Referentes políticos cruzaron este martes opiniones a favor y en contra sobre la decisión del Gobierno de suspender la pauta oficial durante un año, dado que mientras algunos celebraron la medida o coincidieron en la necesidad de regularla, otros manifestaron “preocupación” por posibles despidos en los medios de comunicación social y recordaron la función de la publicidad estatal.
A favor de eliminar la pauta oficial
La futura canciller Diana Mondino respaldó en las últimas horas la iniciativa del presidente Milei para eliminar la pauta oficial de los medios de comunicación y consideró que se trata de una “excelente decisión”. “No se puede cobrar impuestos para intentar distorsionar la realidad”, indicó Mondino en su cuenta de Twitter.
Qué dijo Juan Grabois sobre la pauta oficial
Por su parte, el dirigente del Frente Patria Grande y excandidato presidencial, Juan Grabois, sorprendió al celebrar la medida anunciada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, y lamentó que esa medida no se haya implementado durante gestiones anteriores para esos fondos destinarlos a medios comunitarios.
“Ojala hubiéramos tenido nosotros los huevos para hacer esto, bancar a los medios comunitarios y sostener con REPRO los puestos de trabajo en PyME ¿te cae mal que lo diga? Jodete. Yo nunca banqué subsidiar a los medios hegemónicos y mendigarles piedad a cambio de plata del pueblo”, escribió Grabois en su cuentade X.
En su mensaje, también recordó que en agosto de este año se había manifestado en favor de eliminar la pauta junto con las exenciones impositivas de los medios hegemónicos, al compartir declaraciones que realizó a Barricada TV.
“Grieta” dentro de la izquierda y el kirchnerismo por los dichos de Grabois
En respuesta al mensaje de Grabois, la legisladora porteña por el Frente de Izquierda, Celeste Fierro, lo consideró un “derrape” por parte del dirigente social.
“Ah boe! Ahora resulta que la motosierra de Milei es progresista y `tiene huevos` Cuando los patrones de los medios despidan con la excusa de la `pauta` recortada, ¿de qué te vas a disfrazar?!”, escribió en su cuenta de X y añadió: “Qué derrape. Ni (el exministro de Economía, Sergio) Massa se animó a tanto”.
En esa línea, el director del Banco Provincia de Buenos Aires, Sebastián Galmarini, rechazó lo manifestado por Grabois y advirtió que “esta medida va a dañar a muchos trabajadores, pymes de medios zonales, regionales y nacionales, productoras de contenidos y a quienes nos informamos”.
“Entiendo que los multimedios no viven de pauta solamente. Viven de otros ingresos y tienen otros intereses”, afirmó y agregó que considera que “es muy mal argumento por muchas razones”, pero que principalmente no coincide “en seguir ventilando los debates a los cuatro vientos para sonar popular” y “menos que menos, intelectual”.
Asimismo, el secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), Agustín Lecchi, consideró que es “una decisión pésima” por parte de un gobierno que “desprecia a la población” y recordó que la pauta cumple el rol de “informar de los actos de gobierno y de Estado a toda la sociedad”, algo que no puede hacerse “a través de TikTok o plataformas”.
“Es llamativo pero coherente a las primeras acciones de gobierno y como se relaciona con la prensa”, dijo en declaraciones a radio Gráfica, y lo consideró “preocupante” porque perjudica el derecho a la información y también por “las fuentes de trabajo” en los medios de comunicación.
“La pauta representa menos del 0,5 por ciento del presupuesto nacional. Es una medida para visualizar un enemigo y decir que la casta son los medios”, añadió.
Por su parte, la exdiputada nacional de Unión por la Patria Fernanda Vallejos señaló que la reducción de ministerios anunciada por el gobierno junto con la suspensión de la pauta oficial “no llega ni al 0,1% del PBI”.
“De todas maneras, aunque el orden fiscal (hay que mejorar la recaudación donde hay capacidad contributiva) es deseable, el problema de Argentina no es fiscal. Es el frente externo y la deuda”, remarcó en su cuenta oficial de X.
Diputadas de las UCR tienen un proyecto
Otra postura diferente fue expresada por parte de las diputadas de la UCR, Karina Banfi y Soledad Carrizo que previamente habían presentado un proyecto de ley con modificaciones en la pauta oficial.
“Soy autora de un proyecto para regular la pauta oficial ya que lamentablemente se ha usado como herramienta de disciplinamiento a la prensa. Mi proyecto está en línea con los estándares internacionales de libertad de expresión y de prensa”, aseguró Banfi en redes sociales.
La diputada Carrizo también destacó que el proyecto del que es coautora tiene por objetivo regular la pauta “para evitar la discrecionalidad y el clientelismo mediático”.
“Hace tiempo que insisto sobre la necesidad de una Ley que regule la contratación de los servicios de publicidad oficial. Requerimos criterios objetivos de distribución y transparencia en la asignaciones”, apuntó en su cuenta de X.
Especialistas advierten sobre la suspensión de la publicidad oficial
La suspensión por un año de la publicidad oficial en los medios de prensa tendrá “un impacto negativo en todo el sistema de comunicación del país, aunque repercutirá en forma más “significativa” en los ingresos de las pequeñas y medianas empresas periodísticas que de los grandes grupos”, coincidieron tres especialistas.
Los fondos que el Estado destinó en 2023 en materia de publicidad oficial, una herramienta cuya función principales es la de dar a conocer los actos de gobierno -como por ejemplo el anuncio de campañas de vacunación o licitaciones públicas- rondaron los 40.000 millones de pesos, unos 100 millones de dólares, una cifra que para el investigador principal del Conicet Martín Becerra “no es relevante” en el total del gasto público.
“Se trata de una medida más de tribuneo que de austeridad. Por otro lado, pensar la austeridad lesionando el derecho de la ciudadanía a acceder a la información pública es un contrasentido”, dijo Becerra.
“Voy a terminar con la pauta oficial, ya que me parece que robarle a la gente para propaganda política (medios públicos) y condicionar periodistas vía la pauta oficial está mal...”, había escrito Milei en abril pasado en su cuenta personal de la red social X.
Al anuncio hecho por Adorni se sumó la decisión gubernamental de iniciar una “revisión de los contratos y de cada uno de los nombramientos del Estado nacional del último año” como parte de una serie de medidas para reducir el gasto público.
Por medio de su cuenta personal en X, Becerra dijo que Adorni no precisó ante la prensa si la suspensión de la pauta publicitaria contemplará solo a los fondos que para tal fin tiene a su cargo la Presidencia o si abarca a todo el Gobierno nacional, a las empresas públicas, como YPF y Aerolíneas Argentinas, y a los organismos descentralizados del Estado.
Becerra mencionó que la función central de la publicidad oficial “es dar a conocer los actos de gobierno. Es un principio republicano y una obligación constitucional de todo gobierno. De ahí que, desde 1810 en adelante, existe la publicidad oficial”, indicó a Télam.
Para Becerra, que también es profesor titular en la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y en la Universidad de Buenos Aires (UBA), no existe un “derecho” de los medios de comunicación a recibir publicidad oficial, pero “sí hay un derecho de la ciudadanía a ser informada sobre lo que el gobierno hace”.
Acerca del impacto que tendrá la medida anunciada por Adorni, “será más problemática para empresas medianas y pequeñas” de comunicación “que para grupos más grandes, que fueron hasta ahora los mayores beneficiarios ya que cuentan con otros negocios, más rentables, con el Estado”, opinó Becerra.
Para Santiago Marino, doctor en Ciencias Sociales y Magíster en Comunicación y Cultura por la Universidad de Buenos Aires (UBA), los fondos que el Estado destina para publicidad oficial en los medios de comunicación “tienen un peso significativo” en las finanzas de las empresas periodísticas, tanto que “dependiendo el año y como se gestione, puede representar entre el 5 y el 10 por ciento del total de la torta publicitaria”.
“Si la suspensión decidida por el Gobierno se combina con la retracción que se vive en materia publicidad comercial privada en un contexto de crisis económica, estamos frente a un escenario en el cual los medios de comunicación van a sufrir una fuerte disminución de sus ingresos”, evaluó Marino en declaraciones a Radio Nacional.
Esa coyuntura, expresó Marino, “podría derivar en condiciones negativas para la forma de ejercer el periodismo” y agravar la “precarización laboral” que afecta a los periodistas en distintos medios de comunicación.
Marino, en tanto, también evaluó la posibilidad de que provincias y distritos como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires, que sumados representan una cifra superior a la del Estado nacional, tomen una medida similar.
Agustín Espada, investigador del Conicet y doctor en Ciencias Sociales por la UBA, explicó en declaraciones a Urbana Play que la suspensión de la publicidad oficial no solo afectará a los medios de comunicación, sino que significa retirar los fondos destinados a difundir los actos de gobierno en “las cartelerías de la vía pública, en cines y eventos deportivos”.
Al igual que Becerra y Marino, Espada opinó que la medida gubernamental ocasionará “una precarización y pérdida de puestos de trabajo” en los medios de comunicación, lo que repercutirá “en la calidad de los contenidos y el acceso a la información”.
