Todo el arco opositor cordobés se expresó en contra de la decisión oficial de adelantar tres años la licitación de las concesiones de casinos, de hoteles y de slots en la provincia, un negocio varias veces millonario que desde hace más de dos décadas está en manos de CET, la sociedad liderada por los empresarios Aldo Roggio y Miguel Ángel Caruso.
Uno de los primeros en rechazar la iniciativa fue el legislador Matías Gvozdenovich, quien, como titular del bloque de la Unión Cívica Radical, elevó el viernes a la Lotería un “pedido de suspensión del llamado a licitación en curso”, en virtud de que en la Unicameral se encuentra en tratamiento un proyecto de ley –presentado el 27 de diciembre– para que “desde el 1º de enero de 2028 se prohíba en todo el ámbito de la provincia la instalación y explotación de máquinas de juego”.
Además, el exintendente de Arias planteó sospechas acerca de “recurrentes” viajes que personal jerárquico de la Lotería, como su presidente, David Urreta, ha realizado a Mendoza, de donde serían al menos dos de los grupos empresariales interesados en sumarse al negocio del juego en Córdoba.
Según el legislador, la nómina de “viajeros” habría incluido al vicepresidente Néstor Gómez y al abogado Pablo Bario junto con familiares cercanos que también forman parte de la Lotería.
Disconformes
Por el lado del Frente Cívico, el que plantó bandera fue Walter Nostrala, para quien “el daño que le hacen a la gente con el juego online es irreparable, y ahora insisten en las tragamonedas”. El titular del bloque juecista entiende que la licitación de las slots es “otro negocio escandaloso” de este gobierno. “Parece que les está entrando la desesperación, adelantando licitaciones como si el cordobesismo estuviera llegando a su fin. Tiene que haber un límite, es un negocio brutal para pocos que no genera beneficios para el conjunto”.
Sin controles
También desde Encuentro Vecinal Córdoba, se puso reparos a la situación mediante la presentación de un proyecto de ley para “prohibir la creación de nuevos casinos, la tercerización y/o concesión”.
Para Rodrigo Agrelo, la decisión del Gobierno se enmarca en “una estrategia más grande de poder, como es tener el 60% de la obra pública sin control preventivo del Tribunal de Cuentas, como ocurrirá con los U$S 14 millones que se destinarán para ampliar la playa de estacionamiento del estadio Mario Alberto Kempes”.
Sobre los casinos, Agrelo entiende que, “cuando el Estado tomó la administración de los juegos, lo hizo para limitarlos, no para expandirlos”.
Por su parte, el libertario Agustín Spaccesi dijo que les llama “la atención que tres años antes se convoque a licitación. No vaya a ser que el Gobierno busque una rescisión anticipada del contrato actual, que después sea tremendamente oneroso para los cordobeses”.
El legislador de LLA asegura que al recinto no les ha llegado información pese a que se trata de un tema delicado “por la generación de empleo que significa y por los lugares donde se va a invertir, ya que no es lo mismo un casino en un lugar turístico como Villa Carlos Paz que en ciudades como Deán Funes o Cruz del Eje”.
“Es raro. No nos parece prudente que la fecha de vencimiento de la licitación sea un 22 de enero. ¿Qué apuro tienen si faltan tres años? Tendría que haber sido parte de una discusión en la Legislatura, donde se podría haber enriquecido el proyecto del Ejecutivo”, sostuvo Spaccesi.
Desde el PRO Córdoba, se optó por hacer una declaración en conjunto: “No vemos bien anticipar la licitación. No hay necesidad de hacerlo, se podría haber esperado más cerca de la finalización del contrato. Además hay que tener en cuenta que será un programa que va a ir hasta el año 2047. La realidad acerca del juego ha cambiado mucho en los últimos 20 años y lo seguirá haciendo a futuro”.
Empobrecimiento
Pero no solamente la oposición política de Córdoba se ha expresado en contra de la continuidad de la concesión de los casinos.
También lo han hecho distintas organizaciones civiles y hasta la Pastoral Social, que en su documento de fin de año fue crítica respecto de la medida del Gobierno.
“Gratitud, desafíos y esperanzas en el paso de 2024 a 2025″, fue el título utilizado por la Iglesia cordobesa en su documento, en el que advierte que ve “con tristeza que cada vez hay más información, publicidad y promoción –incluso por parte del Estado– de los juegos de azar y de las apuestas en sus diversas formas”.
“En la provincia de Córdoba, nos enteramos ahora de que se quiere volver a licitar tres años antes del vencimiento de la concesión de la explotación de las tragamonedas que ampliará en tiempo, en casinos y en máquinas un negocio de apuestas que este año facturó más de $ 37.296 millones”, dijo el comunicado, que también considera los sitios de apuestas online y su publicidad como una “verdadera oferta de destrucción y empobrecimiento”.
