En la Justicia Federal de Córdoba “hubo preocupación” por la demora por parte de Gendarmería Nacional de llevar adelante una orden de desalojo hacia una manifestación que mantuvo cortada la ruta 9 norte horas antes del inicio del tradicional festival de doma y folclore.
De acuerdo con el relato de fuentes judiciales, Gendarmería “tardó en dar cumplimiento” a la orden emitida por el juez Alejandro Sánchez Freites, quien pretendía liberar la calzada de la ruta 9 norte donde manifestaban integrantes de 43 familias que mantienen un asentamiento en la zona de barrio Malabrigo, y que reclaman agua y luz en el loteo informal.
“No es que Gendarmería se negó a cumplir la orden, sino que tardó en hacerlo por el protocolo de consulta con la superioridad que siguen en estos casos. Hubo alguna dilación por este motivo, pero finalmente, tres horas después, la orden de desalojo se realizo”, dijo un alto funcionario judicial consulado por este medio.
En el despacho de Sánchez Freites dijeron que “no le extrañó al juez” que los gendarmes consulten a la superioridad e incluso que lleguen hasta el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, pero aclararon que no tenían información concreta de que en este caso haya sido así.
“Es razonable que un destacamento consulte a sus superiores cuestiones operativas, pero esto puede hacer que una orden judicial de cumplimiento inmediato se demore y agrave el contexto, como era este caso”, dijo el funcionario judicial consultado, quien remarcó que el piquete estaba generando un caos sobre la ruta.
–¿Fue desautorizado el juez por Gendarmería? –consultó La Voz.
–Hubo algún momento de preocupación por parte del magistrado, pero entendía que la dilación obedecía al tiempo que demanda la consulta rutinaria a la superioridad. Gendarmería no se negó a cumplir la orden, pero sí la demoró un poco más de lo previsto.
En la Justicia Federal reclaman desde hace años la necesidad de contar con una fuerza propia, para el cumplimiento de ordenes judiciales inmediatas. “Este caso muestra una vez más la necesidad imperiosa de que funcione una Policía Judicial que no dependa del Poder Ejecutivo”, dijo el funcionario que reporta al juzgado que interviene en este caso.
