El proyecto de ley para “regular” la protesta social -en particular los piquetes y acampes- mediante el Código de Convivencia comienza a debatirse en la Legislatura sin que el bloque mayoritario de Hacemos por Córdoba tenga una opinión monolítica: aunque una mayoría de los legisladores avalaría incorporar como contraventores a quienes organizan los cortes de calles, algunos oficialistas expresaron su rechazo y argumentaron que “la solución no es legislativa, sino judicial”.
Al defender su proyecto, el legislador autor de la iniciativa, Juan Manuel Cid argumentó que la “necesidad” de modificar el Código de Convivencia para “regular el uso del espacio público” durante las protestas obedece a que “se trata de una situación nueva, un fenómeno que no ocurría en 2015, cuando se sancionó aquella ley.
“Hay un fenómeno de ocupación constante y permanente del espacio público. Estamos en un estado de reclamo, no en una situación de reclamo. Entonces, se trata de regular que las protestas se produzcan pero sin afectar otros derechos, para lo cual es indispensable que la organización social, política o gremial que quiera manifestarse informe cuándo, dónde y cómo lo hará”, dijo Cid.
Junto a la posición de Cid se encolumnan los radicales Dante Rossi y Verónica Garade, quienes presentaron un proyecto de ley similar, aunque agrega una zona de exclusión de protestas, en el microcentro.
Para Rossi, es “urgente avanzar con un nuevo pacto de convivencia”, particularmente por la situación de los comerciantes del Centro, quienes “se pasan días enteros sin poder vender, producto de los cortes en la vía pública”. “No pretendemos que no marchen, porque es producto de un reclamo legítimo, pero sí de manera coordinada, para no complicarle la vida al resto de los cordobeses. El poder político no puede mirar para otro lado”, agregó el legislador radical. Sin embargo, en el peronismo no hay consenso respecto de la conveniencia política de avanzar en el camino sugerido por Cid.
La legisladora Nadia Fernández (Hacemos por Córdoba) opinó que “no es necesario” modificar el Código de Convivencia, tal como “quedó demostrado” en las últimas dos semanas, cuando la Policía, por orden de la Fiscalía, habilitó la movilización pero impidió acampes y piquetes.
“Quedó claro que cuando un fiscal se pone a trabajar y articula con la Policía, no hay acampe. El planteo de los vecinos del Centro hay que atenderlo, pero la solución no esta en la Legislatura, sino en el Poder Judicial y en el Ejecutivo”, dijo la legisladora oficialista.
En ese sentido, y sin opinar sobre el debate legislativo, el ministro de Gobierno y Seguridad de la provincia, Julián López, opinó sobre la decisión de la justicia provincial de impedir los cortes totales de calles: “Respetamos el derecho a la protesta, pero también el derecho a los ciudadanos de poder trasladarse. La Policía de Córdoba colabora con el Poder Judicial, en la función de que se respete la ley”.
La posibilidad de avanzar en una “regulación” de la protesta recogió el rechazo de sectores aliados al gobernador Juan Schiaretti: la CGT se pronunció en contra (tiene dos bancadas en el bloque oficialista, José Pihen y Sara García), al igual que el Movimiento Evita y el Partido Socialista.
“A ningún compañero le gusta salir a la calle a plantear la problemática que hay respecto de las desigualdades. Pero lamentablemente, lo que se quiere es visibilizar la problemática. Entiendo el malestar que esto genera, pero también hay que comprender la realidad”, dijo el referente de la organización social.
El legislador socialista Chamorro, quien integra la bancada de Hacemos por Córdoba, dijo que no está en contra de regular, pero reparó que “los proyectos presentados cuentan con aristas que trasladadas a la realidad, pueden volverse peligrosas y violatorias de derechos fundamentales que hemos consagrado; en algún caso la propuesta legislativa no limita sino que directamente prohíbe, cercena o anula completamente el derecho y eso no puede ser convalidado”.
Con este mar de fondo, se infiere que el gobernador Juan Schiaretti sería reacio a modificar el Código de Convivencia de la Provincia, sobre todo cuando la “problemática es sólo de la ciudad de Córdoba”, aunque el debate está abierto: el Ministerio Público Fiscal fue convocado a concurrir a la Comisión de Asuntos Constitucionales el próximo jueves. Se espera que, tal como adelantó el fiscal General, Juan Manuel Delgado, en el marco del habeas corpus presentado por el centro vecinal del barrio Centro, haya un aval al endurecimiento de la ley.
Otras posiciones
Desde Encuentro Vecinal, el partido que liderada Aurelio García Elorrio, el legislador Álvaro Zamora dijo que “es absolutamente necesario regular los piquetes porque se han descuidado los derechos de los ciudadanos a circular y realizar sus actividades productivas, educativas y recreativas”. Apuntó que una modificación al Código de Convivencia permitirá “a las fuerzas de seguridad saber cómo actuar y hasta donde se puede ejercer el derecho de protesta y hasta donde no”.
Desde el bloque de Juntos por el Cambio adelantaron que no hay una postura definida. “La solución no necesariamente es una reforma al Código de Convivencia. Los operativos policiales dieron mejores resultados, podría ser una evidencia de que hay que ajustar y no reformar la ley”, dijo Silvia Paleo, legisladora del PRO.
En la Legislatura, el debate recién empieza. En las calles, no.
Los vecinos del habeas corpus, a favor de una ley anti piquete
A la espera que se resuelva el habeas corpus presentado por los vecinos del Centro -trámite que generó una mesa conjunta entre la Justicia, el Ministerio Público Fiscal, la Policía y el Gobierno provincial para fortalecer los operativos policiales-, el juez que lo tramita, Juan Manuel Fernández López, reiteró que los cortes realizados generalmente por organizaciones “piqueteras” provocan “una vulneración sistemática y permanente de un sinnúmero de derechos constitucionales”.
Aunque por su rol no puede sugerir cuál es el tipo de legislación, hizo un guiño a favor de la propuesta de modificar el Código de Convivencia para obligar a las organizaciones que protesten a notificar a la Policía. “Este fenómeno se puede prever, y actuar con medidas preventivas, como vallados y protección de edificios públicos”, dijo Fernández López.
En ese marco, recalcó que, en su opinión, “la protesta no está criminalizada, está protegida; se criminaliza cuando los organizadores cometen un crimen”.
“No se pone en jaque el derecho a peticionar. Ahora, si tres o más personas convergen para organizar un corte, incurren en un delito”, reiteró Fernández López, quien agregó que el habeas corpus procura “sentar lineamentos y poner límites a los avasallamientos” hacia los vecinos y comerciantes del Centro.
En ese sentido, el abogado que representa a los vecinos, Eduardo Bittar, se mostró a favor de modificar el Código de Convivencia en los términos propuesto por Cid y Rossi. “Sería fundamental y muy positiva para elevar a nivel legal este protocolo, poder anticipar legalmente la adopción de medidas a través de la comunicación previa y sancionar a los organizadores cuando ocurran desmanes en manifestaciones, y cortes de calles y de puentes, en violación a la ley y a los protocolos”.
Rechazo y denuncia a la Jefa
Mientras se inicia el tratamiento legislativo del proyecto de ley para ampliar sanciones a quienes realicen este tipo de protestas, las organizaciones sociales y políticas que tienen como método cortar las calles y movilizarse están en alerta y comenzarán a desplegar en los próximos días distintas acciones para rechazar lo que consideran una avanzada sobre el derecho a manifestarse.
En ese marco, Mariano Lorenzo, legislador provincial y uno de los conductores del Movimiento Evita, señaló que “no hay otra forma para los sectores más vulnerables que expresar y visibilizar el descontento en la calle”. La opinión del Evita es clave porque la organización es socia de Hacemos por Córdoba e incide en el colectivo de la economía social.
La izquierda, por su parte, fortalecerá su discurso crítico a la “criminalización” de la protesta y realizará acciones en ese sentido. Luciana Echevarría, legisladora por el MST, adelantó que presentará en las próximas horas una denuncia penal contra Liliana Zárate, la jefa de la Policía de Córdoba, “por utilizar el aparato del Estado en contra de las organizaciones sociales, políticas y sindicales”. En las audiencias del habeas corpus, al ser consultada por el juez, Zárate aseguró que la Policía puede identificar a los cabecillas de las protestas.
