En un mediodía primaveral de principios de noviembre de 2007, Juan Schiaretti mantuvo una charla informal con periodistas, en su entonces vivienda particular en barrio Villa Centenario, un mes antes de asumir su primer mandato como gobernador.
Por aquellos días, ya se habían atenuado los cuestionamientos por el polémico escrutinio provisorio de las elecciones del 2 de septiembre de ese año, que lo había consagrado gobernador por escasos 17 mil votos sobre el impulsivo opositor Luis Juez.
Aún no había oficializado al gabinete que lo acompañaría desde el 10 de diciembre de aquel año, en la entonces Casa de las Tejas.
Distendido y expectante por el desafío que se avecinaba, Schiaretti dio sólo algunos indicios sobre su primer equipo gubernamental, pero fue contundente sobre un tema: no tendría ministerio de Seguridad, pese a que la inseguridad comenzaba a ser una preocupación para los cordobeses.
Luego se confirmaría que el área ni siquiera sería una secretaría de Estado. Se convirtió en una secretaría dependiente del Ministerio de Gobierno, que por esos años comandaba Carlos Caserio.
Recién en el inicio de su tercera gestión, que finalizó una semana atrás, Schiaretti incluyó el Ministerio de Seguridad en su gabinete. Lo comandó el hoy imputado Alfonso Mosquera.
El rango de ministerio para esa área crítica se mantuvo hasta el 20 de septiembre del año pasado, cuando Mosquera debió renunciar por los cuestionamientos que habían arrancado tras el conmocionante asesinato del adolescente Valentino Blas Correas, muerto por balas policiales.
A partir de la renuncia de Mosquera, el combate contra la delincuencia volvió a quedar bajo la órbita del Ministerio de Gobierno y Seguridad.
Pero más allá de estos cambios jurisdiccionales, la inseguridad fue un dolor de cabeza para Schiaretti durante sus tres mandatos no consecutivos.
El exgobernador puede mostrar que en 2019 consiguió su reelección con el porcentaje más alto de votos de la historia de Córdoba (57%) y que dejó el poder provincial con una alta imagen pública, pero la seguridad fue sin duda el punto débil de sus gestiones. Nunca le encontró la vuelta.
Tal vez sea, como argumentan en privado los schiarettistas más pragmáticos, porque la criminalidad no tiene solución en épocas de crisis económica y con índices de pobreza por las nubes.
Otra mirada
Los tiempos y los protagonistas cambian. Ahora, Martín Llaryora hace un gran esfuerzo discursivo para diferenciarse de las anteriores gestiones peronistas.
En realidad, la mayor diferenciación parte de cómo afronta la sensible cuestión de la seguridad: no sólo que le devolvió el rango de ministerio, sino que las políticas en la materia aparecen como una de sus principales apuestas de gobierno.
Esto quedó demostrado en su primera semana de gestión. El flamante ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, hegemonizó la información oficial, que incluyó el previsible cambio de la cúpula de la Policía de Córdoba.
Se trata de una apuesta arriesgada del nuevo gobernador. Aunque, hay que decirlo, condicionado por un dato de la realidad: la inseguridad es la mayor preocupación de los cordobeses desde hace varios años.
Para conducir las políticas en esta área clave, Llaryora también apostó por alguien que no es de su riñón. El exjuecista Quinteros fue un áspero, crítico y activo denunciador de las gestiones peronistas.
No obstante, hacía tiempo que Quinteros se movía más cerca del oficialismo que de la oposición. Sobre todo en la pasada campaña electoral capitalina.
Aunque ninguno de los dos lo admita, este habría sido el motivo principal de que Quinteros haya concretado su distanciamiento político con el exlegislador Aurelio García Elorrio, referente de Encuentro Vecinal Córdoba, espacio por el cual aquel accedió a una banca de concejal de la Capital provincial entre 2019 y 2023.
Quinteros no es un especialista en seguridad. Su pase a la cartera provincial se lo comenzó a ganar con el plan de seguridad que presentó en la reciente campaña capitalina, como candidato a intendente.
El sillón del Ministerio de Seguridad –no es un dato menor destacarlo– no es el más apetecible para un político con aspiraciones de crecimiento. A esto lo acreditan varios encumbrados dirigentes peronistas que rogaban no ser convocados por el nuevo gobernador para ese cargo.
Tal vez Llaryora haya percibido esto a la hora de buscar fuera de su espacio a alguien que le conduzca las políticas de seguridad.
Para Quinteros, el ministerio provincial será la apuesta más fuerte de su trayectoria política.
El flamante funcionario demostró cintura política y mucho trabajo legislativo desde una banca en la Legislatura y, luego, en el Concejo Deliberante capitalino.
Su habilidad para comunicar es una cuestión de su perfil que también habría incidido a la hora de ser el elegido para ocupar uno de los sillones con mayor exposición mediática en el gabinete provincial.
La inclusión del ahora exopositor Quinteros al oficialismo también tiene un costado político que seguramente valoró Llaryora a la hora de convocarlo para su gestión: alimentar su pregonado partido cordobés, que aglutina a dirigentes de distintos espacios. Claro que el combate contra la inseguridad, en tiempos de crispación social, exige gestión las 24 horas y no hace distinciones partidarias.
