5% al 2,5% en la alícuota de Ingresos Brutos para quienes facturen hasta $ 88,1 millones anuales. El monto es bajo: significa facturar $ 350 mil diarios, $ 7,3 millones al mes.
Según la Provincia, esa rebaja beneficiará al 64% de los contribuyentes alcanzados por este impuesto, unos 52 mil pequeños comercios.
Sin embargo, algunos especialistas marcaron observaciones. Como publicó La Voz el fin de semana, el tope de facturación para acceder a la alícuota reducida no se ajusta por inflación desde hace años, por lo que ese techo debería rondar los $ 550 millones si se tomaran los valores acumulados desde 2018.
Así, muchos comercios que eran considerados “chicos” quedaron fuera del beneficio y pasaron a tributar con la alícuota general, del 4,75%, o incluso la agravada, que puede llegar al 7% según el rubro.
Esta distorsión afecta la progresividad del sistema. Con los niveles actuales, autoservicios pequeños o medianos pagan igual que grandes superficies comerciales.
Repercusiones
El anuncio fue recibido con matices por los distintos sectores económicos. Desde la Cámara de Comercio de Córdoba, Sebastián Parra, su presidente, valoró la rebaja como una “señal positiva”, especialmente para las actividades de baja facturación, que venían reclamando una actualización de escalas ante el avance de la inflación.
Parra dijo que el reclamo del comercio minorista venía manifestándose desde hace tiempo, particularmente por la competencia creciente de las plataformas digitales. En relación con las grandes superficies comerciales y negocios de alto volumen, como los dedicados a materiales para la construcción, dijo que “no cambió nada pero vamos a seguir trabajando”.
En la composición general del impuesto, el comercio mayorista –que no tendrá cambios y continuará con el 5%– representa el 22% de la recaudación de Ingresos Brutos. El comercio minorista explica el 27%. Los servicios financieros mantienen un 22% del total provincial.
En el sector supermercadista, Víctor Palpacelli, anticipó que la entidad hará mañana un análisis pormenorizado. De todos modos, advirtió que la medida deja afuera a la mayor parte del rubro, en especial a las cadenas de más facturación, que vienen operando con márgenes muy reducidos.
La industria continuará exenta de Ingresos Brutos si factura menos de $ 3.200 millones al año. Además, la nueva Ley de Promoción Industrial establece beneficios extra si las empresas destinan al menos el 1,2% de sus ingresos a inversiones.
