Luego de la presentación y envío al Congreso por parte de Gobierno del proyecto de ley para bajar de 16 a 13 años la edad de imputabilidad, la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) emitió un duro comunicado en el que aseveró que “las condiciones de extrema vulnerabilidad en la que se encuentran los adolescentes sujetos a procesos judiciales”.
La presentación del proyecto de Ley Penal Juvenil fue realizada a finales de junio, por intermedio de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
Ahora, la SAP emitió un comunicado elaborado por las Subcomisiones de Humanidades y Derechos de la Niñez y Adolescencia.
SAP, contra el proyecto de bajar la edad de imputabilidad
“Desde la SAP somos enfáticos en que bajar la edad de imputabilidad no resolverá el flagelo de la violencia y de la inseguridad: solo el 2,6% de los delitos son cometidos por menores de 18 años”, comienza el documento, de 8 páginas.
En el escrito, la sociedad afirma que los menores de 18 años “son víctimas de numerosas y sistemáticas agresiones físicas y emocionales desde los primeros años de su vida”.
“Sus expectativas de un futuro mejor son muy limitadas. En esta situación, su participación en hechos delictivos está organizada y programada, en su gran mayoría, por grupos de delincuentes adultos. En otras, su libre campo de autodeterminación se encuentra totalmente limitado por su realidad social, cultural, familiar, educativa o económica”, agregaron.
En tanto, el informe remarca que “las sanciones deben ser proporcionales a la gravedad de los hechos cometidos y que las penas a niños, niñas y adolescentes no deberían ser homologables a las de los adultos”.
SAP: qué recomiendan para abordar a los adolescentes no punibles
El proyecto presentado por el Gobierno detalla que los menores de entre 13 y 18 años que delinquen pueden ser privados de la libertad en “establecimientos especiales o secciones separadas de los establecimientos penitenciarios, bajo la dirección de personal idóneo” y que se debe comunicar a sus padres de la imputación y los actos procesales.
En tanto, en caso de que se imponga condena condicional, se deben aplicar conjuntamente medidas complementarias, como “asistencia a programas educativos, formación ciudadana, capacitación laboral, concurrencia a los servicios de salud, tratamiento médico o psicológico, obligación de buscar y, en lo posible, obtener un trabajo, concurrencia al tribunal, prohibición del consumo de bebidas alcohólicas y estupefacientes”.
Ante esto, la SAP desarrolló recomendaciones para el abordaje de adolescentes no punibles donde pide, entre otros puntos, que se diseñe “un sistema por el cual el Estado esté permanentemente presente para promover el desarrollo personal, educativo y social del niño”.
“Garantizar la protección de los derechos del niño, en todas sus etapas de desarrollo, dotándolo de las herramientas educativas, sociales y económicas para fortalecer su autonomía y visualizar la responsabilidad penal de un niño o adolescente teniendo en cuenta su realidad social, cultural y personal”, es otro de los puntos que remarca el documento.
A su vez, señalaron que la vinculación de adolescentes con las drogas y armas “está relacionado casi directamente con amparo de ‘capangas’ marginales y connivencia policial”, a la vez que pidieron promover actividades intramuros “con alto contenido social” para la reinserción.
Tras esto, marcaron la necesidad de fomentar lo que se conoce como “justicia restaurativa”, que consiste en evaluar la posibilidad de interactuar el autor del delito con la víctima -si esta última lo acepta- para “reconocer humanidad e identidad a quien ha sufrido por causa de él y pueda sinceramente arrepentirse y comprometerse a enmendar las consecuencias de su conducta”.
En el documento, la SAP también pidió “abordar -con carácter fuertemente preventivo- determinantes como la violencia familiar y de género, las organizaciones delictivas de adultos y de agentes de seguridad que utilizan niños para delinquir, los adultos que son agentes de tráfico de drogas, la deserción escolar, la precariedad laboral de los adultos a cargo, el acceso a estupefacientes y sustancias psicoactivas (paco, solvente, nafta, kerosene, etc.), psicotrópicos y drogas ilegales”.
A su vez, recomendaron que hay que tener en cuenta de manera imprescindible el “respeto absoluto de sus derechos, contemplados en la Convención de los Derechos del Niño, la preservación y promoción de su salud física y mental, y la continuidad y el refuerzo de su educación regular, entre otras”.
Por último, entre el accionar más destacado para lograr la reinserción social de los menores de edad se encuentran la realización de actividades sociales, creativas, recreativas y solitarias, la atención pediátrica durante la internación, la promoción al estudio, el acceso a actividades culturales y a la información y acciones sobre las familias.
“Desde la Sociedad Argentina de Pediatría, a través de este trabajo de las Subcomisiones de Humanidades y Derechos de la Niñez y Adolescencia, estamos convencidos de que no existen medidas que resuelvan el delito, ni medidas cortoplacistas que puedan abordar con profundidad y seriedad un problema tan complejo. La violencia en niños y adolescentes requiere de una política estatal amplia, completa y sostenible en el tiempo”, cerró el pediatra Omar Tabacco, expresidente de la SAP y actual presidente de su Subcomisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia.
