“Contexto económico extremadamente adverso”. La frase pertenece al ministro de Finanzas de la Provincia de Córdoba, Osvaldo Giordano. La dijo este martes, varias veces, durante la presentación en la Legislatura de los lineamientos generales del Presupuesto 2024.
El paquete de leyes económicas tomará estado parlamentario este miércoles y, hasta diciembre, cuando se vote luego de una doble lectura, recorrerá las comisiones de Hacienda, de Legislación general y de Asuntos Constitucionales.
Uno de los datos de mayor relevancia respecto del presupuesto vigente es que el incremento del Impuesto Inmobiliario no tendrá un tope fijo, como en los últimos años, sino variable: el aumento de los salarios.
“En ningún inmueble, el incremento del monto a pagar respecto del año anterior superará la variación promedio de los salarios”, explicó Giordano ante un puñado legisladores que fueron convocados a uno de los auditorios de la Unicameral.
Ese aumento, tomando el Ripte hasta el mes de agosto, estaba en el 121,3% interanual. El Ripte es la sigla de Remuneración imponible promedio de trabajadores estables.
Si bien no se dieron mayores precisiones respecto de la manera en que se materializará el cálculo, para el caso de los que paguen la cuota única anual, para el tope del impuesto se utilizará el aumento de los salarios entre los últimos 12 meses con datos disponibles.
Sin embargo, si el pago se hace en cuotas mensuales, ese tope se actualizará, sobre el saldo, conforme avancen los sueldos. Podría ser cada dos meses. Además, el tope aplicaría sólo para las cuentas sin deudas.
En sintonía, el Ejecutivo de la Ciudad de Córdoba también envió al Concejo Deliberante un presupuesto que, en líneas generales, aplica una modalidad de aumento similar.
La Provincia, a diferencia de presentaciones anteriores, no dio a conocer un cálculo del aumento promedio estimado del impuesto.
Por otra parte, Giordano sí confirmó que “se mantendrán las exenciones para los sectores vulnerables”.
El monto a pagar se sigue calculando como un porcentaje progresivo del valor fiscal del inmueble, tomando las valuaciones establecidas tras el revalúo y ajustando las bases imponibles y las alícuotas sobre cada estrato, de modo tal que el impuesto resultante esté en línea con lo que la Provincia llama “coeficiente de equidad tributaria”.
Si el cálculo resultante da un aumento, por ejemplo, del 150% respecto del pago correspondiente a 2023, el tope sería de 121,3% (siempre según el Ripte hasta agosto).
En el último presupuesto, el inmobiliario urbano edificado tuvo un aumento promedio del 44%, con un tope máximo del 53%.
Automotor, sin tope
El Impuesto a los Automotores, en tanto, se ajustará en línea con el aumento del valor de los vehículos (información de la DNRPA ).
A diferencia del presupuesto de 2023, esta vez no habrá una cota máxima.
Se mantiene la progresividad del impuesto en función del valor de la unidad, al tiempo que continuarán las exenciones para autos de más de 10 años y motos de más de cinco años.
En el caso del Inmobiliario Rural, las diferencias respecto de actualizaciones previas es que habrá cinco grupos con alícuotas distintas (antes había tres) y que el tope estará en los precios mayoristas de los productos agropecuarios.
El Índice de precios básicos del productor (IPP) subió, hasta septiembre, un 136,4%.
Dardos a la Nación
En la presentación, Giordano no ahorró críticas al Gobierno nacional por la falta de actualización de los envíos para cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones local.
Según lo que expuso, de los casi $ 500 mil millones necesarios en 2023 para sostener el sistema jubilatorio cordobés, $ 100 mil millones son los que debería haber enviado la Nación, pero no lo hizo. “Es una decisión arbitraria de no cumplir con la ley”, alertó Giordano, aclarando que hay tres presentaciones judiciales por las diferencias de 2020, 2021 y 2022.
En total, son unos $ 240 mil millones de cuatro años de deuda, según el cálculo actualizado de la Provincia. “Eso se va a ganar porque es una ley que no se está cumpliendo, el problema es que, mientras, hay que cubrirlo con fondos del tesoro”, agregó.
Según Giordano, es un tema que “desestabiliza” la economía provincial, y no la deuda pública, cuyos vencimientos “están espaciados en el tiempo” y cuyos pagos “no representan más del 2% en el total de las erogaciones”. Para el ministro, aunque ocurriera una brusca devaluación, “no representaría más del 2,5%”.
Las remuneraciones (incluidos los sueldos de los docentes de escuelas privadas), en tanto, representan el 68% de los gastos de la Provincia. Dentro de ese universo, entre un 20% y 25% corresponde al pago de jubilaciones y pensiones.
En la presentación, en un par de oportunidades, Giordano dijo que fue un proyecto de presupuesto atípico porque “lo elaboró una gestión para que la ejecute otra”, aclarando que se hizo “con lineamientos que estableció el gobernador electo Martín Llaryora”.
El ministro de Finanzas también destacó que se amplió la base para el cobro del Impuesto Inmobiliario a partir del trabajo liderado por Catastro. Gracias a esta innovación, sólo en 2023 se detectaron más de 42 millones de metros de construcción nueva que aportarán un incremento del 12% en la base.
