La lista difundida este lunes por las autoridades de la Legislatura de Córdoba reveló nuevos datos sobre el personal contratado por el cuerpo legislativo provincial. Además de confirmar que hasta abril había 1.055 personas bajo la modalidad de “personal no permanente”, se sumó un dato hasta ahora desconocido: cuánto se les paga según su categoría salarial.
La información, que está disponible en la web oficial del Poder Legislativo, no detalla las tareas específicas que cumple cada contratado, pero sí incluye su nivel salarial y función genérica.
La mayoría figura como “asistente”.
A partir de esa planilla y de una nota enviada a La Voz —en respuesta a un pedido de acceso a la información, luego judicializado— fue posible calcular cuánto gasta el Estado provincial mensualmente en estos sueldos. La cifra supera los 1.054 millones de pesos por mes, lo que equivale a unos 832 mil dólares oficiales (al cambio de este martes).
El promedio da cerca de un millón de pesos por contratado. Siempre hablando del salario en bruto, que es lo que le cuesta a las arcas de la Provincia.
Nota: los cargos de los contratados pueden ser renovados cada seis meses, y su tarea, como se explicará más adelante, debe ser controlada por aquel que pidió su contratación.
Cómo se hizo el cálculo
El gasto se estimó multiplicando la cantidad de personas por nivel ocupado, por el salario básico que la propia Legislatura publica cada mes.
Ese básico es antes de los respectivos descuentos (como Apross, seguros o aportes previsionales) que se le realiza a cada empleado no permanente.
La distribución de contrados por nivel y función es la siguiente:
- Nivel A: 30 personas
- Nivel B: 29
- Nivel C: 17
- Nivel 1: 304
- Nivel 2: 54
- Nivel 3: 105
- Nivel 4: 37
- Nivel 5: 212
- Nivel 6: 3
- Nivel 7: 264
Y estos son los salarios básicos correspondientes a marzo de 2025:
- Nivel A: $ 2.264.950,15
- Nivel B: $ 1.924.681,48
- Nivel C: $ 1.637.394,86
- Nivel 1: $ 1.227.631,14
- Nivel 2: $ 1.017.423,81
- Nivel 3: $ 985.981,07
- Nivel 4: $ 849.664,17
- Nivel 5: $ 769.970,72
- Nivel 6: $ 676.372,87
- Nivel 7: $ 659.274,81
Con esos datos, los montos totales pagados por mes (antes de los descuentos) suman más de mil millones de pesos.
Por ejemplo: solo el Nivel 1 representa más de $ 373 millones mensuales.
El detalle completo puede consultarse en el sitio oficial.
Montos totales pagados por mes según la categoría:
- Nivel A: $ 67.948.504,50 (U$S 56.623,75)
- Nivel B: $ 55.815.762,92 (U$S 46.513,14)
- Nivel C: $ 27.835.712,62 (U$S 23.196,43)
- Nivel 1: $ 373.199.866,56 (U$S 310.999,89)
- Nivel 2: $ 54.940.885,74 (U$S 45.784,07)
- Nivel 3: $ 103.528.012,35 (U$S 86.273,34)
- Nivel 4: $ 31.437.574,29 (U$S 26.197,98)
- Nivel 5: $ 163.233.792,64 (U$S 136.028,16)
- Nivel 6: $ 2.029.118,61 (U$S 1.690,93)
- Nivel 7: $ 174.048.549,84 (U$S 145.040,46)
Qué hacen y cómo son contratados
Respecto de las funciones, la Legislatura informó con una descripción generalista, sin que se detalle caso por caso. Lo que sí se explicó es que cada contratado está asignado a un nivel y función general.
La gran mayoría figura como “asistente” de alguno de los 70 legisladores o cumplen funciones admistrativas en diferentes oficinas, secretarias y dependencias.
Además, se informó a quién se encuentra afectada cada una de las personas (desde los bloques hasta la secretaría privada de la vicegobernadora, Myrian Prunotto).
Según explicaron, el procedimiento de contratación de una personas establece que los pedidos pueden ser realizados por legisladores, bloques, autoridades superiores o directivos del Poder Legislativo. La persona que solicita el ingreso es también quien se encarga de supervisar que el contratado cumpla con sus tareas, asignándole funciones, horarios y lugar de trabajo.
Hay una excepción: si el contratado es asignado a una secretaría u otra dependencia interna, entonces pasa a estar bajo la supervisión de esa autoridad.
La defensa política del sistema
En el cierre de la nota enviada a La Voz, las autoridades de la Legislatura justificaron este sistema de contrataciones transitorias. Señalaron que el rol del legislador va más allá de sancionar leyes y que implica una representación política, social y de género, que requiere contacto permanente con la ciudadanía.
Para eso, argumentan, necesitan personal que organice reuniones, reciba reclamos, releve necesidades y mantenga el vínculo con la comunidad.
“El vínculo con el elector es la esencia misma de la democracia”, afirmaron.
En ese contexto, destacaron una particularidad de la Ley 9.880, que regula el empleo legislativo en Córdoba: solo permite un máximo de 420 agentes de planta permanente (artículo 177). Ese límite busca evitar que una gestión saliente comprometa con personal estable a la que entra.
Por eso, cada legislador puede sumar colaboradores temporarios, que dejan su cargo al final del mandato.
Según remarcan, este tope es único en el país: ni otras provincias ni el Congreso nacional tienen un límite legal tan claro para el personal legislativo permanente.
