Entre 2017 y 2023, las jubilaciones perdieron un 35% de su poder adquisitivo. Esta erosión fue consecuencia de una inflación descontrolada desde 2018 y de cambios sucesivos en la fórmula de movilidad.
En 2024 se volvió a modificar la fórmula, vinculándola con la inflación pasada, aunque en enero de ese año no se reconoció la inflación completa. A este deterioro se sumaron la decisión de mantener congelado el bono de $ 70 mil para jubilaciones mínimas desde marzo de 2024 y la expiración de la moratoria previsional en marzo de 2025.
Qué plantea la nueva ley y por qué no alcanza
La ley sancionada por el Congreso establece tres medidas principales: un aumento del 7,2% en todas las jubilaciones para compensar la inflación no reconocida de enero de 2024; la actualización del bono previsional de $ 70 mil a $ 110 mil para los haberes más bajos; y la prórroga por dos años de la moratoria, permitiendo que quienes no cuentan con los 30 años de aportes puedan igualmente acceder a una jubilación.
El costo fiscal de esta ley es considerable: implica un gasto adicional equivalente al 0,9% del PIB, mientras que el superávit fiscal alcanzado por el Gobierno apenas llega al 0,3%. En otras palabras, su implementación revertiría ese equilibrio, con efectos directos sobre la inflación y la estabilidad económica.
El presidente Javier Milei ya anticipó que vetará la ley, argumentando que compromete el plan de estabilización. Desde la oposición, en cambio, sostienen que la norma busca corregir omisiones recientes: la falta de compensación inflacionaria en enero, el congelamiento del bono y la ausencia de alternativas para quienes no cumplieron con los años de aportes requeridos.
El debate revela una tensión real entre la necesidad de atender urgencias sociales y la responsabilidad fiscal. La ley, si bien responde a reclamos válidos, no mejora sustancialmente el poder adquisitivo de los jubilados respecto a 2023. Solo recupera parcialmente lo perdido y, a cambio, genera un gasto que excede ampliamente los márgenes fiscales disponibles.
La situación actual demuestra que el sistema previsional enfrenta limitaciones estructurales que no pueden resolverse con medidas aisladas. Las respuestas parciales, aunque necesarias en algunos casos, no logran revertir el deterioro acumulado ni garantizan sostenibilidad a futuro.
Hacia una solución sostenible para el sistema previsional
Ordenar el sistema previsional argentino requiere algo que ha estado ausente durante demasiado tiempo: visión de largo plazo. El primer paso debería ser un estudio actuarial serio, que sirva como base para una discusión técnica, informada y amplia sobre las reformas necesarias.
En el mientras tanto, algunas propuestas que podrían mejorar el sistema sin comprometer el equilibrio fiscal incluyen: eliminar el requisito de 30 años de aportes para jubilarse, permitiendo retiros proporcionales según los años realmente trabajados; cambiar el cálculo del haber inicial para que se base en toda la vida laboral, y no solo en los últimos 10 años; y fortalecer la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) como un piso mínimo garantizado para quienes llegan a la edad jubilatoria sin aportes suficientes.
La nueva ley previsional refleja una respuesta a necesidades urgentes, pero sin una estrategia de fondo. Hasta ahora, no se advierte una voluntad política clara de construir una solución duradera. Mientras tanto, las jubilaciones siguen perdiendo valor, el sistema se desgasta y el equilibrio fiscal vuelve a estar en riesgo. Lo que se necesita no son más parches, sino una reforma profunda, seria y justa, que combine responsabilidad fiscal con inclusión social.
* Economista de Idesa
