La Mesa Permanente de Salud que integran los ministerios de las provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre Río manifestó su profunda preocupación ante el anunciado cierre de los servicios de guardia y de internación del Hospital Nacional de Salud Mental Laura Bonaparte, ubicado en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y dependiente del Estado Nacional. No es frecuente una reacción conjunta de las tres provincias contra una decisión del Gobierno de Javier Milei.
A través de sus respectivas áreas de Salud Mental, las tres provincias expresan que esta decisión “no solo deja a los usuarios sin un lugar donde recibir la atención necesaria, sino que también vulnera los derechos de los pacientes y los trabajadores”, indica el comunicado conjunto de los ministerios encabezados por Ricardo Pieckenstainer (Córdoba), Silvia Ciancio (Santa Fe) y Guillermo Grieve (Entre Ríos).
“Este acto refleja un desinterés por la salud pública en su conjunto y carece de una justificación clara, agravando una situación sanitaria ya alarmante”, dice el comunicado, que además sostiene que “esta medida pone en riesgo la continuidad de servicios esenciales de atención, tales como las guardias y las internaciones en uno de los principales hospitales nacionales dedicados a la salud mental, desatendiendo a personas en situación de vulnerabilidad y afectando gravemente la calidad de la respuesta sanitaria”.
Los tres ministros de Salud consideran también que es imprescindible que cualquier reestructuración o descentralización de estos servicios se realice con plena consideración de los derechos humanos de las personas con discapacidad psicosocial e intelectual, tal como lo establecen los principios fundamentales de nuestro sistema de salud mental. El cierre del Hospital Nacional de Salud Mental Laura Bonaparte fue dispuesto de manera sorpresiva por el Ministerio de Salud de la Nación y en el interior del país hay temor por el futuro de los centros de salud nacionales, entre ellos los depedientes de las universidades.
“Se solicita al Estado Nacional que aclare de manera urgente los planes para asegurar una atención adecuada y que tome decisiones dentro de un marco de diálogo amplio y transparente con los actores involucrados. La protección de la salud mental de la población debe ser una prioridad”, finaliza el comunicado.
El Gobierno decidió el cierre de los servicios de guardia e internación de ese centro de salud mental argumentando que el presupuesto de 16.500 millones de pesos que consume es muy alto para la cantidad de pacientes que trata. Las cifras fueron desmentidas por los gremios que representan a los trabajadores.
