En 77 días de gestión, Javier Milei logró un hecho inédito en la historia argentina: alinear a 22 de los 23 gobernadores y al jefe de Gobierno porteño en contra de su manera de gestionar ese Estado que tanto desprecia.
El gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo –hasta ahora peronista, hoy aliado de La Libertad Avanza–, fue el único gobernador que no respaldó el reclamo del chubutense Ignacio Torres (PRO), quien, tras obtener un fallo judicial en contra del recorte de los subsidios nacionales al transporte, sufrió como reprimenda la retención de un tercio de la coparticipación por una deuda de su antecesor y quedó al borde de no poder pagar los sueldos. Acorralado, amenazó con hacer algo que no debería siquiera pensarse en un país razonable: un corte de suministro de petróleo y de gas desde el miércoles. Anoche reiteró esa amenaza.
Martín Llaryora fue de los primeros en salir a apoyar a Torres, retribuyendo el respaldo que el chubutense le había brindado dos semanas antes, cuando la furia presidencial hizo blanco en el cordobés por la caída de la “ley ómnibus”. Aquel fracaso legislativo fue considerado por Milei como un logro por “exponer a la casta” y el viernes pasado el Presidente también consideró como otro gran éxito la crisis política con las provincias gobernadas por “degenerados fiscales”.
Alivio en el Panal
Hay verdadero alivio en el Centro Cívico de Córdoba ante la evidencia de que la reacción de los gobernadores es transversal y homogénea en el planteo federal: no es un gobernador, son casi todos.
En el Panal confían en que comience a bajar el malestar con Llaryora de parte de una porción de los cordobeses que votaron a Milei. Otra porción ya empezó a cambiar de opinión por la propia constatación de los efectos impactantes del ajuste. Las encuestas no le sonríen a nadie en Córdoba. También repiten los llaryoristas que no es cosa de “los gobernadores”, sino de “las provincias”.
Lo que se observa desde cualquier punto del país es una disputa por recursos entre la Nación y todas las jurisdicciones subnacionales que, dada la insolvencia política del Gobierno, empieza a transformarse en una crisis institucional que conduce por todas las vías a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Es que, a la hora de aplicar la motosierra, la Nación suele pasar por alto leyes, acuerdos y procedimientos básicos de ese Estado al que Milei quiere destruir, pero que todavía existe y que tiene normas de funcionamiento. El corte de los recursos suele producirse de facto, porque la administración nacional tiene enormes vacíos y sigue semiparalizada, y también porque hay funcionarios que se niegan a firmar disposiciones que van en contra de leyes que se pretenden derogar pero siguen vigentes.
Ya hay decenas de recursos judiciales contra decisiones de la Nación que fueron presentados por provincias y municipios en los juzgados federales de todo el país, y otros tantos los están redactando por estas horas: en Córdoba se analizan planteos por el corte de los subsidios al transporte ($ 1.800 millones mensuales) y también por el cese del Fondo de Incentivo Docente (casi 10% del salario de cada maestro) y de los envíos que por ley debe realizar la Anses a la Caja de Jubilaciones de la Provincia (unos $ 10 mil millones mensuales). Esto último se suma a una demanda por la falta de actualización de los envíos, presentada hace ya 10 meses por el entonces gobernador, Juan Schiaretti.
Más allá de los planteos comunes, lo que la “superliga” de gobernadores exhibió en la noche del viernes pasado es una dinámica atípica. La reacción en bloque de los mandatarios patagónicos no sorprendió, pero el respaldo de Axel Kicillof y de los gobernadores peronistas del norte advirtió que se trataba de un reclamo generalizado, antes de que se hiciera evidente que el expresidente Mauricio Macri apadrinaba el respaldo a Ignacio Torres de todos los gobernadores de Juntos por el Cambio en contra de Milei. Ese es el principal cambio en el tablero político desde el balotaje presidencial hasta hoy.
La protesta por el corte de la coparticipación a Chubut rompió dos moldes. Tanto el del predominio de los partidos sobre los intereses de las provincias como el histórico enfrentamiento del interior contra Buenos Aires y contra la Capital Federal. Ahora son todas las jurisdicciones contra el Gobierno central. Los esfuerzos del ministro del Interior, Guillermo Francos, por recomponer relaciones con algunos gobernadores fueron arrasados por la furia presidencial.
Milei, en el “nido de ratas”
La mayor parte de esos gobernadores planea estar el viernes próximo en el Congreso escuchando a Milei, pese a que ninguno fue invitado todavía. Ayer, desde el atril de la cumbre conservadora de Estados Unidos, el Presidente se refirió a ellos como “la casta corrupta de políticos ladrones”, del mismo modo que antes insultó a la inmensa mayoría de los legisladores que integran el “nido de ratas” del Parlamento.
Más allá de las amenazas recíprocas entre Torres y Milei, de los insultos presidenciales y de las ráfagas que esparcen millones de cuentas falsas y trolls rentados en las redes sociales, el dato político más importante de las últimas horas es la transversalidad de la reacción de los gobernadores, que fue posible porque Macri parece haber resignado su pretensión de “conducir” a Milei.
Ese cambio impacta fuerte en la política cordobesa y vuelve todavía más atípico el escenario político: en la provincia donde tres de cada cuatro votantes apoyaron a Milei, casi no quedan referentes políticos de peso que defiendan las posturas presidenciales, al menos en lo que respecta a los intereses de Córdoba.
Luis Juez y Rodrigo de Loredo hicieron ingentes esfuerzos por ocupar un espacio diferente ante Milei, pero terminaron en una posición que casi no se diferencia de la del peronismo cordobés. Esa incomodidad los obliga a duplicar las disputas de pago chico: las críticas de Juntos por el Cambio a la gestión provincial son cada vez más intensas.
Las trabas del juecismo en el Tribunal de Cuentas condicionan cada vez más acciones de la administración Llaryora, y la batalla en la Unicameral es tan intensa que el peronismo opta a menudo por no sesionar. Los límites políticos también están a la vista en Córdoba.
