Mientras el Senado está cerca de aprobar la recomposición de las jubilaciones, la oposición volvió a desafiar al Gobierno en la Cámara de Diputados, donde una nueva alianza transitoria entre la UCR, Unión por la Patria y el bloque de Miguel Pichetto consiguió aprobar en la mañana de este jueves un proyecto para actualizar los gastos de funcionamiento y salarios docentes de las universidades nacionales.
De sancionarse, la ley obligaría al Poder Ejecutivo a revisar partidas y poner bajo discusión el superávit fiscal que Javier Milei volvió a defender este miércoles. “El déficit cero es un mandamiento”, ratificó el presidente en el Consejo de las Américas, donde adelantó que va a “rediseñar la forma en que se escribe” el Presupuesto, que tendrá que enviar el próximo 15 de septiembre.
La media sanción del proyecto universitario, rechazado por La Libertad Avanza y el PRO, fue un punto a favor del radicalismo, que primero forzó su inclusión en el temario y luego logró que el kirchnerismo dejara de lado su propio dictamen para acoplarse al de la UCR. La iniciativa fue aprobada por amplia mayoría: 143 votos afirmativos, 77 negativos y una abstención.
El proyecto ordena al Ejecutivo actualizar en forma bimestral las partidas presupuestarias para cubrir gastos de funcionamiento, desde el 1ro de enero al 31 de diciembre de este año, de acuerdo con el IPC (Índice de Precios al Consumidor).
A su vez, obliga a recomponer los salarios docentes y no docentes del sistema universitario nacional a partir del 1ro de diciembre de 2023 y hasta el mes de sanción de la ley, según la variación acumulada de la inflación durante ese período. Y, desde el mes siguiente a la aprobación de la norma hasta fin de año, dispone un ajuste mensual, también por IPC. Si hay acuerdo paritario, se respetará y estos parámetros no regirán.
Aunque no está calculado el impacto fiscal de la propuesta, en el radicalismo advierten que los salarios docentes, que son el mayor componente del presupuesto universitario, tuvieron un retraso del 30% (docentes) y 26% (no docentes) en términos reales, respectivamente, según el informe de ejecución presupuestaria de la OPC (Oficina de Presupuesto del Congreso) acumulado a julio.
“El costo presupuestario es similar al monto aumentado a los servicios de inteligencia (que planeamos rechazar) y la pauta de YPF que el propio Gobierno planteó eliminar”, graficó en la sesión el diputado Martín Tetaz, y agregó: “Compartimos la necesidad del equilibrio presupuestario, pero tenemos prioridades distintas a las del Gobierno”.
Por el contrario, el oficialista José Luis Espert, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, sostuvo que el gobierno de Milei “está apoyando y sosteniendo la educación superior” y aportó números. Según precisó, las transferencias a universidades fueron, en 2023, de 1.4 billones de pesos, mientras que el crédito presupuestario vigente para 2024 es de 3.0 billones, “o sea el 120%, diez puntos por encima de la inflación que el Gobierno estima para 2024″.
El proyecto aprobado, además, establece la ampliación anual y progresiva del monto y el número de beneficiarios de las becas estudiantiles, aunque sin determinar metas. Y, por último, indica que la AGN (Auditoría General de la Nación) deberá realizar auditorías y remitirlas de manera inmediata al Congreso para su seguimiento. Llamativamente, La Libertad Avanza también rechazó este artículo.
La letra chica de la iniciativa fue producto de intensas negociaciones durante las largas horas que duró la sesión de Diputados. Para que el dictamen de la UCR se impusiera, la oposición repitió la misma jugada que ya había ejecutado con el tema jubilatorio: dejó que primero cayeran los dictámenes de Unión por la Patria y de La Libertad Avanza con el PRO, para finalmente votar el del radicalismo.
Hubo solo un artículo que resultó rechazado, porque Unión por la Patria votó en contra: el 7, que establecía un mecanismo de distribución de los fondos. En todos los puntos restantes, la UCR, el kirchnerismo y Encuentro Federal se pusieron de acuerdo, y sumaron a otras fuerzas provinciales. En nombre de la UCR encabezó las tratativas la diputada Danya Tavela, del sector de Martín Lousteau.
“Es muy positivo el amplio apoyo y la media sanción en Diputados de la ley de financiamiento de universidades nacionales que presentó la UCR. Me comprometo a trabajar para que sea ley en el Senado”, destacó el senador y presidente del partido centenario, en una publicación que compartió el vicerrector de la UBA (Universidad de Buenos Aires), Emiliano Yacobitti.
No obstante, en la Cámara alta los tiempos se alargan: una vez que el expediente ingrese deberá tratarse en comisiones, y tienen que pasar siete días reglamentarios entre la firma del dictamen y su tratamiento en el recinto. Para ese entonces, el proyecto de Presupuesto 2025, donde deberán figurar las partidas para universidades, estará al caer.
Asimismo, el Senado tiene pendiente la votación del proyecto de movilidad jubilatoria que Milei amenaza con vetar. La sesión que iba a realizarse esta semana se postergó para la próxima, y la oposición trabaja para volver a lograr los dos tercios de los votos, lo que blindaría la ley ante la posibilidad de un veto presidencial.
