La Secretaría de Inteligencia del Estado (Side) aprobó un nuevo Plan de Inteligencia Nacional (PIN) que establece los lineamientos estratégicos del organismo para los próximos años.
Si bien ratifica prioridades históricas como la prevención del terrorismo, la lucha contra el crimen organizado o la defensa de los intereses argentinos en el Atlántico Sur y la Antártida, también abre la puerta al espionaje interno sobre periodistas, economistas, académicos y cualquier persona que cuestione al presidente Javier Milei o a su gobierno, según surge de una copia del documento a la que accedió el diario La Nación, cuya autenticidad fue verificada con dos fuentes independientes.
Se trata de un documento secreto, de 170 páginas, elaborado por la cúpula de la Side bajo la conducción de Sergio Neiffert.
Horas después, la Casa Rosada salió a desmentir de manera rotunda, aunque sin aportar precisiones, lo que calificó como “versiones periodísticas” acerca de que entre sus objetivos el PIN tenga previsto realizar tareas de espionaje sobre sectores críticos de las políticas de la administración de Milei o actividades de la sociedad civil destinadas al control de los actos de Gobierno.
Qué dice el PIN
En el PIN se detallan los intereses estratégicos del país, se fijan objetivos generales de inteligencia y se enumeran posibles acciones para cumplirlos, en un texto cargado de ambigüedades, zonas grises y generalidades, según describe el periodista Hugo Alconada Mon.
Entre otros puntos, el PIN faculta a los agentes a recabar información sobre quienes “erosionen” la confianza pública en los funcionarios responsables de la seguridad nacional. El texto no aclara si se refiere a agentes extranjeros o a ciudadanos, expertos y periodistas que cuestionen, por ejemplo, las acciones de la ministra Patricia Bullrich frente al Congreso durante protestas de jubilados.
También identifica como foco de interés a quienes generen o puedan generar una “pérdida de confianza” en las políticas económicas del Gobierno. No queda claro si eso incluye a agrupaciones como la American Task Force Argentina (ATFA), que defendía los intereses de los fondos buitre en EE.UU., o a economistas y analistas que discrepan con Luis Caputo o que el propio Milei califica de “econochantas”.
Opinión pública
El plan secreto define también como sujetos de interés a quienes puedan “manipular” a la opinión pública en procesos electorales o propagar “desinformación”.
De nuevo, sin especificar si apunta a operaciones de inteligencia extranjeras (como las atribuidas a Rusia en elecciones de Estados Unidos y Europa) o si se trata de periodistas y analistas acusados desde Casa Rosada de difundir fake news.
Incluso se mencionan como posibles objetivos quienes promuevan la “distorsión de la percepción” y afecten los procesos “cognitivos” de la opinión pública a través de nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial.
¿Implica esto vigilar a influencers libertarios o funcionarios como Juan Pablo Carreira, que difundieron videos en redes en plena veda electoral contra Mauricio Macri?
Consultado por La Nación, el vocero presidencial Manuel Adorni pidió que las preguntas fueran enviadas por escrito, pero no respondió.
La Side depende directamente de Santiago Caputo, el tercer vértice del llamado “triángulo de hierro”.
El marco legal
La Ley de Inteligencia Nacional establece que la Side debe elaborar su PIN tras analizar los principales problemas estratégicos del país en materia de defensa y seguridad interior, para orientar sus prioridades y asignación de recursos.
En 2021, la entonces interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, aprobó un plan basado en ocho lineamientos fijados por el presidente Alberto Fernández en 2020: desarrollo nacional, terrorismo, política exterior, Atlántico Sur, recursos naturales estratégicos, crimen organizado y ciberamenazas, entre otros.
El PIN aprobado por la actual gestión incluye varios de esos ejes (narcotráfico, terrorismo, recursos estratégicos, tecnologías de frontera como 5G y 6G, Antártida, Malvinas) pero suma como prioridad el alineamiento con Estados Unidos e Israel, países a los que el texto identifica como “norte” para la política exterior.
El plan fue elaborado durante el segundo semestre de 2024.
Siempre según La Nación, tras la última reasignación presupuestaria de mayo, la Side recibió otros $25.250 millones, elevando su presupuesto anual a $80.872 millones, de los cuales $13.436 millones corresponden a “gastos reservados”, según datos del Ministerio de Economía y el Boletín Oficial.
