El transporte interurbano cordobés paralizado por 72 horas en el inicio de las vacaciones de invierno porque los choferes no cobraron sus aguinaldos ni sus sueldos completos. Ese es un símbolo de los meses que vienen: la conflictividad gremial se extiende en los distintos sectores de la economía tanto como la recesión se extiende en el tiempo. El segundo semestre vuelve a defraudar.
Ocurre –y siempre es más visible– en las actividades vinculadas con el Estado, con el corte drástico de los recursos nacionales y con el consecuente ajuste provincial. Pero ocurre también en muchos rubros de la actividad privada: en Córdoba no hay prácticamente ninguno que se haya visto beneficiado en el gobierno de Javier Milei.
Transcurridos siete meses, los conflictos están a la vista y las consecuencias de la recesión se miden en puestos de trabajo que se pierden, después de que la devaluación diezmara los ingresos. Si el pago del medio aguinaldo es un desafío titánico para numerosas empresas, la supervivencia es cada vez más dificultosa para cantidades de cuentapropistas.
Los docentes provinciales rechazaron la segunda oferta salarial de Martín Llaryora y anunciaron un paro de 48 horas al regreso de las vacaciones. El Gobierno culpa a la conducción trotskista de la UEPC Capital, pero lo real es que el conflicto docente también es inédito por su intensidad en el interior provincial y que las alternativas para la Provincia son escasas: enfrenta las severas consecuencias que la falta de clases genera a nivel social y político o enfrenta el riesgo de desfinanciar sus ajustadas cuentas.
Es un hecho que una suba mayor a los docentes genera el inmediato reclamo de los demás estatales –en los hospitales, el clima empeora justo cuando las enfermedades respiratorias desbordan las guardias– y es todavía más evidente que los ingresos de la Provincia se derrumbaron. La merma total, descontada la inflación, fue del 9% en el primer semestre, pero si se mira sólo junio, la caída interanual de los ingresos llegó el mes pasado al 17%. Los impuestos coparticipados por la Nación cayeron 23% ese mismo mes.
Además, desde enero es igual a 0 lo que Milei transfiere en concepto de asistencia a la Caja de Jubilaciones, subsidios al transporte y Fondo de Incentivo Docente. Llaryora sigue hablando de superávit, pero a nadie le dan las cuentas.
Conflictos interjuridiccionales
Los profesores universitarios avisan que no tomarán exámenes en el segundo turno de julio y que tampoco comenzarán las clases en agosto, ya que aun si suman dos sueldos de referencia no llegan a cubrir la canasta básica. Se trata de un conflicto de difícil resolución, que depende enteramente de una Nación que eliminó el Ministerio de Educación.
En la Universidad Nacional de Córdoba, además, se vive un crudo conflicto laboral por el plan de achicamiento que tiene por objetivo reducir a un tercio la cantidad de trabajadores que hasta principios de año tenían los Servicios de Radio y Televisión (SRT). La conducción de John Boretto apeló al “no hay plata” y no está dispuesta a frenar con el presupuesto universitario el derrumbe de una tradición de décadas en los medios de Córdoba.
Cada conflicto tiene particularidades, actores y dinámicas diferentes. Todos son consecuencia de un orden asistido por recursos estatales que desaparecieron desde el 10 de diciembre pasado. Nada surgió en reemplazo de esos recursos. En el primer trimestre del año, en la provincia se perdieron 8.600 empleos formales y nadie espera mejores datos del segundo trimestre. El problema es que sí se esperaban para el segundo semestre y nada indica que estén: ese es el gran problema político que enfrenta Milei, aun contando con la Ley Bases o con el deslucido “pacto de mayo” que 18 gobernadores firmarán en la medianoche de mañana lunes.
Llaryora fue el primer gobernador en confirmar que este lunes estará en Tucumán. Abundan las fotos entre el gobernador cordobés y los funcionarios de Milei, pero también se acelera el ritmo de las críticas del Panal hacia la Nación.
Tras la aprobación de la Ley Bases, el poder cordobés inició la transición frente al Gobierno libertario: pasa del colaboracionismo al reclamo. La conflictividad es ley en el segundo semestre.
El frente económico y el peso asfixiante que supone para la Provincia el desfinanciamiento de la Caja de Jubilaciones explican buena parte de ese cambio en defensa propia. El incipiente deterioro del humor social influye, pero son las necesidades políticas las que también pesan: el cordobesismo llega desdibujado al cuarto de siglo en el poder provincial, y con conflictos de identidad que empiezan a preocupar a quienes están pensando en las elecciones de 2025. Es decir, todos y cada uno de los dirigentes políticos.
La proyección de Schiaretti se empezó a volver una obsesión para el cordobesismo de cara a la elección de medio término. También la necesidad de marcar diferencias con el discurso libertario sin acercarse al discurso kirchnerista.
Controlar la situación social es la otra obsesión en el Panal, ante el crecimiento de la conflictividad. Las partidas para alimentos y planes de asistencia directa se vienen elevando y ayer mismo Llaryora anunció que destinará 2.500 millones de pesos a la asistencia de cooperativas de empleo y mutuales. Desfinanciar a la mayor parte de esas organizaciones fue uno de los objetivos iniciales de Milei; Córdoba va por el sendero contrario.
La insistencia con la obra pública es la otra bandera de diferenciación que cada vez levanta más alto el cordobesismo. Lo dejaron en claro Llaryora y el intendente capitalino Daniel Passerini a la hora de inaugurar –a 16 años de que se iniciaran las obras– el edificio del Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba. El intendente cerró una etapa con ese corte de cintas, horas después de otro cierre que el municipio prefería que pasara inadvertido pero el Suoem anunció con bombos y platillos: una paritaria que el gremio de Rubén Daniele considera un triunfo.
La conflictividad gremial crece en todos lados menos en la Municipalidad de Capital, donde también empiezan a marcar diferencias políticas.
