La Mesa de Enlace Córdoba volvió a levantar la guardia tras hacerse eco de “rumores” respecto de un posible aumento de las retenciones para las exportaciones de trigo y maíz.
Las delegaciones de las cuatro entidades –Federación Agraria, Cartez, SociedadRural y Coninagro– expresaron su “categórico rechazo a una medida de esa naturaleza”, al tiempo que “instó a las autoridades del área a revisar las consecuencias nefastas que tuvo para el país la adopción de ese tipo de políticas”.
La Mesa de Enlace local asegura que los derechos de exportación “sólo sirvieron para disminuir volúmenes productivos, generar desaparición de productores, privar de mayores ingresos al país y contribuir al aumento del índice de pobreza que lacera a nuestra sociedad”.
En una declaración conjunta difundida el viernes, los ruralistas sostuvieron que “la mesa de los argentinos se cuida con más producción, mayor generación de divisas genuinas, con políticas que promuevan la inversión y la creación de puestos de trabajo y no con la remanida y fracasada receta de generar intervenciones distorsivas en los mercados, limitar o prohibir exportaciones e incrementar la presión impositiva”.
Como se recordará, en marzo del 2020, a poco de asumir Alberto Fernández, se aumentó un 3 por ciento las retenciones a la soja, ubicándose ahora en el 33 por ciento, y para el trigo y el maíz quedó abierta la posibilidad de llevarlas al 15 por ciento, aunque por ahora siguen en un 12 por ciento. Por ahora, el Gobierno nacional sostiene que no avanzará en el aumento.
Amparo
En esa estrategia defensiva, la Sociedad Rural Argentina y la delegación de la entidad de Jesús María, tramita ante la Justicia Federal un amparo para que cese el cobro de las retenciones hasta que el Congreso fije una ley impositiva. El juez federal N°1 de Córdoba, Ricardo Bustos Fiero, habilitó el trámite.
En la presentación judicial, las entidades sostienen que el cobro de las retenciones no es legal desde el 31 de diciembre pasado, cuando cayó la vigencia de las facultades extraordinarias que la Ley de Solidaridad Social otorgaba al Poder Ejecutivo, las cuales no fueron prorrogadas en el presupuesto de este año, que no fue aprobado por el nuevo Congreso con mayoría de Juntos por el Cambio.
