Mientras la figura del presidente Javier Milei desorienta a sus rivales en el armado electoral y obliga a rediscutir liderazgos y estrategias, en el Congreso los bloques de la oposición dura y dialoguista le marcan la cancha al Gobierno con proyectos de impacto fiscal. No obstante, la Casa Rosada también mueve fichas para resistir los embates y evitar que se acumulen las derrotas parlamentarias, en un tablero dinámico donde los ganadores y perdedores cambian semana a semana.
La Libertad Avanza tiene su oposición más férrea dentro de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda y, hasta el momento, se valió del PRO, la UCR y Encuentro Federal (ex Hacemos Coalición Federal) para aprobar la Ley Bases y otros proyectos de interés para el Gobierno. Pero los bloques colaborativos también hacen su juego y demuestran capacidad de poner límites e imponer agenda propia, incluso a costa de votar junto al kirchnerismo y la izquierda.
En la Cámara de Diputados, el oficialismo tuvo que ceder ante la presión de la UCR y no pudo evitar la media sanción de una ley de financiamiento universitario que incluye una recomposición salarial y compromete la meta del déficit cero. Aunque resta el paso por el Senado y la norma probablemente sea vetada por el presidente, la oposición mostró músculo político para dar la discusión por las partidas en el Presupuesto 2025.
Fue un segundo revés para Milei después de la movilidad jubilatoria, avalada en Diputados a principios de junio. En el Senado, el oficialismo logró estirar el debate con ayuda de la UCR (el mismo bloque que en la Cámara baja trabajó para la aprobación), y esta semana la vicepresidenta Victoria Villarruel demoró aún más la votación, que sería finalmente el próximo jueves.
Según cálculos del Gobierno (que impulsa modificaciones para morigerar el costo fiscal y no llegar a un veto) la norma implicaría un punto extra del PBI para 2024 y un 1,2% para 2025. Pero la oposición está cerca de aprobarla en su versión original con votos de Unión por la Patria, una parte del radicalismo encabezada por Martín Lousteau, y fuerzas provinciales. El objetivo es blindar la norma con dos tercios.
Aún preso de su debilidad numérica, el oficialismo resiste hasta el último respiro. En Diputados, consiguió que el bloque Encuentro Federal, presidido por Miguel Pichetto, postergara al miércoles próximo la sesión especial para rechazar el DNU de fondos reservados para inteligencia, lo que le dio aire a la Casa Rosada para intentar torcer voluntades.
Para lograrlo, La Libertad Avanza tuvo que estirar al máximo la sesión del miércoles a fuerza de cuestiones de privilegio (discursos políticos que los legisladores pueden hacer sin límite). Pero el debate se prolongó tanto que la sesión se quedó sin quórum y quedaron sin votarse dos temas de interés para el oficialismo: una declaración sobre el “fraude electoral” en Venezuela y la prórroga de un programa de desarme. Una de cal y una de arena.
Antes de que eso sucediera, Encuentro Federal y la Coalición Cívica buscaron colar el DNU en el temario y no alcanzaron la mayoría especial que se necesitaba, pero se llevaron lo que buscaban: un acta de votación que blanqueó 135 voluntades a favor, seis más que el quórum. Ahora trabajan para repetir ese número el miércoles. La llave la tiene la UCR: 18 de los 34 radicales (entre los que figura la cordobesa Gabriela Brouwer de Koning) acompañaron el tratamiento del decreto.
Del mismo modo, la Rosada tomó nota de qué diputados salir a que persuadir. Paralelamente, en un intento de cumplir con una exigencia de Rodrigo De Loredo y desactivar la jugada opositora, el oficialismo citó a constituir un día antes de la sesión la Bicameral de Inteligencia, que puede controlar el uso de los fondos reservados. De esa manera, le darían un argumento al radicalismo para no bajar a la sesión.
Hay una pulseada abierta por la presidencia: el asesor presidencial Santiago Caputo promueve a Edgardo Kueider (Unidad Federal), mientras que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, impulsa a Martín Goerling (PRO), pero en los últimos días emergió la posibilidad (resistida por el macrismo) de que sea Lousteau.
Cerca de Martín Menem desdramatizan un posible rechazo al DNU. “No es la Ley Bases”, comparan. A la vez, reconocen que la mayor parte de los fondos asignados a inteligencia ya están comprometidos. En cambio, eligen ponderar el resultado de la última sesión, donde también se aprobó la ampliación del Registro de Datos Genéticos (un proyecto de Bullrich) y la declaración de la educación como “servicio esencial”, a instancias del PRO.
Para un oficialismo tan frágil no solo es un logro aprobar proyectos, sino también mantener con vida el “mega” DNU 70/23 de desregulación económica. Aunque el decreto (ya volteado en el Senado) puede tratarse en cualquier momento en Diputados, Unión por la Patria no consigue que los bloques dialoguistas se suban al rechazo. Es, quizá, la espina más grande para el kirchnerismo.
El jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, escucha consejos de aliados y trabaja para fortalecer el número. El cordobés se reunió la semana pasada con su antecesor en la presidencia de la bancada, Oscar Zago, y le pidió que vuelva a La Libertad Avanza junto con sus pares del MID Cecilia Ibáñez (Córdoba) y Eduardo Falcone. “No están dadas las condiciones políticas”, fue la respuesta. Prefieren un interbloque.
