La Provincia de Córdoba rechazó en la Justicia la procedencia del amparo presentado por La Voz para acceder a los nombres de los contratados de la Legislatura Unicameral.
En respuesta al recurso de amparo por mora admitido por la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Primera Nominación, la Procuración del Tesoro de la Provincia rechazó por improcedente el planteo de La Voz. Esto pese a que, en simultáneo, asegura haber respondido la solicitud de información pública, en referencia a la contestación enviada el miércoles por el presidente provisional de la Unicameral, Facundo Torres.
Ni una ni otra respuestas del Estado suministran los principales datos solicitados: el nombre y apellido de los contratados y para qué legislador trabaja cada uno de ellos. Tampoco la evolución de la cantidad de empleados de planta permanente, contratados y monotributistas desde el año 2000 a la fecha.
La representación legal de la Provincia está en manos del procurador del Tesoro, Mariano Armando Andruet, y del director General de Asuntos Judiciales, Fernando Maldonado. El planteo general desconoce la procedencia formal del amparo por mora presentado por La Voz del Interior SA.
Fundamenta esa supuesta improcedencia en el hecho de que el pedido de información pública fue ingresado por escrito a través de la Mesa de Entradas de la Legislatura y no por Cidi. También en el hecho de que esa solicitud había sido presentada por Carlos Jornet, director periodístico y apoderado de La Voz del Interior SA, y por Virginia Guevara, editora de Política del mismo medio, mientras que el amparo fue presentado por La Voz del Interior SA.
Más allá de las cuestiones formales, la respuesta judicial de la Provincia aporta otros argumentos para negar la información solicitada. Por ejemplo, sostiene que “la Legislatura de la Provincia de Córdoba ha venido desarrollando, desde hace varios años (2022), un Plan de Parlamento Abierto con el objetivo de profundizar la interacción entre el Poder Legislativo y la ciudadanía, dotando a la institución de mayor transparencia, fortaleciendo la participación ciudadana y promoviendo la rendición de cuentas”.
Ilustra ese plan de transparencia con una larga serie de enlaces al sitio de la Legislatura, pero en ninguno de ellos se encuentran los datos solicitados.
“Mucha de la información peticionada por la accionante ya se encuentra públicamente disponible para su consulta en la página oficial de la Legislatura de la Provincia de Córdoba, siendo responsabilidad del interesado –y no del Estado– procesarla, sistematizarla, analizarla y vincularla con otras fuentes de datos a fin de obtener el contenido preciso que se adecue a su interés particular”, sostiene la respuesta de la Procuración. No obstante, esa información institucional y esos datos –en muchos casos, desactualizados– no responden la requisitoria de La Voz sobre los contratados nombrados por cada legislador.
La respuesta de la Procuración también insiste en aclarar que “la obligación (del Estado) de proveer la información se limita al deber de proveer ‘la información contenida en documentos…’, pero el Estado no se encuentra obligado a procesarla o producirla” a requerimiento de un particular que presente un pedido de acceso a la información pública.
“En prácticamente todos los puntos requeridos, a fin de proporcionar dichos datos, nuestra mandante debería afectar recursos humanos y materiales destinados a organizar, sistematizar y elaborar la información conforme a las exigencias estipuladas”, plantea la Procuración, como si elaborar un listado de contratados y establecer qué legislador solicitó su nombramiento fuese una tarea muy compleja.
Por último, el escrito plantea que, pese a que supuestamente no existía obligación, la Legislatura respondió el pedido de información de La Voz, en referencia a la nota de Facundo Torres que niega la información más relevante solicitada por este medio.
