El proyecto de reforma laboral que debe alumbrar el Consejo de Mayo no está escrito todavía. Es en ese ámbito donde debe consensuarse un proyecto que será asumido por el Poder Ejecutivo para enviar al Congreso, después del 10 de diciembre.
En ese Consejo participan Alfredo Cornejo, en representación de las provincias firmantes; Carolina Losada, por el Senado; Cristian Ritondo, por Diputados; Gerardo Martínez, por las organizaciones sindicales y Martín Rappallini, por las entidades gremiales empresarias de Tercer Orden y el Jefe de Gabinete (ahora, Manuel Adorni).
Hay un boceto, muy inicial y embrionario, que se está discutiendo en el seno del Consejo, que todavía no está terminado. Es más, tiene observaciones al margen y artículos puestos para discutir, pero todavía no analizados. A ese documento accedió La Voz. Se llama “Consejo de mayo-laboral con cambios”: patea el tablero en los aspectos medulares de la ley laboral e incluso, va más allá del DNU 70 de fines del 2023, hoy suspendido.
Algunos creen que las versiones son alentadas desde el Gobierno, que pretende instalar cambios extremos para luego desecharlos; y otros creen que es el propio Martínez, de la UOCRA y miembro de la CGT, que tiene una posición más dialoguista y a quien también le conviene que se anuncien modificaciones exageradas para luego acordar cambios menores.
Cambios
Hay tres cambios profundos que plantearían una nueva arquitectura dentro del régimen laboral: la posibilidad de que caiga la ultraactividad, es decir, la vigencia automática de los convenios colectivos de trabajo; la eliminación de los aportes al sindicato solidarios para los trabajadores no agremiados; y la primacía de los convenios por empresa por sobre los de la actividad.
Hay un punto relevante que está en discusión pero no está escrito en este borrador: la baja de los aportes patronales. Podría incluirse en esta ley, podría ser en la 24.241 que regula el sistema de jubilaciones y pensiones o podría ser una modificación de la ley tributaria 27.430. Se están haciendo diferentes cálculos con una metodología novedosa: un mínimo no imponible a la masa salarial de la empresa.
En lugar de bajar la alícuota (hoy promedio del 16%) se dejaría una masa salarial sin aportes y luego, se aportaría sobre la diferencia.
Por ejemplo: $ 10 millones al mes, exentos de cargas sociales y se empiezan a pagar desde los 10 millones en adelante. Así, favorecería a las pequeñas y medianas empresas (en ese monto podrían entrar las que tienen, según el salario, entre cuatro y 10 empleados) que pasarían a pagar cero de contribuciones patronales.
Se están simulando diferentes escenarios (5, 10, 15 y 20 millones) para calcular el impacto fiscal de la medida. La palabra final la tiene el ministro Luis Caputo.
Tendría un tope (masa salarial por encima de los 80 millones, por ejemplo) en donde no tendría vigencia el mínimo no imponible.
En cuanto a los cambios a la ley de contrato de trabajo, sólo la quita de los aportes solidarios estaba en el DNU: sobre lo demás, no avanzaba. Están los que entienden que no hay manera de que los gremios (y legisladores kirchneristas, radicales y otros) avalen eso en el Congreso y están los que dicen que éste es el momento bisagra para intentarlo.
Otros buscan verle los hilos a la negociación: poner todo sobre el asador, absolutamente todo, para después ir cediendo. Veamos.
Qué hay
El cambio más relevante, al entender de Jorge Colina, titular de la consultora Idesa, es la posibilidad de que haya acuerdos laborales por empresas y que se sobrepongan al de actividad.
Hoy, los convenios colectivos por actividad se sobreponen a los regionales o a los de empresas, a menos que el de empresa sea superior que el de actividad o que el gremio de la actividad esté de acuerdo. Por eso es que hay acuerdos con las automotrices, por ejemplo.
“Eso es correcto, es lo que hay que hacer. Queda una sola cosa pendiente: definir que la representación de los trabajadores sea de los mismos trabajadores de la empresa, y no de los sindicatos, porque hoy se pueden hacer algunos acuerdos por empresa, pero el gremio no los firma”, dice Colina.
El segundo cambio tiene que ver con la ultraactividad. Los convenios colectivos (la mayoría de la década del ’70) tienen un plazo de vigencia. Si ambas partes no acuerdan cambios, se prorroga automáticamente. Desde los ’70 a esta parte son pocos los sindicatos que aceptaron discutir el convenio.
En el borrador del Consejo de Mayo, se cambia el artículo 6° de la ley 14.250 y establece que un convenio vencido “solamente mantendrá subsistentes las normas referidas a las condiciones de trabajo establecidas en virtud de ellas (cláusulas normativas)… El resto de las cláusulas (obligacionales) podrán mantener su vigencia, sólo por acuerdo de partes o por la específica prórroga dispuesta por el Ejecutivo”.
Se da un plazo de un año para que Trabajo convoque a negociar o ratificar los convenios vencidos. Las cláusulas obligacionales son las que rigen entre gremio y empresa, como los aportes al fondo sindical, a la mutual, a la capacitación o el famoso aporte solidario.
Eso significa que hay que discutir todo de nuevo: el aporte solidario (y otros tantos que rigen para los gremios) podrían seguir. O no. El aporte solidario está entre el 2-3% y lo pagan todos los trabajadores, aun lo que decidieron no agremiarse. Camioneros, comercio, textiles, bancarios, Smata, Uom y Gastronómicos, entre otros, lo tienen.
Algunos creen que podría seguir, siempre y cuando el gremio acepte discutir las cláusulas normativas del convenio colectivo.
“Nosotros estamos trabajando de manera constructiva para modificar aspectos hoy clave que no puedan ser rechazados por los gremios”, dice el economista Gastón Utrera, que agrupó en Córdoba a diferentes cámaras (metalúrgicos, transporte de cargas, salud) y al mismísimo G7 en pos de la “reforma posible”.
“Nosotros creemos que sacar el aporte solidario ahora o plantear la caída de la ultraactividad harán que la reforma se empantane”, dice.
“Trabajamos con tres premisas: todo lo que vayamos a proponer tiene que bajar los costos productivos; no tiene que afectar derechos de los trabajadores y no tiene que afectar a los gremios, porque si es así, te bloquean toda la reforma”, dice Utrera.
Los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger son más partidarios de ir bien a fondo, especialmente después del resultado de las elecciones del domingo y del apoyo generalizado de 20 gobernadores de avanzar con cambios laborales. De todos modos, el proyecto todavía se está cocinando.
Qué más se sabe
Banco de horas. El proyecto contempla aumentar el límite de la jornada máxima diaria legal, llegando hasta 12 horas en algunos casos para hacer frente a los días de más actividad, pero compensando después. Por ejemplo, una empresa que trabaja fuerte lunes y martes, podría esos días contar con el personal 12 horas y que no vayan el viernes, por ejemplo. O hacer dos días de 12 y dos días de cuatro.
Vacaciones y descansos. Se propone que las vacaciones puedan fraccionarse en varios tramos, con mínimos de una semana, entre octubre y el 30 de abril del año siguiente. La mayoría de las empresas ya lo permite.
Indemnización por despido. Hoy, la ley de Contrato de Trabajo establece un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses. El borrador propone un límite de 10 años, alegando el riesgo patrimonial que supone. Se podría completar o reemplazar ese sistema con un Fondo de Cese laboral, en el que el empleador (o ambos, empleador y trabajador) hagan aportes periódicos a fondos que luego se utilicen al momento de la desvinculación.
Enfermedad inculpable. Establece el pago del 80% del salario en el caso de enfermedad, no remunerativo, con certificado médico con firma digital. “En el mundo es así, se paga menos porque tenés menos gastos y además, porque es un incentivo para volver a trabajar”, dice Colina.
Trabajadores de plataformas. Los sacan de la ley de contrato de trabajo y los llevan a una relación civil y comercial.
Qué dicen los empresarios
“Si no sale ahora, no sale más”, se entusiasma Sebastián Parra, de la Cámara de Comercio de Córdoba. “Es muy buena señal la actitud del gobierno nacional de abrirse y escuchar, nosotros siempre estamos abiertos a aportar nuestras ideas para potenciar el desarrollo del empleo”, sostiene.
“Si no hay reforma laboral, el año que viene sube el desempleo”, apunta Marcos Lozada, presidente de la Cámara de Empresas de la Salud de Córdoba.
“Creo que estamos ante una oportunidad histórica para que salgan estas reformas estructurales, tanto la laboral como la impositiva. Creo que depende pura y exclusivamente de que Milei calme su genio y que entre en una senda de búsqueda de consensos”, dice Luis Maccario, titular de la Unión Industrial de Córdoba.
“Nadie piensa en que el trabajador gane menos, sino que cueste menos contratar porque no podemos ser competitivos”, sostiene Gustavo del Boca, titular de la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Córdoba, y uno de los más activos a la hora de proponer la letra chica de los cambios laborales.
