El exjefe de Bomberos, exsubjefe de la Policía de Córdoba y ex director de Defensa Civil de la Municipalidad de Córdoba, Gustavo Folli Pedetta, está detenido desde fin del año pasado e imputado como supuesto jefe de una asociación ilícita que durante años comandó también una repartición paralela que habría entregado certificados de habilitación a locales y establecimientos que incumplían las normas de seguridad. El caso se popularizó como “la banda de los bomberos” y tiene numerosos imputados.
En el transcurso de esa instrucción, el fiscal del Distrito I turno 2°, Guillermo González, le imputó también a Folli los delitos de autor mediato de aborto, coacción y tráfico de influencias reiterado, en el marco de un contexto de violencia de género denunciado por una expareja del acusado, Eva María Molinelli Torres. Los hechos fueron relatados durante el testimonio de la mujer –que también perteneció a la fuerza policial– sobre las irregularidades cometidas en las habilitaciones de Bomberos, pero describen una larga serie de abusos y malos tratos cometidos desde la cúspide del poder policial, sobre la base de una relación de superioridad jerárquica que terminó expulsando a la mujer de la fuerza.
Los detalles de ese expediente actualizan la discusión respecto de lo que hacen las instituciones cordobesas con la violencia de género y con la violencia laboral en los espacios de poder. En una resolución de 235 páginas, el 21 de marzo pasado el fiscal González determinó la prisión preventiva de Folli a partir de una detallada descripción de los hechos y con abundante prueba, que se concentra en la actividad de “la banda de los bomberos”. No obstante, la violencia de género y el perjuicio laboral acarreado por esa relación jerárquica abusiva también suman decenas de páginas a la resolución.
Un aborto contra su voluntad
Se describen cuatro hechos que suponen posibles delitos en el marco de esa relación. El primero es que el imputado habría obligado a quien entonces era su pareja a que interrumpiera en contra de su voluntad un embarazo de aproximadamente dos meses. “Todo ello se dio en un marco de un vínculo personal sumamente desigual, donde si bien ambos formaron parte de la fuerza policial, el incoado Folli tenía una jerarquía muy superior”, indica la resolución, que destaca que el vínculo que se formó en la Policía siendo Folli jefe directo de Molinelli, e influyendo notablemente para que ella pudiera integrar las fuerzas especiales dentro de la institución. Más tarde, ese vínculo también determinaría que la mujer termine expulsada de la fuerza.
“Siendo doblegado el poder de decisión de Eva, el encartado Folli la trasladó en su vehículo hasta calle Vieytes 862 de barrio San Rafael de esta ciudad, donde habría funcionado un consultorio médico en el cual aparentemente se practicaban abortos ilegales”, indica el expediente, que cita el relato de un cruento procedimiento quirúrgico sin anestesia ni calmantes, con la mujer atada y padeciendo “un dolor extremo, a tal punto que creyó que se iba a morir de un infarto”. El trauma que representó ese episodio también forma parte del testimonio de la psicóloga de la mujer, quien transitó varias licencias médicas en el curso de la conflictiva ruptura de la relación con Folli.
Al valorar el hecho denunciado, el fiscal señala que Folli contrató a las personas que se encargaron de hacer efectivo el aborto, generando no solo la interrupción del embarazo, sino un grave perjuicio en la salud psicoemocional de Eva, a quien describe como “un instrumento de la voluntad de Folli”, ya que su capacidad de determinación fue doblegada por el acusado, que “1) Contrató previamente a las personas encargadas de hacer efectivo el aborto; 2) Trasladó a Eva al lugar que funcionaba las veces de consultorio médico, 3) Buscó luego a Eva a pocas cuadras del aludido consultorio; para retirarla del lugar; y 4) Obligó a Molinelli a que le practicaran el aborto; ello en el marco de un desigual del vínculo de pareja”.
El expediente cita otro hecho de la noche del 22 de diciembre de 2019 que dio lugar a la imputación por coacción. Relata que Eva Molinelli Torres discutió con Folli durante una conversación telefónica porque ella le recriminaba por una infidelidad que la hermana de ella, Sara Molinelli –quien se encontraba junto a Eva– le había comentado. “Allí Folli habría amenazado con ‘hacer correr del trabajo a su hermana, ante lo cual Eva Molinelli le contestó que si hacía eso con su hermana ella lo iba a denunciar penalmente y a contar todo lo que hacía’, en el sentido de su accionar permanentemente ilícito, por lo que el encartado Folli le refirió en forma atemorizante que si lo denunciaba él iba a mostrar vídeos íntimos, que a su hermana Sara Molinelli la iba a hacer correr del trabajo y a Eva Molinelli le iba a destruir la carrera, que la iba a hacer correr de la policía y que la iba a matar”, cita la resolución.
Tráfico de influencias
El expediente también expone cómo esa relación desigual operó a nivel institucional debido al poder y los vínculos que Folli detentaba dentro de la Policía: primero generando beneficios para la mujer –puesto mejor remunerado en la Dirección de Protección de Testigos y capacitación en el exterior– y tras la ruptura, perjudicándola gravemente a nivel laboral: Eva Molinelli fue pasada a retiro mientras transitaba una licencia médica, tras ser degradada funcionalmente y trasladada a un puesto operativo en condiciones precarias; su hermana Sara Molinelli también fue apartada del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (Duar).
Por esos manejos, Folli, fue imputado como supuesto autor responsable del tráfico de influencias reiterado. “Habiendo ostentado la función de Director de Bomberos, luego Subjefe de Policía y actualmente –a la fecha de los hechos– Director de Defensa Civil de la Municipalidad de Córdoba, ejerció su influencia tanto institucional como también de amistad con Liliana Zárate, Jefa de Policía en el momento de los hechos, y con ello logró desvincular a Sara Molinelli Torres del Duar, donde prestaba sus funciones para trasladarla al Departamento de Acción y Coordinación de Violencia de Género en contra de su voluntad.
La resolución de la Fiscalía también señala que Folli intervino para que su expareja, que prestaba funciones como segunda jefa del Departamento de Protección a Testigos, fuera trasladada “a un destacamento policial traducido en un contenedor en las periferias de esta ciudad de Córdoba, generando la pérdida del adicional que cobraba”, además del perjuicio emocional.
“Pasados seis meses del aludido traslado, Folli logró que el Poder Ejecutivo de esta provincia, previa firma de la Jefa de Policía Liliana Zárate, ordenara su retiro de la fuerza policial”, indica la resolución, que además de describir hechos puntuales en relación al exjefe de Bomberos, muestra cómo operan las relaciones de poder dentro de una institución como la Policía.
