Los reclamos de la Provincia a la Nación por la falta de pago o de actualización de los envíos correspondientes a los servicios de alojamiento de detenidos por causas federales en cárceles de Córdoba son un clásico que siempre regresa. En la actualidad, no hay reclamos formales, pero todo indica que los habrá en breve: el Gobierno nacional le paga al Servicio Penitenciario de Córdoba apenas $ 375 diarios por cada preso federal, cuando el costo promedio real se acerca a los $ 8 mil diarios.
Es decir que la “tarifa” nacional cubre menos del 5% de lo que le cuesta a la Provincia el alojamiento en las unidades penitenciarias cordobesas de cada uno de los casi 360 presos por causas federales. Esa es la cifra de detenidos que informa la Cámara Federal de Córdoba y la mayor parte de ellos están presos por causas vinculadas a narcotráfico, a lavado o a violaciones a la ley penal tributaria.
Según los datos del Ministerio de Justicia y Trabajo de la Provincia, en la cárcel de Bouwer el jueves pasado había 238 internos por causas de jurisdicción federal, y en UCA había ocho más. Por cada uno de ellos, la Nación paga $ 375 mensuales que se fijaron en el año 2016 y nunca se actualizaron pese a que en los ocho años que pasaron la inflación acumuló un 4.700%.
Pero además la Nación muy a menudo se atrasa en los pagos: en los últimos 20 años se reiteraron los conflictos por esa razón, al punto de que en ocasiones hubo advertencias y hasta ocurrió que la Provincia dejó de asumir el costo de los frecuentes traslados de los presos hasta los Tribunales federales.
En noviembre del año pasado, Martín Soria, exministro de Justicia, anunció que el Estado nacional destinaría unos $ 90 millones a pagar las deudas que mantenía con ocho provincias que alojan presos federales en sus cárceles. Córdoba cobró en aquel momento algo más de $ 10 millones, pero tampoco entonces se actualizaron los montos.
Ahora el problema vuelve a la palestra por varios motivos. El principal es el desfase entre lo que paga la Nación y lo que cuesta mantener a un preso. Pero, además, la situación ocurre en simultáneo a un corte abrupto de los envíos de fondos nacionales a Córdoba y cuando se produce un profundo proceso de reordenamiento del Servicio Penitenciario de Córdoba tras el escándalo de corrupción que terminó con la cúpula de ese servicio presa. En el Ministerio de Justicia de la Provincia prima la cautela, pero se reitera que la situación debe resolverse con urgencia.
Pedido de la Cámara Federal
Lo mismo dicen en la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba. El presidente de ese cuerpo, Abel Sánchez Torres, recalcó que el retraso en los pagos al Servicio Penitenciario de Córdoba es un problema crónico y que urge su resolución por parte del Servicio Penitenciario Federal.
El magistrado también volvió sobre un punto que resurge con cada discusión entre Provincia y Nación. “Creo que es necesario retomar el proyecto de una cárcel federal en Córdoba”, dijo Sánchez Torres. Explicó que, más allá de la problemática crónica el pago del alojamiento de los internos, hay cuestiones específicas del tratamiento penitenciario que requieren una nueva penitenciaría.
Según indicó, la ley 24.660 establece una serie de reglas para los detenidos por causas federales que en las cárceles cordobesas no se cumplen. Por ejemplo, la laborterapia, la realización de exámenes psicológicos preegreso y la exigencia de una serie de informes. “Seguimos postulando que Córdoba debe contar con una cárcel federal y así se lo hemos planteado a la ministra de Seguridad de la Nación”, indicó Sánchez Torres.
El magistrado recordó que hace muchos años que se analiza esa posibilidad y que hubo dos proyectos concretos: uno para hacer la cárcel federal también en Bouwer, y otro para hacerla en Oliva. En esa ciudad, hasta hubo una consulta a la población al respecto, y la respuesta de los habitantes fue negativa.
“Le pedimos a Patricia Bullrich que vuelva a evaluar esa posibilidad, y que si el Estado no puede hacer la obra, que analice como alternativa un acuerdo público-privado, porque en el mundo hay cárceles privadas”, indicó. Explicó que esa participación privada puede darse tanto en la construcción como en el gerenciamiento de la cárcel, y también destacó que una penitenciaría federal sería conveniente para resolver algunas situaciones de la Justicia de Córdoba. Mencionó la paradoja de que, en la actualidad, los miembros de la última cúpula del Servicio Penitenciario provincial se encuentran detenidos en cárceles que dependen de ese mismo servicio.
