Varios referentes de Juntos por el Cambio (JxC) denunciaron penalmente al presidente Alberto Fernández por incumplir el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que ordenó devolverle partidas coparticipables a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), mientras que los diputados radicales presentarán el próximo lunes un proyecto para iniciarle juicio político, proceso que difícilmente prospere ante la actual composición de fuerzas en el Congreso.
Todo el arco opositor se sumó a las críticas, con duros términos, contra la Casa Rosada. La mesa nacional de Juntos por el Cambio centralizó el mensaje a través de un comunicado, en el que se repudió la “explícita desobediencia” del jefe de Estado y se alertó que “el incumplimiento representa un conflicto institucional y de poderes sin precedentes en la historia de nuestro país”.
Fallo de la Corte: denuncian penalmente a Alberto Fernández
“No es opcional acatar un fallo de la Justicia, es esencial para convivir en sociedad y en estado de derecho. Abandonar estos principios es la antesala a poner en juego la República y la democracia. Es hora de terminar con la impunidad y los privilegios en la Argentina”, plantearon en la cúpula opositora.
El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, encabezó una conferencia de prensa para referirse al inédito conflicto: “Esto no es contra la Ciudad, esto es quebrar el orden constitucional. El Presidente decidió atentar contra el Estado de derecho, contra la democracia”.
El referente del PRO que se anotó en la carrera para llegar a la Casa Rosada en 2023 informó además que recurrirá nuevamente a la CSJ para pedir que se cumpla el fallo y que denunciará a los organismos y a cada uno de los funcionarios responsables de “incumplirlo”.
“Algo que me sorprende mucho es que algunos gobernadores estén acompañando al Presidente en este ataque a la Justicia porque los gobernadores saben del peligro institucional que esto supone. Son gobernadores que fueron votados para defender a sus provincias y hoy, en esto, están apoyando al gobierno nacional para que arbitrariamente pueda sacarle fondos a cualquier distrito autónomo”, agregó Rodríguez Larreta.
Justamente el presidente Fernández se alzó contra la Corte tras una cumbre de urgencia que mantuvo con la mayoría de los mandatarios provinciales peronistas para analizar el plan de acción ante la orden de devolverle a Caba 2,95% de la masa coparticipable, que en 2023 significará partidas adicionales por $ 180.000 millones.
En rigor, el máximo tribunal no se pronunció sobre la cuestión de fondo en la causa que inició la administración de Rodríguez Larreta cuando la Casa Rosada le sacó, en 2020, las partidas que le dio Mauricio Macri durante su presidencia para cubrir el traspaso de la policía.
La unidad que JpC demostró en sus críticas no se replicó luego en las acciones concretas: hubo sectores que optaron por presentar denuncias penales contra Alberto Fernández y funcionarios del gobierno nacional, y otros que se animaron a emprender el complejo camino hacia el juicio político.
La líder de la Coalición Cívica (CC) Elisa Carrió se anticipó al resto de las jugadas y denunció por “alzamiento, desobediencia e incumplimiento de deberes de funcionario público” al Jefe de Estado; al jefe de Gabinete, Juan Manzur; a los ministros del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, y de Economía, Sergio Massa; y al gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, por ser quien públicamente le pidió al gobierno nacional que desconozca el fallo de la Corte.
El mismo paso dieron integrantes de Representantes Unidos, el espacio que lidera el diputado nacional Ricardo López Murphy.
En simultáneo, los referentes de la oposición en el Congreso de la Nación preparan una batería de medidas, aunque el alcance de las mismas dependerá de la construcción de consensos. El próximo lunes, los diputados del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) presentarán un proyecto para pedir el juicio político contra Alberto Fernández por mal desempeño.
Lo mismo harán los integrantes del PRO y no se descarta que se sumen otros espacios. Además, los diputados macristas pedirán que se cite a Manzur a exponer en el recinto.
Por lo pronto, las gestiones para el juicio político suponen un camino casi inviable porque se necesitan dos tercios de los votos de ambas cámaras para poder destituir al Presidente y el Frente de Todos tiene 118 miembros en Diputados y 35 en el Senado.
Alberto Fernández buscó relativizar su cruzada contra la Corte al señalar que no desconoce la orden. “Qué la voy a desconocer si lamentablemente la reconozco y me parece horrible, imposible de cumplir”, dijo el jueves tras la cumbre con los gobernadores.
El primer mandatario reiteró que su respuesta será recusar a los miembros del máximo tribunal de Justicia y promover un pedido de revocatoria “in extremis” de la resolución cautelar dictada.
Fernández se puso así al frente de una consigna que le permitió reagrupar a los sectores más representativos del peronismo, del kirchnerismo e inclusive a gobernadores que suelen moverse como aliados circunstanciales: Arabela Carreras (Río Negro) y Omar Gutiérrez (Neuquén).
