Tres hechos de altísimo impacto sacudieron el escenario político argentino entre el martes y el viernes.
El primero es el que dejó a Cristina Fernández a punto de quedar detenida y fuera de la carrera electoral, tras la ratificación de una condena por corrupción por parte de la Corte.
El segundo mostró a Javier Milei en una inquietante exhibición de cercanía con Benjamin Netanyahu horas antes de que Israel atacara también a Irán, el país acusado de haber respaldado dos atentados criminales en Buenos Aires.
El tercero fue el anuncio de que la inflación de mayo estuvo en el escalón más bajo en cinco años, acompañado una vez más por mensajes de autoproclamación como el mejor gobierno de la historia.
Nada de esto parece haber tenido demasiado impacto en la política cordobesa. Buena parte de la dirigencia de Córdoba observó estos hechos como si hubiesen ocurrido en otro país. Una verdadera paradoja: la mirada general de la dirigencia es cada vez más local, mientras que el electorado parece más nacionalizado que nunca.
Expedirse sobre el Gobierno libertario es una tarea cada vez más dificultosa para los políticos de las fuerzas mayoritarias de la provincia donde Milei sacó el mayor porcentaje de votos en 2023 y donde sigue registrando más apoyo en todo el país, pese a que La Libertad Avanza es un proyecto todavía incipiente en Córdoba: sus dirigentes son pocos y casi desconocidos; nadie imagina todavía quiénes serán los candidatos en octubre y la acción política principal es repostear los mensajes que emanan de las cuentas paraoficiales en redes sociales.
Pero la semana que pasó quedó claro que al peronismo cordobés también le resultó muy dificultoso expedirse sobre la inminente detención de Cristina Fernández, pese a gobernar la provincia más antikirchnerista del mapa, haber cortado relaciones con el cristinismo en 2008 y mantenerse al margen del PJ nacional.
Natalia de la Sota fue la única dirigente cordobesista que –en un anticipo de la diferenciación que muy posiblemente en octubre la llevará en una lista aparte de la de Hacemos– rechazó la ratificación de la condena. Ninguno de los demás, comenzando por Martín Llaryora y Juan Schiaretti, hablaron del tema. Defienden su derecho a no hacerlo e instruyen a los suyos a evitar definiciones sobre esa inminente detención.
Si hablaran, es probable que la postura mayoritaria del cordobesismo –sin negar la existencia de actos de corrupción durante el kirchnerismo– considerara que también existe un trasfondo de persecución política detrás de la inminente detención de la expresidenta y de su exclusión a perpetuidad de las elecciones. Tal vez sea esa la razón principal del silencio del oficialismo.
Cada uno con sus motivos
Es tan atípica la política cordobesa que todos y cada uno tienen razones locales para mirar para otro lado –o para hacerlo con un solo ojo– cuando se trata de Milei o de Cristina.
El intento por situar la discusión política en Córdoba por el centro de esos dos andariveles es una vieja práctica del peronismo de José Manuel de la Sota y de Juan Schiaretti que heredó Martín Llaryora. Lo extraño ahora es observar conductas similares en Rodrigo de Loredo y hasta en Luis Juez, quien de defender a ultranza la gestión libertaria pasó en los últimos días a moderar los elogios y a esbozar algunas críticas por la situación social y el trato que el Gobierno da a sectores como la atención de la discapacidad o la salud.
De Loredo, que empezó a asumir que La Libertad Avanza no le ofrecerá la posibilidad de encabezar una campaña electoral en Córdoba y buscará revitalizar la alianza del radicalismo con lo que queda del PRO y con Encuentro Vecinal, sólo habla del Gobierno nacional si es para elogiar cuestiones puntuales de la gestión Milei. Su discurso prioritario es local: es el crítico más agudo del gobierno de Llaryora y la virulencia de su discurso es la que fuerza al juecismo a redoblar también sus críticas a la Provincia.
No obstante, pese a las críticas recargadas, esa carrera entre los dos opositores que en el pasado fueron socios y ahora compiten abiertamente –Juez respaldará la lista de La Libertad Avanza en octubre– entusiasma una vez más al Panal. En vistas de 2027, pero también de las elecciones de octubre próximo: cuantas más sean las listas, más pesará el aparato del oficialismo y más chances hay de que Juan Schiaretti acepte ser candidato a diputado.
Llaryora en modo gestión
El viernes pasado Llaryora no concurrió a la convocatoria del jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos. Se quedó a recibir un reconocimiento a la política educativa provincial y mandó en su representación a la vicegobernadora. Toda una señal: en el Panal dicen que no hablan de política, pero las críticas a los efectos de la economía libertaria son demoledoras.
Llaryora alienta a sus pares a ir con un proyecto de ley conjunto –es decir, muy fácilmente aprobable– para el reparto automático de los fondos específicos que se alimentan del Impuesto a los Combustibles y de los recursos presupuestados para aportes del Tesoro nacional (ATN). Desde que asumió, Milei no giró esos recursos que son de las provincias. También se evalúa una demanda judicial conjunta.
En las últimas semanas, además de críticas por la concentración de recursos en la Nación y el desfinanciamiento de las provincias, en el Panal empezaron a escucharse preocupaciones de otro orden. Una serie de hechos que se mantienen reservados alertaron sobre la eventual actuación de servicios de inteligencia en rubros muy sensibles, y la desconfianza es lo que más crece en la relación con el Gobierno libertario.
Otro frente tormentoso es el de los conflictos gremiales. El peronismo no quiere protestas en tiempos electorales y hay dos situaciones extendidas en tiempo y en territorio que tendrán respuesta en los próximos días: Llaryora instruyó que el Tribunal Superior de Justicia avance hacia una equiparación en etapas con la Justicia federal, única vía para intentar desactivar ese conflicto que desde hace semanas resiente la actividad en los tribunales de toda la provincia.
Muy diferente es la situación del conflicto entre el gremio de los municipales y la gestión de Daniel Passerini. El Suoem no logró el aumento que exige en Capital y ahora se dispone a extender el reclamo salarial a los municipios de toda la provincia. Hay decenas de intendentes que pagarán los aguinaldos con recursos pedidos a la Provincia y que tendrán pedidos de aumento liderados desde Capital. El problema de Passerini será desde esta semana un problema de Llaryora.
