Bajo el acecho del presidente Javier Milei y la mirada de todo el país, comenzó a correr la cuenta regresiva para la “ley ómnibus” en la Cámara de Diputados. El oficialismo se encaminaba a aprobar el proyecto con alrededor de 150 votos en general gracias al apoyo de los bloques “dialoguistas”, aunque hasta este miércoles no se había cerrado un consenso sobre las privatizaciones y seguía la incertidumbre por las facultades delegadas.
La sesión comenzó a las 10 de este miércoles y, cuando faltaba poco para las 22, se aprobó un cuarto intermedio hasta el jueves al mediodía. Se reanudará el debate con los más de 130 oradores que faltan, luego se votará el proyecto en general y finalmente en particular, lo que demandará la mayor cantidad de horas. Por eso, no se descartaba la posibilidad de concluir el viernes.
“El oficialismo pasó de querer aprobar la ley ómnibus en un día a pedir un cuarto intermedio de 14 horas. El motivo es claro: siguen metiendo mano en el texto a votar porque no tienen la mayoría necesaria para aprobar las facultades delegadas y las privatizaciones”, sospechó Germán Martínez, jefe del bloque Unión por la Patria.
En la votación en general, La Libertad Avanza tenía asegurados los apoyos del PRO, la UCR, el grueso de Hacemos Coalición Federal (al mando de Miguel Pichetto), Innovación Federal y otros bloques minoritarios como Producción y Trabajo y la Unión Mendocina, además de tres diputados dirigidos por el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo.
Con esos votos, quedaba sellado el apoyo de los diez gobernadores de Juntos por el Cambio y los provinciales Martín Llaryora (Córdoba), Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén), Hugo Passalaqcua (Misiones) y Gustavo Sáenz (Salta).
El rechazo era encabezado por Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, pero también por dos diputados del Partido Socialista (Mónica Fein y Esteban Paulón) y la cordobesa Natalia De la Sota. Los tres últimos se desmarcaron de sus socios de Hacemos Coalición Federal. También se aprestaban a votar en contra dos diputados del gobernador santacruceño Claudio Vidal.
Antes de comenzar el debate, fueron suprimidos cientos de artículos del dictamen firmado en las comisiones y Martínez impugnó el tratamiento en nombre de Unión por la Patria. “Si hay una palabra que ha dominado el debate parlamentario hasta este momento ha sido el oscurantismo”, advirtió.
Martínez jugó su carta: pidió que el proyecto volviera a comisiones, pero la moción fue rechazada por el oficialismo y la oposición afín con 149 votos negativos y 103 positivos. La votación fue el preámbulo de lo que podría suceder con el proyecto: los rechazos al pase a comisiones serían los futuros votos a favor de la ley.
La votación se produjo luego de que el secretario Parlamentario de la Cámara, Tomás Figueroa (dueño del departamento de Recoleta donde se acordó la nueva versión del dictamen), leyera los artículos que quedaron afuera. Abarcan todo el paquete fiscal (jubilaciones, retenciones, Bienes Personales, moratoria y blanqueo de capitales), pero también se excluyeron muchos puntos más.
Entre ellos figuran la transferencia de activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), el régimen de pesca, parte de la regulación de la protesta social (se eliminaron, por ejemplo, las multas para organizadores de las marchas), cambios en la Ley de Bosques, modificaciones al Código Civil y Comercial en materia de contratos, y todo el segmento electoral.
Privatizaciones y el paquete fiscal
La Libertad Avanza no tenía los votos para aprobar la privatización de empresas a libro cerrado. Si bien contaba con el apoyo del PRO, no era suficiente porque el radicalismo y el bloque de Pichetto se negaban a acompañar el dictamen tal como quedó y exigían cambios. Pero las partes no lograban llegar a una síntesis y el tema seguía abierto.
Contrarreloj, en los bloques de De Loredo y Pichetto intentaban acordar una redacción para habilitar las privatizaciones, pero no a libro cerrado. Las propuestas coincidían en evaluar caso por caso y empoderar a la comisión bicameral creada con la “Ley Dromi”. “El tema tiene que salir de alguna forma que no sea un impedimento (para Milei). Queremos darle al Gobierno herramientas que no sean trabas”, aseguraron en Hacemos Coalición Federal.
El dictamen enumera, en dos anexos, 36 empresas sujetas a privatización total (como Aerolíneas Argentinas, Ferrocarriles Argentinos y AySA) y otras tres a privatización parcial (Banco Nación, Arsat y Nucleoeléctrica).
Otro tema álgido era el futuro del Impuesto Pais. Se quitó del dictamen el artículo que aclaraba que la vigencia era hasta el 22 de diciembre de este año, y no había previsiones sobre su continuidad en la “ley ómnibus”. Los gobernadores reclaman que se coparticipe el 30% de lo recaudado a las provincias, pero el Gobierno pateó esa discusión para más adelante.
“Aumentar solamente dos impuestos, que son casualmente los únicos dos que no se coparticipan, es una avivada difícil de dejar pasar”, se fastidió el diputado Nicolás Massot en referencia a las retenciones y al Impuesto Pais. A eso se sumó el retiro del blanqueo, que los gobernadores también reclamaban coparticipar.
Massot, uno de los protagonistas de las negociaciones, reclamó volver a incorporar el blanqueo y también la moratoria en la “ley ómnibus”, ya que esos temas no tenían objeciones. Pero la idea no entusiasmó demasiado en otros bloques. “Milei ya lo sacó. Estaríamos generando una guerra”, dijeron en el radicalismo.
Massot también reveló que Guillermo Francos “prometió” a gobernadores una reunión para la semana próxima “para encarar el paquete fiscal que no estamos encarando ahora”, y pidió que el ministro no vuelva a ser “desautorizado” por Milei como sucedió esta semana en la reunión en el Consejo Federal de Inversiones (CFI).
Facultades delegadas
El oficialismo aceptaba recortar aún más las facultades delegadas a Milei, quitando la materia fiscal. De esa manera, quedaban en pie solo seis de las 11 emergencias originales: económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa. Ya habían podado la sanitaria, la de defensa, la social y la previsional.
Pero a pesar de las concesiones que hizo el Gobierno en este punto, una decena de radicales encabezados por el neurocientífico Facundo Manes analizaba votar en contra de todas las delegaciones, junto con la Coalición Cívica, el socialismo y la cordobesa De la Sota.
Un enérgico discurso de Manes encendió las luces de alarma. “No cuenten con nosotros para facultades extraordinarias”, sentenció, en una alocución donde, a diferencia de De Loredo, criticó fuertemente a Milei.
“La libertad que proclaman es una falsa libertad, sin fraternidad ni igualdad. Es una libertad que nace del fanatismo, no del diálogo ni del acuerdo. Esto no es capitalismo moderno, es anarcopopulismo de derecha con falta de humanismo”, lanzó Manes, y remató: “Vayamos a la verdadera libertad, y para eso necesitamos estadistas, no leones”.
Debate accidentado
En su primera sesión como presidente tras ser electo, Martín Menem se despegó muy poco de su silla y al principio enfrentó un momento incómodo, cuando un hombre llamado Tomás Agote, que se autodefine como “emprendedor” y estaba ubicado en uno de los palcos superiores, insultó a los gritos a la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman.
“Trajeron barras a las gradas para insultar a los oradores”, advirtió Cecilia Moreau (Unión por la Patria) al exigir a Menem que desalojara el palco. El titular de la Cámara pretendía seguir con la lista de oradores, pero las quejas se amplificaron y tuvo que pedir a Seguridad que el agresor se retire. “Yo me voy a ocupar, mi autoridad la voy a ejercer”, aclaró Menem.
Más tarde, cuando se registraron los enfrentamientos entre manifestantes y efectivos de seguridad en las calles, pasaron por el Congreso Waldo Wolff y Diego Kravetz, ministro y secretario de Seguridad de la Ciudad. Poco antes, el diputado del Frente de Izquierda Alejandro Vilca era atacado con gas pimienta en medio de la protesta.
