La Justicia Electoral volvió a ponerle un límite al PRO nacional. Por tercera vez consecutiva, rechazó el intento de intervenir el distrito Córdoba dispuesto por el presidente del partido a nivel nacional, Mauricio Macri.
La decisión, tomada por la Secretaría Electoral de Capital Federal, a cargo de la jueza María Servini, constituye un nuevo y contundente llamado de atención a la conducción nacional del partido, que desde hace un año insiste en forzar un cambio de autoridades en uno de los distritos más relevantes del país.
La resolución hizo lugar a una medida cautelar de no innovar que ordena frenar de inmediato los efectos de la intervención aprobada por el PRO nacional el 12 de noviembre y mantener en funciones a las autoridades cordobesas hasta que exista una sentencia definitiva.
Oscar Agost Carreño, apoderado del PRO Córdoba y principal impulsor de las impugnaciones judiciales, celebró la decisión.
Recordó que “la semana pasada, la Jueza Federal con competencia electoral en Caba dejó sin efecto la intervención del PRO Córdoba dispuesta en julio. Y hoy, además, dictó una nueva medida cautelar para que el suscripto y las autoridades legítimamente electas continuemos a cargo del partido frente al intento de una nueva intervención dictada en noviembre”.
Su declaración funciona como una síntesis involuntaria: tres intentos, tres frenos judiciales.
Un déjà vu en clave partidaria
Esta cautelar no aparece en el vacío. Es el tercer revés judicial para la conducción nacional del PRO en su intento de desplazar a los dirigentes cordobeses.
Primer intento de intervención: declarado inválido por la Cámara Nacional Electoral. El tribunal superior determinó que la reunión donde se dispuso esa intervención no tenía un orden del día claro, requisito esencial para garantizar transparencia y previsibilidad.
Segundo intento: también rechazado (primero de forma cautelar y luego en la resolución de fondo) porque el acta partidaria repetía las mismas falencias: una descripción insuficiente de lo que se estaba votando y por qué.
Tercer intento (el actual): nuevamente la Justicia considera que existe verosimilitud en el derecho y peligro en la demora, justificando mantener el statu quo partidario en Córdoba.
Agost Carreño no esquivó el costado político del conflicto: “Las tres intervenciones impulsadas por el PRO Argentina tuvieron motivaciones estrictamente políticas y buscaron impedir que los afiliados cordobeses puedan elegir sus autoridades en un proceso interno transparente y democrático”, afirmó.
Qué significa una “medida de no innovar”
La cautelar adoptada por la jueza es una herramienta judicial destinada a evitar cambios que puedan generar perjuicios irreparables mientras el conflicto de fondo se tramita. No define quién tiene razón: simplemente prohíbe que el PRO nacional avance con la intervención y ordena mantener a las autoridades cordobesas en sus cargos.
La magistrada aclaró, además, que se trata de un remedio temporal cuya vigencia cesará cuando se resuelva el nudo principal.
El conflicto desnuda una disputa de poder que viene escalando desde hace meses. Córdoba es un distrito estratégico y su dirigencia local resiste la conducción nacional desde que Macri volvió a asumir la presidencia del PRO.
Agost Carreño aprovechó la nueva sentencia para enviar un mensaje interno: “Quiero felicitar a todos los afiliados y dirigentes del PRO Córdoba por su confianza, su compromiso y por no haber bajado los brazos. Voy a seguir defendiéndolos hasta el final de cada uno de los procesos judiciales que debimos iniciar para proteger los derechos políticos de nuestro partido y de quienes lo integran”.
Tras conceder la cautelar, el juzgado ordenó dar traslado de la demanda al PRO nacional por cinco días, paso que obliga a la conducción macrista a contestar en el expediente. Luego seguirá el tramo central del juicio, donde se discutirá la legalidad o ilegalidad de los actos partidarios cuestionados.
